Los titulares de las dependencias gubernamentales tienen una fecha de inicio y otra de conclusión, por lo tanto hasta el último minuto son responsables de lo que suceda en su área, pero todo indica que esto no lo entienden quienes tienen a su cargo el transporte urbano y los vehículos de alquiler.

En menos de un mes van tres veces que la mitad de los camiones urbanos dejan de circular, como medida de presión de los concesionarios para que les autoricen la tarifa de 9 pesos y lo único que se escucha de los funcionarios es que “no permitirán que sigan perjudicando a la sociedad”, pero sin aplicar sanciones y solucionar el problema.

Por su parte, Uber continúa generando dificultades, al grado que el domingo llegó al enfrentamiento con los taxistas del aeropuerto, al considerar éstos que invaden su zona de trabajo, pero además de lo registrado, lo muy extraño es que ese servicio se lleva a cabo sin autorización oficial, ya que no son taxis puesto que no tienen la concesión que sólo el gobierno del estado otorga y tampoco un permiso federal para circular por las carreteras, de manera que el anuncio de la policía federal para “leerles la cartilla” a ambos bandos sale sobrando, basta con que le exijan a los Uber que exhiban la autorización oficial y si no la tienen no pueden trabajar, así de simple.

Es una franquicia que nació en San Francisco, California, y que sin acatar las leyes de cada país ha invadido las áreas que tienen los taxistas regulares, hecho que provoca enfrentamientos en varias ciudades de Argentina, España, Chile y México, entre otros lugares y que, desafortunadamente, ya llegó a Aguascalientes, por lo que el lunes fue noticia nacional.

Permitir que siga esa situación irregular es darle alas a otros para que de un día para otro salgan a la calle a dar servicio de taxi, o que alguien deje de pagar impuestos amparados en que tienen el apoyo de una firma extranjera. De ninguna manera esto es la globalización, por el contrario, es ir en camino a la anarquía.

En lo que se refiere al transporte urbano, se percibe que el único propósito es forzar a la actual administración estatal para que antes del día 30 de este mes de luz verde a la nueva tarifa, y si no se consigue que deje las bases para que la entrante sea quien lo haga, pero los concesionarios no están dispuestos a dejar escapar la postura.

Es indudable que están en su derecho de pedir lo que creen justo para hacer más rentable su negocio, para ello deben tener un estudio sobre el costo-beneficio y demostrar que los casi 18 millones de pesos diarios que obtienen no son suficientes, pero por otra parte, al ser un servicio que recibe más de 300,000 personas que lo utilizan todos los días, se convierte en un asunto social que hay que atender con pinzas, ya que cualquier aumento repercutirá en el ingreso de los usuarios, que en su mayoría son trabajadores y amas de casa.

El gobernador electo ha declarado que tiene previsto la modernización de los urbanos, lo que la población espera que se haga en los primeros meses de su gestión, pero al desconocerse las condiciones que aplicará los camioneros prefieren adelantarse, accionando las medidas de castigo a los usuarios, debido a que sacar de circulación el 50% del parque vehicular no afectan a los funcionarios sino al que no tiene otra opción para trasladarse a sus actividades y debe esperar hasta una hora a que arribe la unidad.

El propósito de los camioneros, y tal vez de la autoridad, es visible: que ante la falta de servicio, el público acepte cualquier aumento a la tarifa por tal de que se normalice, y se haría sin compromiso alguno, aunque de cualquier manera no son de los que cumplen su palabra.

CRÉDITOS PUNZANTES

En la mayoría de los municipios han proliferado los negocios de crédito “al instante”, que sin duda son un buen negocio en virtud que crecen las sucursales en los centros urbanos, sin embargo lejos de ser una solución para el urgido se convierten en un dolor de cabeza por los intereses que cobran.

Son lugares que ofrecen toda clase de facilidades para atraer la atención, que inclusive reparten propaganda en la calle, anotando en un octavo de cuartilla teléfono y nombre del promotor y la leyenda “préstamos sin aval”.

También están los “montepíos”, que sin ninguna complicación conceden el empréstito a cambio de un artículo o joya y por el cual cobran rentas muy altas, que la más de las ocasiones terminan por perderse, aún cuando el producto tiene un valor cinco o más veces más que el crédito.

Otro de los filones que se han expandido son los “créditos exprés”, que a decir de la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), estos lugares en vez de otorgar el préstamo al solicitante, se quedan con la cantidad que piden de depósito para abrir el crédito y desaparecen.

Son sitios que resultan muy atractivos ya que ofrecen varias opciones, como largos plazos, no consultar el buró de crédito, ni solicitar algún comprobante de ingresos y otros beneficios, pero una vez que obtienen el dinero del depósito le dan largas al cliente y cuando calculan que han reunido el suficiente número de personas que entregan la fianza, se vuelven ojo de hormiga.

La Condusef alerta, asimismo, sobre las empresas “reparadoras de crédito”, que ofrecen resolver los problemas de endeudamiento y negociar hasta el 70% de descuento con el banco acreedor y borrar el nombre del buró de crédito. La Dirección de Análisis de Servicios y Productos Financieros del propio organismo gubernamental, advierte que en México no existe la figura legal de “reparador de crédito”, por lo que no está prevista en la ley ni tiene supervisión oficial alguna y al no estar reglamentadas no hay condiciones para que intervenga la autoridad en caso de incumplimiento o fraude.

Lo que hace ese tipo de negocios es ofrecer asesoría jurídica y financiera, toman en cuenta los ingresos, egresos y deudas, definen lo que debe pagar el cliente, negocian a su nombre la reestructuración o descuentos con las instituciones acreedoras, y hasta se hacen cargo de las llamadas de los despachos de cobranza. Así, sin mayor análisis, es un tintineo para el deudor, ya que cree que ha salido de problemas, pero no toma en cuenta que los servicios no son gratuitos, al imponerle una cuota general por integración, alta, apertura y trámites administrativos, y llegan a cobrar una cuota mensual o porcentaje de la deducción de la deuda que hayan conseguido. Lo que sugiere la Condusef es ir directamente con el banco y negociar una alternativa de solución, al tener varios planes que la persona puede aprovechar para salir del bache financiero.

En todos los casos mencionados la Condusef recuerda que “mucho ojo” antes de acudir a esos sitios, ya que el remedio puede salir peor que la enfermedad.

DELITOS REMOTOS

El robo de ganado es de los ilícitos que no se han podido erradicar, a pesar de las enmiendas a la ley y el aumento de castigos. En los archivos históricos ya aparecen nombres de abigeos que recibieron castigos crueles, pero ni así desalentó la actitud de quienes les gusta llevarse lo que no es suyo. Como se ha hecho tantas veces, hoy nuevamente se les pide a los diputados que incluyan en la legislación local medidas para sancionar a los roba-ganado, para ello pueden seguir el ejemplo de Chihuahua, en donde se ha logrado casi suprimir este problema. El director operativo del Sistema de Identificación Individual Nacional de Ganado (SINGA), Esteban Labrandero Íñigo, destacó que debe implementarse medidas que ofrezca seguridad a los ganaderos, fijándose sanciones severas y controles más estrictos para la movilización del ganado.

 

 

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