Lic. René Urrutia De la Vega

 El ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo de 2020, en su artículo primero, ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación.

Dentro del mismo articulado del citado acuerdo, se faculta a la Fuerza Armada permanente, integrada por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, a llevar a cabo funciones en los siguientes rubros relacionados con la seguridad pública y establecidos para la Guardia Nacional en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional:

  1. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas.
  2. Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en zonas fronterizas, aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, parques nacionales, instalaciones hidráulicas, espacios urbanos considerados como zonas federales, instalaciones estratégicas, en todo el territorio nacional, en el ámbito de su competencia y en las zonas turísticas.
  3. Detención de personas y aseguramiento de bienes.
  4. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, huellas o vestigios, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. (Primer respondiente).
  5. Vigilancia, verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de otras leyes.
  6. Protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos.
  7. Participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos.
  8. Colaborar con los servicios de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales.

Al respecto, debe señalarse que este acuerdo no significa la militarización de la seguridad pública en nuestro país, eso ya había ocurrido desde hace mucho tiempo en la administración de Felipe Calderón, toda vez que en ese momento se determinó que las fuerzas armadas, particularmente el Ejercito y la Marina participaran en funciones de seguridad pública, mientras se realizaban acciones para fortalecer a las policías civiles, federales, estatales y municipales, para poder hacer frente a la delincuencia, lo cual evidentemente no ha ocurrido en ninguna forma, ni siquiera con la operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública que supuestamente fue creado para ello y que ha costado muchísimo dinero.

El acuerdo publicado el 11 de mayo pasado, solamente viene a confirmar la determinación de la actual administración en el sentido de que, en materia de seguridad, la transformación hará lo mismo que las anteriores, mantener durante todo el sexenio a las fuerzas armadas a cargo de la seguridad de los ciudadanos, y digo que estará a cargo, porque como ya hemos visto, la Guardia Nacional no tiene un mando ni una operación civiles en ningún aspecto y en ningún sentido, todo lo contrario, en realidad son soldados y marinos que llevan a cabo funciones de policía civil y evidentemente el mando no tiene este carácter.

El acuerdo viene a determinar el cómo, respecto al qué determinado por la reforma del 26 de marzo de 2019, en donde se creó constitucional la Guardia Nacional con un artículo quinto transitorio en el que se autorizó al gobierno federal a mantener esta “estrategia” durante todo el sexenio, la estrategia de la militarización de las funciones de seguridad ciudadana, que está absolutamente probado a nivel internacional, que no funciona.