Lic. René Urrutia De La Vega

 He decidido compartir con ustedes un poco más con relación a las acciones que ha emprendido el Gobierno Federal respecto al tema de la Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, como en realidad sería mejor llamarle por ahora, y he decidido hacerlo de esta forma porque me parece fundamental que entendamos las dimensiones y la importancia que tiene lo que está ocurriendo para tratar de visualizar y anticiparnos un poco a lo que está por venir.

Recientemente tuve el gusto y la oportunidad de escuchar a tres ilustres juristas mexicanos en una conferencia abierta convocada por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en donde el Dr. Sergio García Ramírez hacía elocuentes elucubraciones respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país e hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido claramente que bajo ciertas circunstancias puede darse que las Fuerzas Armadas de un Estado Nacional colaboren con las autoridades civiles en las tareas de seguridad pública, cuando los hechos evidencien tal necesidad y los cuerpos civiles no sean capaces, por sí solos, de restablecer el orden social y la tranquilidad para la ciudadanía, siendo particularmente relevante que esa intervención cumpla con ciertas características, como lo son que tenga un carácter extraordinario, que las actividades sean reguladas, fiscalizadas, subordinadas y complementarias, erigiéndose estos conceptos en verdaderos principios rectores ineludibles ante tales circunstancias.

Pues bien, en nuestro país hemos sido testigos de cómo desde hace décadas las Fuerzas Armadas fueron llamadas a colaborar con las autoridades civiles en la tarea de restablecer el orden público, particularmente debido al crecimiento y fortalecimiento de los grupos de la delincuencia organizada que, hay que decirlo, se han visto particularmente favorecidos y apoyados por actos evidentes de corrupción a los más altos niveles gubernamentales y empresariales, de manera que esa actividad del Ejército y la Marina, que desde hace mucho tiempo se dijo era solamente mientras las corporaciones civiles se fortalecían lo suficiente para ser capaces de hacerse cargo, se ha convertido en una normalidad, no obstante ser objeto de rechazo prácticamente unánime por parte de la población. Debo aclarar que ese rechazo no es hacia las instituciones que conforman las fuerzas armadas y mucho menos a sus elementos operativos, sino a la estrategia y a las decisiones que los han llevado a realizar funciones para las que no están diseñados, que salen completamente de su esfera de competencia y de su naturaleza.

Pues bien, todo esto, además, lo han venido realizando sin un marco jurídico que los respalde y sin el respaldo institucional adecuado que los dote de certeza en su actuación, que sin embargo, han desempeñado estoicamente.

En la presente administración se ha retomado la misma estrategia en materia de seguridad pública, en esencia, que cuando menos las tres administraciones federales anteriores (de ahí el título de este artículo) y se ha optado por atender el grave problema de la violencia y la delincuencia organizada mediante la utilización de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, señalando, eso sí, que ello se encuentra a cargo de una Guardia Nacional que fue elevada a rango constitucional y a la que se dotó de características que aparentemente cumplen con las exigencias internacionales, lo cual es evidente que se trata de una simulación absoluta, ya que en los hechos se encuentra conformada en su mayor parte por personal extraído de las propias fuerzas armadas, sus mandos son de extracción militar y sus acciones son eminentemente castrenses, es decir, que solo en el papel y en el nombre se trata de un cuerpo de policía civil.

Tampoco, hay que decirlo con claridad, cumple en los hechos con los principios que para estos casos ha señalado la CIDH puesto que no se trata de una actividad extraordinaria, ya se ha venido realizando por décadas y se pretende que en esta ocasión ocurra durante cinco años continuos más, que abarcarán prácticamente todo el período de la actual administración, tampoco se puede señalar que esa actividad se encuentre regulada, puesto que el Acuerdo de fecha 11 de mayo al que nos referimos en la primer parte de este artículo, de ninguna manera regula su actuación, sino que únicamente señala cuáles son las funciones en las que participarán, lo cual, si bien es de utilidad para que los efectivos del Ejército y la Marina tengan certeza en su encomienda, no puede considerarse una regulación de su actuación, ya que carece de una serie de elementos que debe contener una norma que verdaderamente genere un marco jurídico suficiente para ello; no se puede hablar de que la labor de estas instituciones se encuentre fiscalizada, pues ello tendría que estar en función de esta actividad en particular y de su excepcionalidad, es decir, que la fiscalización o supervisión de estas actividades debería circunscribirse a estas dos características previas y no a un actuar cotidiano o general; mucho menos podemos hablar de subordinación, no en el terreno de los hechos, sino solamente en el discurso y en el papel, pues todos sabemos que no existe verdadera subordinación de las instituciones castrenses a las autoridades civiles y ya hemos visto episodios del pasado reciente que lo evidencian y, cómo hablar de complementariedad si en realidad lo que hay es, como lo dijo el Dr. García Ramírez, una verdadera confusión entre funciones de policía y de fuerzas armadas, que se invaden mutuamente.