Iván Alamillo y Alejandra Barriguete / Especial MCCI
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Al mismo tiempo que empresarios ligados a una presunta red de corrupción recibían cientos de millones de pesos de la llamada «Conasupo de la 4T», un emporio de desarrollos de lujo empezó a construirse en Yucatán.
Se trata de accionistas de la inmobiliaria Grupo Aura, cuya razón social es MIG Investment, la cual a menos de un año de ser constituida, en febrero de 2019, sus desarrollos de lujo ya se habían convertido en la segunda inversión privada más grande de Yucatán, sólo por detrás de Grupo Xcaret.
Ahora, una investigación de varios meses realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha podido confirmar que cuatro de los accionistas de Grupo Aura están ligados, por dos vías, a una presunta red de corrupción que operó durante los primeros años de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
La primera vía es a través de una red de seis empresas operada por un facturero que recibieron contratos por 800 millones de pesos de Segalmex y que incumplieron con entregar costales, tarimas, pesticidas y lonas que servirían para almacenar los granos que benefician a millones de productores del campo.
La segunda es a través de dos convenios hasta por 4 mil millones de pesos firmados con la empresa Grupo Vicente Suárez 73 para procesar y vender leche a Liconsa que actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). Ambos casos fueron publicados en 2020 y 2021 por MCCI.
Pero sus vínculos con el esquema de corrupción de Segalmex no son el único pasado turbio de los socios de Grupo Aura. Algunos de sus accionistas incluso recibieron fondos desviados por la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles. Otros han sido acusados por Pemex de «huachicolear» las donaciones de combustible que la paraestatal envió a dependencias como la Sedena.
El grupo inmobiliario cuenta con dos desarrollos en Mérida: Aura Smart Luxury Living y Distrito Tres 70, y dos desarrollos en las playas del Puerto de Telchac: Aura Coast Telchac y Marena Beach Towers.

EXPRIMEN AL ERARIO
En julio de 2021, MCCI reportó que una red de seis empresas operada por un facturero obtuvo contratos por 800 millones de pesos con Segalmex.
Al mismo tiempo que esta red ligada con los accionistas de Grupo Aura recibía cientos de millones de pesos de la dependencia, sus cuatro desarrollos comenzaban a construirse en Yucatán.
El modus operandi fue el mismo en los seis casos. Seguridad Alimentaria Mexicana pagaba por anticipado el 50 o el 100 por ciento del monto estipulado en los contratos -que en ocasiones ascendía a cientos de millones de pesos- aún cuando la dependencia todavía no recibía los bienes.
En varias auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control de Diconsa incluso se menciona que los funcionarios de Segalmex incurrieron en «financiamientos improcedentes» a estas empresas que una y otra vez demostraron no contar con la experiencia y la capacidad humana para realizar los servicios.
El 20 de mayo de 2020 la marca Liquid Clean fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por Eduardo Ortega Zamora y Agustín Zamora Flores. De acuerdo con el acta, el registro también fue solicitado por Denoter, compañía que forma parte de la red que operó en Segalmex.
Alicia Dávila y Aldahir Contreras son, en el papel, los accionistas de Denoter, la cual ganó un contrato por 13.5 millones de pesos para surtir de cubrebocas al personal de Segalmex.
Sin embargo, Aldahir es un joven de 24 años, mientras que Alicia, de 55 años, vive en una unidad habitacional popular en la Alcaldía Iztacalco. MCCI intentó localizar a ambos sin éxito.
De acuerdo con actas del Registro Público del Comercio, Soluservicios Globales NXK, otra de las empresas de la red beneficiada por Segalmex, tiene como representante legal a Ana Gabriela Pérez Ortega, quien también es representante de Denoter, sociedad utilizada por los dueños de Grupo Aura.
En su último informe de la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó que Segalmex pagó por adelantado a Soluservicios Globales NXK 49 millones de pesos -el monto total del contrato- aunque nunca pudo comprobar que la compañía le entregó los pesticidas acordados.

LOS ENLACES
Dos funcionarios juegan un papel central para entender cómo operó esta red de seis empresas en Segalmex: René Gavira Segreste y Miguel Carrillo Villarreal.
Como director de Precios de Garantía y Estímulos, Miguel Carrillo Villarreal era el encargado de supervisar el cumplimiento de estos contratos. A pesar de las múltiples anomalías, incumplimientos y retrasos en las entregas, Carrillo nunca aplicó las multas económicas ni rescindió los contratos con estas compañías.
Mientras que René Gavira Segreste, quien ocupó distintos puestos directivos en la Alcaldía Cuajimalpa entre 2012 y 2018, tuvo bajo su control el presupuesto y la adjudicación de contratos en Segalmex como director de Administración y Finanzas hasta su salida en junio de 2020. Su nombre es una constante en los malos manejos detectados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
Actualmente Gavira es investigado por la Fiscalía General de la República por operar una presunta red de corrupción dentro de Segalmex en complicidad con el copropietario de uno de los desarrollos de Grupo Aura, Ricardo José Lambretón López Ostolaza, y con el ex delegado interino de Cuajimalpa, José Luis Pandal de la Peza, quien trabajó con Gavira como su coordinador de oficina en Segalmex.
A través de sus empresas Biserca Corporativo y Grupo Especializado en Suministros Integrales, Ricardo Lambretón obtuvo múltiples contratos por más de 20 millones de pesos del Gobierno de Cuajimalpa durante el periodo en el que René Gavira era un alto funcionario de la demarcación.
Funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana que pidieron anonimato por temor a represalias, revelaron que Ricardo Lambretón se reunía frecuentemente con René Gavira y con José Luis Pandal en las oficinas de la dependencia en Villa Olímpica, Ciudad de México.

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