Benito Jiménez 
Agencia Reforma

CDMX.- La toma de casetas en el país se ha convertido en un millonario negocio de grupos que incluso se turnan los horarios para pedir a los automovilistas una parte del peaje que dejan de percibir los concesionarios o el erario, en el caso de las plazas que están a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

En 2019, ese delito federal dejó pérdidas de más de 3 mil millones de pesos al sector, de acuerdo con Marco Antonio Frías, director de la Asociación Nacional de Concesionarios en Infraestructura Vial.

Sin embargo, aseguró que el problema se ha recrudecido este año con el pretexto de la epidemia de Covid-19.

Personas que se presentan como cirqueros, ferieros, comerciantes ambulantes, choferes del transporte público y prestadores de servicios turísticos se han sumado a los grupos que realizan “boteos” en las casetas.

Así, por ejemplo, sólo en Nayarit, en lo que va de este año se han perdido alrededor de 2 mil millones de pesos por las casetas tomadas.

“Nayarit es justamente la entidad donde la toma de casetas está en su máxima expresión”, señaló Frías.

La Asociación que dirige Frías, la cual se encarga de buscar la operatividad óptima de los puntos de cobro, ha documentado cómo los grupos se apoderan de las casetas con cadenas, palos y piedras, y con agresiones al personal de seguridad.

“Es una especie de crimen organizado; son agrupaciones distintas pero en algún momento tienen conexión entre ellas, se comparten estrategias y toman las casetas de manera escalonada”, dijo Frías en entrevista con REFORMA.

El fenómeno se está expandiendo en el Valle de México, Michoacán, Nayarit, Baja California, Sonora y Jalisco y entre los pretextos están la demanda de obras públicas, la libertad de presos políticos y, más recientemente, la pérdida de empleos e ingresos a causa de la pandemia, según lo ha documentado la Asociación.

Advierte sin embargo que en el contexto de la pandemia el riesgo es aún mayor, pues no sólo se agrede a los automovilistas que se niegan a cooperar, sino que el descontrol sanitario es extremo.

En el caso de Nayarit, las casetas de San Blas-Tepic, Tepic-Villa Unión, el libramiento de Tepic, Trapichillo, Acaponeta y La Cantera están tomadas desde finales del año pasado por personas que exigían obras públicas que ya fueron realizadas, y sin embargo no liberan los puntos de peaje.

Entre los grupos más organizados se identifica a Resistencia Civil Pacífica, que incluso convoca a la toma vía redes sociales, así como la Asociación Civil Corazones Unidos por un Mejor Bienestar que también realiza el “boteo obligatorio”.

Frías urgió a las autoridades federales a actuar.

“Son líderes que ya están identificados por nosotros y por las autoridades, es cuestión de liberar las órdenes de aprehensión”, indicó Frías.

“Porque a final de cuentas hay un incentivo perverso que es precisamente el de la impunidad”, agregó.

Con información de Julio Cárdenas.