Mediante un comunicado emitido ayer por la noche, Veolia anunció que, «cumpliendo con las medidas cautelares, continuará operando el servicio de agua potable y alcantarillado» y aseguró que «se han activado diversos recursos legales con distintos alcances y objetivos», los cuales se encuentran en proceso de resolución por parte de las autoridades correspondientes.
Por lo anterior, la concesionaria advirtió que «en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la autoridad judicial, se mantendrán la operación, facturación y cobranza, esperando que la autoridad municipal promueva el diálogo y se establezcan las condiciones para la liquidación y pago de los montos adeudados».
Del mismo modo, Veolia aseguró haber entregado «cinco propuestas para que se resolviera el asunto del cierre de cuentas con el gobierno municipal», acotando que «hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo» encaminado a evitar «el riesgo de pérdida respecto de los derechos de cobro de la compañía», según se informó en este boletín.
CONTEXTO. La medida cautelar a la que se refiere la concesionaria fue impuesta por el Juzgado Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México con el propósito de asegurar el pago de los 1,350 millones de pesos que se le adeudan. La postura de Veolia es que esta medida se mantenga en vigor hasta que el Municipio liquide los pagos pendientes.
Por su parte, en una entrevista exclusiva con Eduardo Gallastegui, portavoz de la compañía, se informó que las medidas cautelares fueron notificadas al Municipio de Aguascalientes el 20 de octubre de 2023 por un juzgado de la ciudad, con el objetivo de garantizar que la empresa pueda seguir brindando el servicio mientras se resuelve la cuestión de la deuda.
Gallastegui subrayó que Veolia no busca obstaculizar la decisión del Municipio y del Congreso del Estado de recuperar el servicio a través de un organismo público descentralizado conocido como Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, ni prolongar su operación de manera arbitraria. En cambio, la empresa está interesada en establecer las condiciones para la liquidación y el pago de los montos adeudados, asegurando la continuidad del servicio de agua potable de manera ordenada y responsable.
