Hay decisiones que se anuncian como la solución a uno de los tantos problemas que padece la ciudad de Aguascalientes, que de botepronto parece que es la medida que por tantos años no se le ocurrió a otro, pero a la hora de “aterrizarla” tiene sus bemoles, como esa que habrá “cero tolerancia a los que invaden calles y banquetas”con fines comerciales.

Es evidente la irrupción de espacios públicos que se utilizan como extensión de las tiendas, lo que se presenta por igual en la zona centro que en distintos fraccionamientos y que provoca que los transeúntes tengan que bajar de la banqueta con el consabido peligro que esto representa, o que pueda tropezar con la mercancía que se exhibe a su paso.

Según Jaime Gallo Camacho, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, desde el segundo trimestre del año se maneja la política de impedir que 220 propietarios de establecimientos y comerciantes utilicen la vía pública para sus intereses particulares.

El propósito es someter a los 14 mil establecimientos registrados que “han tomado las banquetas y calles para ofertar sus productos”, por lo que sin contemplaciones, dijo, “se aplica enérgicamente la normatividad y se obliga a demoler la infraestructura construida en vía pública sin permiso”, lo que de ninguna manera es una novedad, como lo recuerdan vecinos del Jardín de Zaragoza, cuando fue destruida una ampliación de un negocio ubicado frente al templo del Sagrado Corazón, por cierto muy bien construido pero que a simple vista se observaba que ocupaba parte de la baqueta. El dueño fue apercibido varias veces y finalmente entró maquinaria y personal municipal para eliminar la edificación.

Gallo Camacho afirmó que “durante mucho tiempo hubo impunidad al no aplicarse el Código Municipal”, lo que sin duda “embarra” a la administración 2017-2019 de la que él mismo formó parte, puesto que si es hasta ahora, en los últimos seis meses, que se ha buscado regularizar esta situación es porque hubo indolencia.

Para acelerar el uso de la norma el funcionario pide a los habitantes que denuncien los casos de invasión para proceder en consecuencia, que en primera instancia habrá un llamado para que retiren su mobiliario y de no obedecer se les requerirá por escrito y claro, habrá multas, que a final de cuentas es el objetivo principal.

El problema radica en saber si esta regla también se impondrá a las personas que venden alimentos a orilla de banqueta, que en las colonias son señoras que  han encontrado una forma de allegarse su sustento y que en caso de prohibírselo las estarán orillando a vivir con mayores estrecheces.

Si es una orden que debe cumplirse a rajatabla tendría que hacerse también con taqueros, vendedores de elotes, de frituras y tantos otros pequeños comerciantes que son parte de la imagen urbana, son personas que difícilmente tendrían para alquilar un local, pagar luz, agua y otros servicios.

Habrá que ver como termina esta genialidad, teniendo en cuenta que la aplicación de la ley tiene que ser por igual – sin importar lo que se cause -, ya que los mismos derechos tienen los comerciantes establecidos que quienes trabajan en la calle.

CRASO ERROR

Atrás de una declaración que puede causar escozor siempre hay una razón. Es el mundillo de la política, de la administración pública, del sector obrero o empresarial, se considera que lleva mensaje, que busca atraer las miradas y hacer sentir su presencia.

En los últimos meses ha sido recurrente la queja de autoridades de varios estados en contra de la Guardia Nacional (GN), al juzgar que no hace lo suficiente para combatir la delincuencia, lo que de entrada es un despropósito ya que este cuerpo de seguridad no está para suplir las obligaciones que por ley les corresponde a las corporaciones locales, sino ser coadyuvantes en la prevención, vigilancia o persecución y aprehensión de presuntos delincuentes.

Las muestras de descontento con la GN son más bien hacia la administración federal, que como se sabe, ha sido sumamente “ahorrativa” con el presupuesto y anuncia para 2020 que habrá recortes aquí y allá a las partidas que hasta este año reciben estados y municipios, lo que tiene sumamente inquietos a los mandatarios, quienes han encontrado la manera de airear su insatisfacción criticando a dicho organismo.

Aguascalientes no puede excluirse de ese sentir, haciéndolo en actos públicos o con declaraciones, como las que emitió hace dos semanas el secretario de Gobierno, al afirmar que aquí se está conteniendo la inseguridad mediante la coordinación de las diversas corporaciones, “en cambio, los que siguen padeciendo limitaciones son elementos de la Guardia Nacional que todavía no han terminado de organizarse pero hacen el esfuerzo de participar y sumarse a los operativos que llevan a cabo las corporaciones estatales y municipales”.

Resumió que se está pidiendo “una definición más clara de la participación de la Guardia Nacional y mientras ello sucede, el gobierno del estado seguirá haciendo su labor en materia de inteligencia y de actuación”, lo que dicho sea de paso es su obligación, con o sin apoyo de otras agrupaciones.

Hasta el año pasado había presencia militar en las células mixtas policiales, por lo que siempre ha existido apoyo de las Fuerzas Armadas en los recorridos por zonas urbanas y rurales y en ningún momento los soldados suplieron a los agentes del orden, sino actuaron como colaboradores, que es lo que hoy hace la GN.

Asimismo, la GN existe constitucionalmente desde el siglo XIX y volvió a tomar forma el 14 de noviembre del año pasado, durante el proceso de transición presidencial; más tarde aprobada por las cámaras de Senadores y Diputados y ratificada por 17 legislaturas estatales, que para el 6 de marzo de 2019 dieron su aval, Aguascalientes lo haría hasta el día 13 del mismo mes, junto con las 14 restantes.

De los 14 puntos que integran las facultades que por ley tiene la GN no se menciona que se hará cargo de lo que incumbe directamente a las policías estatales y municipales, en todo caso actuará como apoyo para “salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio. Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social”, señala el primer párrafo del artículo 9 de la legislación.

SALIR A SU ENCUENTRO

Si el PRI debe seguir en el entarimado, está en sus dirigentes hacer el máximo esfuerzo para atraer la atención de militantes y simpatizantes. Se requiere mucho trabajo a ras de piso, porque con declaraciones lo único que lograrán es que siga el camino del Titanic. Dicen los abogados que a confesión de parte relevo de pruebas, por lo que si el presidente del CDE Enrique Juárez reconoce que apenas cuenta con 5 mil adeptos registrados ante la autoridad electoral, significa que hay un retroceso vertiginoso en la membresía, lo que en principio obligaría a intensificar las tareas para lograr que quienes se han alejado regresen, principalmente aquellos que a lo largo de los años han sido beneficiados con cargos en la administración pública y la representación popular. No se trata de cobrarles ese apoyo, simplemente que reconozcan que tienen una deuda moral con el organismo que los formó, políticamente hablando, y que les abrió las puertas para hacerse de un nombre, por lo que tienen el deber de contribuir con lo que esté a su alcance para que el organismo recupere el lugar que tuvo no hace mucho.

 

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