Salvador Rodríguez López

Muy difícil se observa que logren su objetivo los gobernadores que integran la Alianza Federalista, sin embargo no dan un paso atrás, tan es así que este viernes se reunirán para reiterar la convocatoria al Congreso de la Unión para que evite un daño irreparable al país con la contrarreforma eléctrica, misma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

El titular del Poder Ejecutivo de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, consideró que es inaceptable que se cancelen proyectos de energías limpias para dejarle todo el mercado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hay estados que se verán perjudicados si se cancelan las inversiones extranjeras que hay sobre el particular, lo que de suceder existe el peligro que se reduzca la calidad de vida de miles de familias y venga un mayor retroceso nacional.

Durante la conferencia virtual que sostuvo el mandatario con miembros de la Cámara Británica de Comercio en México, se registró la preocupación general por los efectos que habrá con los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, lo que a consideración de los expertos tendrá consecuencias en la competitividad de la industria mexicana.

Hay inquietud por las circunstancias que provenga de esa decisión, en función que las empresas extranjeras generan un número importante de empleos y promueven el desarrollo social de las entidades, por consiguiente son pieza fundamental en el crecimiento de la nación.

A convocatoria de Orozco Sandoval, la Cámara Británica de Comercio se reunirá con algunos senadores para exponer sus puntos de vista y con argumentos técnicos se entienda las repercusiones que abarcaría a todos los sectores productos y sociales de México.

En la búsqueda de sensibilizar al gobierno federal, las cámaras de comercio en México de Inglaterra, Canadá, Italia, España, Japón, Suiza y la Mexicana-Alemana, entre otras, enviaron una carta al presidente de la República, en la que expresan que los cambios en la ley van a impactar a las inversiones extranjeras que operan en el país.

Mientras que aquí se hacen esfuerzos para amortiguar el golpe que prácticamente está dado, una vez que la Cámara de Diputados aprobó la citada Ley que le devuelve el monopolio a la CFE, de manera simultánea la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de enriquecimiento ilícito por más 951 millones de pesos, delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos y defraudación fiscal. El mandatario tamaulipeco, de extracción panista, ha sido de los más críticos del actual gobierno federal por el manejo que le ha dado a las políticas públicas, por lo que no dudó en señalar que se trata de una persecución orquestada desde Palacio Nacional, además de exigir que se le muestre las pruebas que dicen tener las autoridades y por las que piden su desafuero.

La acusación en contra de García Cabeza de Vaca se inscribe justo después que la Alianza Federalista manifestó que este viernes fijaría su posición respecto a la legislación eléctrica y de la que cada vez más voces se unen para considerar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del gobierno mexicano.

Además, la imputación en contra el titular del Ejecutivo de Tamaulipas puede ser una advertencia hacia sus colegas, que no obstante se mantienen firmes en exigir un cambio en la forma de conducir al país, al reiterar que existe el peligro de que la situación empeore, no sólo por la ley eléctrica, sino por las secuelas económicas que emane de esta medida si las empresas nacionales y extranjeras  resuelven demandar al gobierno por sumas multimillonarias, debido a la cancelación de los proyectos de energías limpias

Es demasiado lo que está en juego y de lo que están conscientes los gobernantes estatales, por lo que será interesante conocer con cuáles cartas jugarán en lo inmediato y los planes que tengan hasta lograr una rectificación en la conducción de la nación.

EN EL OLIMPO

Tal vez Usted esté de acuerdo en que se haga una auditoría a la concesionaria de aguas para determinar si ha cumplido con lo que establece el contrato que tiene firmado con el gobierno municipal de Aguascalientes, porque de su resultado se desprendería conocer cuánto ha invertido en la red desde 1993 en que se firmó el documento y a cuánto asciende las ganancias que ha obtenido en este tiempo.

Lo anterior tiene como sustento en que, pese a que una empresa privada es la responsable del servicio, el Ayuntamiento destina cada año sumas millonarias en la atención y mejoría, derrama que resulta inexplicable ya que entonces cuál es la razón para que la propia autoridad no lo haga directamente.

La Comisión “Ciudadana” de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) ha distribuido para el reforzamiento del sistema de agua potable y alcantarillado 440 millones de pesos en cinco años, esto es, un promedio de 88 millones anuales, que si fuera una atención directa municipal no tendría nada de extraño, pero en este caso se hace a favor de la compañía francesa que por sí misma está obligada a hacerlo, aunque para ese organismo es importante invertir en la infraestructura hidráulica “para que no falte el agua”. Este año lo hace en la perforación de cinco pozos, la construcción de tres colectores sanitarios, un tanque de acero vidriado, en la rehabilitación de redes y los programas que llevan a cabo en varias colonias de distintos rumbos.

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) cita: que concesión es un “Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en un plazo determinado bajo ciertas condiciones”, lo que en este caso se cumple con la entrega del agua entubada y que a su vez la concesionaria cobra mensualmente a los casi 200,000 usuarios

Si cada Ayuntamiento que ha tenido la ciudad desde 1993 hubiera ahorrado lo que ha gastado en respaldo a la compañía ya tendría lo suficiente para pagar lo le exigen cada vez que amenaza con cancelar o no renovar el permiso.

Tan sólo en los cerca de cinco años que lleva la actual administración (entre los primeros tres años y los dos siguientes de la reelección) ha empleado la mitad de lo que presuntamente le debería pagar a la firma por liar sus bártulos, pero hay algo que no se menciona en palacio menor y es porqué subvencionar a una empresa privada ¿o también lo hace con otras que están en la misma postura?

ILUSIONISMO

Antes y ahora son las mismas promesas de los concesionarios del transporte urbano, de que esta vez habrá eficiencia en todo el servicio, lo que naturalmente no pasa de ser una fábula. Cuando se puso en marcha el actual programa, en sustitución de ATUSA, se juró por el plantígrado tahonero que habría una atención “al 100”, promesa que esperanzó a los más de 350,000 usuarios que utilizan este medio todos los días, pero después de un año en operación permanecen los mismos vicios. En los últimos cuatro años, cada uno de los que han estado al frente de movilidad asegura que ya no habrá “camiones-sardinas”, sin embargo el tiempo sigue su marcha y esto es una escena común. Después se habló que habría unidades extras a la hora-pico pero solamente fue jarabe de pico. El arribo de las unidades a los paraderos son inciertos, por lo que la tardanza en que llegue puede ser de 10 a 30 minutos o más y cuando finalmente aparece el que se espera pasa atiborrado por lo que no queda otra que esperar otro lapso o pagar el taxi, lo que para un obrero o una ama de casa resulta difícil de costear cuando el problema es dos o tres veces por semana. El pueblo no quiere camiones de lujo ni choferes con corbata, sino un buen servicio, una atención eficaz y ante todo que con motivo de la pandemia se evite las aglomeraciones. Como sus antecesores, el actual titular de movilidad Ricardo Serrano prometió que habrá una unidad en cada una de las rutas 34, 42, 43 y 43 y en las otras seguirá el mismo número, pero la cuestión radica en tener empleados que exclusivamente se encarguen de solucionar las necesidades que se presenten cada día en cada ruta, teniendo en cuenta que la cuarta parte de la población total del estado es la que utiliza este medio y que con toda justicia reclama atención.