La Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado reactivó sus funciones para atender juicios de nulidad contra actos de autoridad que lesionen derechos ciudadanos, luego de que el Juez VII de Distrito ordenara la suspensión provisional del acuerdo de la Judicatura que cerró sus puertas la semana pasada.

La decisión deriva del proceso de transición entre la extinción de la Sala Administrativa y la instalación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa que la sustituye, donde la justicia federal determinó que el acuerdo causó la inexistencia de un órgano que impartiera justicia administrativa en el Estado, durante el período comprendido entre el 16 de noviembre pasado y el 8 de enero próximo, fecha en que el Tribunal determinó iniciar funciones.

En la resolución del Juez VII de Distrito, fechada el 22 de noviembre, se reconoció que el acuerdo lesionaría el derecho de acceso a la justicia, ya que ocasiona la falta de un órgano jurisdiccional encargado de conocer y resolver las controversias entre la administración pública del Estado o los municipios y los particulares.

El acuerdo emitido el 15 de noviembre, que mantenía sin atención los juicios de nulidad contra actos de autoridad, fue impugnado mediante un amparo otorgado este miércoles a la Asociación de Abogados Especialistas en Derecho Administrativo.

El mismo miércoles 22 de noviembre, el Consejo de la Judicatura emitió un nuevo acuerdo que modificó el punto tercero, en el cual instruía a la Oficialía de Partes a no recibir documentos dirigidos a la Sala Administrativa y a transferir procedimientos, expedientes y documentación al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, en cumplimiento a la reforma judicial.

En el nuevo acuerdo, el Consejo de la Judicatura instruyó a la Oficialía de Partes del PJE a reanudar la recepción de documentación de cualquier clase dirigida a la Sala Administrativa, para que ésta la reciba y provea lo que en derecho corresponda.

El juzgado séptimo de Distrito estableció en el amparo provisional que los efectos de esta medida cautelar no sólo comprenden a la quejosa, sino a todos los gobernados del Estado, ya que presuntamente afecta el derecho de acceso a la justicia.