Es de lamentar, aunque no extraña en absoluto, que, una vez más, el presidente López Obrador descalifique el trabajo de jueces federales, pretendiendo invadir, otra vez, la división de poderes, pero más que eso. “El Presidente sigue ejerciendo facultades autoritarias y meta-constitucionales, con el control de las dos cámaras del Congreso de la Unión”, aprovechando este periodo electoral. Así lo manifestó el catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Claudio Granados Macías, quien, además, resaltó que el último bastión de la democracia mexicana es la Suprema Corte de Justicia, y eso lo sabe tanto el mandatario nacional como sus asesores; de ahí, los anuncios temerarios de la investigación sobre las operaciones financieras que puedan tener los ministros en sus recursos personales.

De ninguna manera, el presidente de México está mal asesorado, antes bien, se debe considerar que sigue al pie una estrategia histórica, por lo que es prudente recordar que, siendo jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en abril de 2005, López Obrador fue desaforado por el Congreso de la Unión a causa del desacato a un mandamiento emitido de un Juez de Distrito; es decir, “el Presidente no ha acatado nunca las instrucciones de la Corte, ni ha accedido a la división del Poder”.

Sin duda, opinó, es un tema orientado a tratar de acallar u opacar, y atacar de antemano, a que la Corte se pronuncie por un fallo adverso al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, en cuanto a la expedición de la Ley Energética; por eso es que “parece más un llamamiento político para deslegitimar el trabajo del Poder Judicial en este proceso”.

Pero no está de más, referir, consideró Granados Macías, que la carta remitida al Ministro Arturo Zaldívar es ociosa, toda vez que va dirigida a la Suprema Corte como órgano, cabeza del Poder Judicial, pero no tiene las facultades ni disciplinaria, ni de revisión en la actuación de los tribunales inferiores, sino que eso le corresponde al Consejo de la Judicatura y, aunque sea él mismo su titular, debe especificarse la actuación a la instancia que compete.

Además, se debe tomar en consideración que lo otorgado por el juez hasta ahora es la suspensión en la aplicación de la Ley de Energía Eléctrica, no el amparo, que todavía está sujeto a la continuación del juicio, al que todavía el equipo jurídico de la Presidencia de México deberá intervenir en el proceso hasta que se agote la vía legal.