La presencia en el Senado mexicano de Santiago Abascal, líder de Vox, el partido de la ultraderecha española que estuvo invitado por la bancada del PAN, hizo recordar actitudes similares que se registraron en el Congreso de Aguascalientes, al haber aprobado el Pin Parental, aunque más tarde se vio obligado a rectificar.
El Pin Parental, como lo define Vox, es una solicitud escrita que va dirigida a los directores de los centros educativos en la que los padres piden que les informen previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, de tal forma que los progenitores puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no. Este partido considera que estos contenidos pueden ser “intrusivos” para la “conciencia” y la “intimidad” de los menores.
Ese apartado fue incluido en las reformas a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, aprobada por la LXIV Legislatura el 21 de marzo de 2020 y expedida cuatro días después mediante el Decreto número 341.
El 16 de junio del mismo año la UNICEF, UNFPA y ONU-DH dieron su opinión sobre la citada Ley, en la que “las representaciones en México de la Organización del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (UNESCO), el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresan su profunda preocupación por las reformas a la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Aguascalientes y la recién promulgada Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, en relación al denominado ‘pin parental’ y la presente permisividad del castigo corporal, por su carácter violatorio a los derechos de la infancia”.
Sostienen que el Estado “tiene la obligación de garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a servicios, información y educación, incluso en materia de salud sexual y reproductiva, sin verse obstaculizados por el consentimiento o autorización de terceros” y reiteran que “toda forma de violencia contra la infancia es inaceptable, por leve que sea y tiene repercusiones físicas, psico-emocionales y relacionadas a corto y largo plazo. El Estado, a través de los gobiernos estatales, municipales y federal, tiene la obligación de combatir y eliminar la violencia contra niños, niñas y adolescentes”.
Las reformas aprobadas y la promulgación de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes “vulnerarían los derechos a la educación, salud, protección contra la violencia y participación de niñas, niños y adolescentes de esa entidad”, puntualizan las representaciones de los máximos organismos mundiales de la ONU.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de inconstitucionalidad por la posición normativa del artículo 4 de la Ley de Educación del Estado, en que solicita al máximo órgano del país que defina “si la norma cuestionada contraviene o no a la Constitución y si trasgrede o no un derecho humano”. La intervención de la CEDH fue a raíz de las expresiones que hubo a favor y en contra de los cambios que hicieron los diputados, ya que en su calidad de órgano autónomo está obligado constitucionalmente “a velar por el interés superior de todas las niñas, niños y adolescentes”.
Ante el revuelto que provocaron las citadas modificaciones, la misma LXIV Legislatura hizo una reforma al Decreto 341 y que publicó el 29 de junio de 2021, en la que destaca: “…por consiguiente, las madres y padres de familia reforzarán desde el hogar, el fomento a sus hijos o pupilos los valores cívicos, así como el desarrollo cognitivo y académico, el aprecio a las tradiciones culturales y artísticas de nuestra entidad federativa, propiciando un ambiente sin violencia en el núcleo familiar, privilegiando las conductas adecuadas y necesarias para poder convivir en sociedad, inculcando a sus hijos o pupilos el respeto y reconocimiento a la autoridad del maestro o personal docente y administrativo de los planteles educativos, además de las normas de convivencia social de las escuelas”.
De esta manera Vox se quedó sin uno de sus tentáculos que había extendido hasta el corazón de México, aunque no cesa en atraer a los que se han propuesto ser parte de un grupo de cruzados que espada en ristre van en contra de la izquierda iberoamericana, por ello senadores de Acción Nacional respaldaron la iniciativa conocida como Carta de Madrid, comprometiéndose a ir “por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada” y que tenga como fin detener al avance del comunismo.

INFLEXIBILIDAD PARTIDISTA

En un país de libertades y con plena independencia de opinión, el Comité Directivo Estatal del PRI no sólo coarta este derecho constitucional, sino que expulsa a los que se atreven a expresar puntos de vista contrarios a los que tienen quienes dirigen el organismo, o que manifiestan su rechazo a la forma de trabajar que llevan a cabo.
El primer “guillotinado” fue Roberto Tavares Medina, que por un tiempo estuvo al frente del CDE, sin que se conozca cuál fue el pecado mortal que cometió y que no admitió absolución, ante todo en qué consistió la violación a los estatutos, como tampoco los fundamentos del Comité Nacional para proceder en su contra, ya que no hizo público el acuerdo. Lo único que sí cumplió fue difundir la exclusión, que podría ser combatida por el señalado, siempre y cuando desee recuperar su militancia, aunque en las actuales condiciones en que se encuentra el Revolucionario Institucional es preferible mantenerse a distancia.
El artículo 250 de los Estatutos señala que la expulsión procede por alguna de las siguientes causas: Atentar de manera grave contra la unidad ideológica, programática y organizativa del Partido; sostener y propagar principios contrarios a los contenidos en los Documentos Básicos; realizar acciones políticas contrarias a los Documentos Básicos o a los lineamientos concretos de los órganos competentes del Partido; realizar actos de desprestigio de las candidaturas sostenidas por el Partido u obstaculizar las campañas respectivas; llevar a cabo actos similares respecto de los dirigentes o sus funciones, u otros que atenten en contra de la integridad moral o la vida privada de candidatos o candidatas o dirigentes, funcionarios y funcionarias o representantes populares priistas; difundir ideas o realizar actos con la pretensión de provocar divisiones en el Partido; solidarizarse con la acción política de partidos o asociaciones políticas antagónicas al Partido; y que promueva y apoye actos de proselitismo de candidatos o candidatas de otros partidos o independientes.
En las actuales circunstancias, el PRI prohíbe disentir, increpar, oponerse y estar en desacuerdo con las políticas que aplica la dirección del CDE, en pocas palabras, lo mejor es utilizar un zíper bucal y aparentar que no se da cuenta de lo que dejan de hacer los directivos.

SIAMESES

La dirección de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Aguascalientes y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tienen actitudes similares en la prestación del servicio, tan es así que los apagones se han intensificado en la ciudad. Esta vez le tocó a viviendas y negocios de cuadras céntricas de las calles Josefa Ortiz de Domínguez, Zaragoza, Hornedo, Díaz de León, Colón y arterias adyacentes. La falta del servicio fue desde el sábado y que dejó en total obscuridad a tan amplio sector, incluso en la primera cuadra de Colón donde se ubica Palacio Municipal. Además de lo peligroso que es transitar a pie o en vehículo por esos lugares, los alimentos que estaban en el refrigerador se echaron a perder, pero peor aún, que en la CFE y el Municipio no respondieron a los reiterados llamados de centenares de familias. Cualquier disculpa sale sobrando, por lo que es necesario que en la CFE se pongan en el lugar de los quejosos y lo mismo debe hacer la alcaldesa interina Juana López, que debe exigir un máximo de responsabilidad a sus muchachos.