Sólo 10.4% de los Centros de Tratamiento para uso de Sustancias Psicoactivas son exclusivos para mujeres. Angélica Ospina-Escobar, profesora-Investigadora del programa de política de drogas del CIDE-Región centro, puso en evidencia el déficit que hay de estos espacios para las féminas que atraviesan por problemas de adicción.
La académica refirió que de los 299 establecimientos residenciales de los que presenta información la Conadic, el 37.5% atiende a mujeres, pero solamente el 10.4% es exclusivo para ellas. Además, el modelo de atención registrado en la mayoría de los establecimientos residenciales que hacen parte del padrón de Conadic es mixto, lo que representa un 55.2%.
Señaló que mientras el 40% de los centros que atienden a varones ofrecen servicios basados en el modelo de ayuda mutua, en el caso de los centros que atienden a mujeres, la proporción es de 28%. Es decir, los servicios de atención al uso de sustancias dirigidos a mujeres están más profesionalizados que aquellos dirigidos a varones.
También se observó que los servicios dirigidos a varones tienen duraciones más cortas en comparación con los destinados a mujeres. Así, mientras que en el 65% de los establecimientos que atienden hombres los tratamientos tienen una duración de entre 3 y 6 meses y en el 33% de los casos la duración es mayor a seis meses, en aquellos que atienden mujeres el 50% de los casos reportan una duración de entre 3 y 6 meses y en el 46% de los casos la duración se extiende por más de seis meses.
Explicó que los centros de tratamiento que admiten a mujeres tienen un precio promedio de $9 mil 462 pesos, lo que significa que son más costosos en comparación con los centros que admiten a varones. Asimismo, el número de establecimientos que atiende a mujeres y cuyos servicios son gratuitos es casi tres veces menor que aquellos que atienden a varones.
Ospina-Escobar concluyó que, a pesar de que los servicios de tratamiento que se ofrecen a mujeres son más costosos, más largos y con mayor presencia de profesionales de la salud, esto no garantiza mejor calidad ni que se prevenga la violación de derechos fundamentales al interior de los establecimientos.
