Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro ordenó hoy mantener vigentes, por tiempo indefinido, las medidas asimétricas impuestas a Pemex a partir de la reforma energética de 2014, que Morena y sus aliados en el Congreso pretendieron eliminar con una reforma legal publicada el 19 de mayo.

Gomez Fierro concedió la primera suspensión definitiva con efectos generales, que deja sin efectos la reforma al artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos (LHI), así como el Acuerdo A/015/2021, aprobado al día siguiente por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por el que eliminó 49 acuerdos y resoluciones con regulación asimétrica a Pemex en materia de ventas y comercialización de petróleo, petrolíferos, gas natural y gas LP.

Por tanto, seguirán aplicando las medidas asimétricas que la CRE implementó en el periodo de 2014 a 2019, para reducir la preponderancia de Pemex y dar oportunidad de competencia a empresas privadas.

El 31 de mayo, tanto Gómez Fierro como su colega Rodrigo de la Peza, jueces Especializados en Competencia Económica, ya habían otorgado suspensiones provisionales contra esta reforma, y todo indica que De la Peza notificará mañana una suspensión definitiva con alcances similares a la que entró en vigor hoy.

Con esta, son tres reformas legales del sector energético aprobadas este año que han sido paralizadas por estos jueces, pues lo mismo sucedió con los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y de la propia LHI, resultado de iniciativas del Presidente Andrés Manuel López Obrador que buscan favorecer a Pemex y la CFE, sin cambiar la Constitución.

La reforma al décimo tercero transitorio de la LHI no fue iniciativa del Ejecutivo, sino que fue presentada a unos días del final del último periodo de sesiones del Congreso por el diputado morenista Manuel Rodríguez, que argumentó que la regulación asimétrica ya no era necesaria, por los muchos permisos que la CRE ha otorgado a empresas privadas en el sector de hidrocarburos.

Este argumento generó críticas inmediatas, pues el número de permisos, por si mismo, no refleja el porcentaje real de participación de privados en el mercado ni la existencia de condiciones de verdadera competencia con Pemex.

Las suspensiones definitivas serán revisadas por tribunales colegiados especializados, que en general, han apoyado las decisiones de los jueces contra las políticas energéticas del actual Gobierno.

En su fallo de hoy, Gómez Fierro destacó que el Segundo Tribunal Colegiado Especializado ha confirmado suspensiones con efectos generales, es decir, que no benefician solo a la empresa quejosa, sino que aplican a todo el sector para evitar ventajas competitivas indebidas.

“Esta decisión también se toma en un contexto en el que, dentro del actual sistema de control judicial de leyes, el juicio de amparo es la única vía para obtener la suspensión de la legislación reclamada y garantizar el desarrollo de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como los derechos de los consumidores finales que reconoce el artículo 28 constitucional; derechos a los que también se encuentra obligado este órgano jurisdiccional a proteger y garantizar”, explicó el juez.

Al igual que con las suspensiones previas, la CRE tendrá que publicar un aviso en el Diario Oficial para dar a conocer la medida, cuya vigencia no está sujeta a dicha publicación.

Tanto Gómez Fierro como De la Peza han considerado, en análisis preliminares, que esta reforma es inconstitucional.

“Existe la posibilidad de que la parte quejosa demuestre que es contrario al texto Constitucional que Pemex recupere una posición de agente preponderante en el sector, y no sea un participante más del mercado, en perjuicio de la postura que incipientemente han alcanzado las empresas privadas, lo cual merma los motivos sustanciales de la reforma Constitucional”, explicó De la Peza, en el amparo de la empresa Lambrucar.