Salvador Rodríguez López

La debilidad de los partidos políticos nacionales y sus representaciones locales, incluido el movimiento que encabeza el actual gobierno, es aprovechado por el Instituto Nacional Electoral (IFE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para inmiscuirse en la vida interna de los citados cuerpos, con el pretexto que en la designación de candidaturas debe ser de carácter paritario pero inclinándose más a la mujer.

No mencionan una libre competencia y que el ganador o ganadora sea por méritos propios sino por el simple hecho que así lo determinen las reglas que ellos fijan, por lo que sale sobrando tener una militancia de larga data, experiencia en el servicio público o en la representación popular, tampoco sirve la cercanía con los ciudadanos, simplemente se les obliga a rendir plaza para que pase la que represente los puntos de vista de quienes desde el escritorio han decidido que así sea.

Se ha difundido ampliamente en el país que Aguascalientes “es un ejemplo” a seguir, al haber registrado para las recientes elecciones  al gobierno del estado sólo candidaturas femeniles, lo que no tuviera mayor importancia que la disputa por el triunfo, sin embargo en ningún momento se ha mencionado qué hubiera pasado si fuera al contrario, que en lugar de mujeres hayan sido sólo hombres. Seguramente que desde diversos flancos se habrían disparado la verborrea en contra de esa decisión y se escucharían los gemidos de quienes exigen igualdad de género. ¿Acaso los varones tienen menos derechos o simplemente son una especie que sirve como testigo o de acompañamientos en la toma de decisiones?

El paralelismo tiene que ser en igualdad de oportunidades y que las nominaciones internas sean con las mejores cartas sin importar el sexo al que pertenezcan, sólo así se podrá enriquecer la vida política que tanto requiere la República.

De cara a lo que tenía que ser una constante y no una excepción interviene el INE, que de entrada se propone ordenar a los partidos postular a una mujer para gobernadora en el Estado de México y Coahuila en los comicios de 2023. De la misma manera los institutos políticos tendrán hasta el 31 de octubre para realizar cambios a sus documentos básicos para garantizar que, a partir de las próximas elecciones estatales y nacionales, haya paridad total en todos los cargos, incluidas las gubernaturas.

Por su parte la Suprema Corte debatirá este mes un proyecto, que de ser aprobado con ocho votos, obligará a que la gubernatura de Coahuila para el periodo 2023-2029 sea ocupada por una mujer. La ministra Loretta Ortiz propuso al pleno de la Corte adelantar para 2023 la aplicación de una reforma a la Constitución de Coahuila, por lo que todos los partidos políticos tienen que nominar a una mujer para la gubernatura, cuando el mandatario en funciones sea hombre.

La intervención de ambas instancias hacia nugatorio lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, que en su artículo 3º inciso cuarto señala: “Cada partido determinará y hará público los criterios para garantizar la paridad de género a las candidaturas a legislaturas federales y locales, así como la integración de los ayuntamientos y de las alcaldías en el caso de la Ciudad de México. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva ente mujeres y hombres”.

El artículo 23 de misma Ley dispone en el inciso c) “Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su vida interior y los procedimientos correspondientes, y en el inciso e) expresa que los partidos tienen competencia que les permita “organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables”.

Más claro no puede ser, sólo que el INE y la Suprema Corte pretende coartar el derecho que les asiste a los partidos políticos para organizar las nominaciones internas, lo que lleva a otro escenario igual de escabroso, como es que los partidos queden supeditados a lo que dispongan estos u otros organismos.

AZAROSO

Al mismo tiempo que la Iglesia Católica exige un cambio radical en los programas de seguridad que lleva a cabo el Gobierno Federal, como primer movimiento para frenar los ríos de sangre que corren por todo el país, lanza la voz de alerta del peligro que hay por la politización e ideologización de la educación.

Ante ese escenario, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, previno que un riesgo latente para la educación en el país “es la politización y la ideología de la educación, pues siendo una política de Estado se corre el riesgo de que sea instrumentalizada mediante una injerencia indebida y contraria a la libertad de educación, con propósitos distintos a los fines naturales de la educación”.

En los órganos de difusión que tiene la Iglesia en el país ha sido ampliamente difundida la declaración de monseñor Castro, entre ellos Correo Diocesano de Aguascalientes, y que es retomado por medios masivos de comunicación con la finalidad de que los fieles estén conscientes de lo que podría suceder si continúa ese avance en contra de la autonomía que debe tener la educación.

Planteó que las autoridades civiles provean a los estudiantes mexicanos de “libros de texto centrados en las ciencias de la realidad y en los valores trascendentes y universales, eternos y libres de toda ideología”.

En este sentido, la Iglesia ha sido insistente en contra de libros escolares que entrega la Secretaría de Educación Pública (SEP) a los estudiantes, en que se promueve la ideología de género, por lo que el obispo Ramón Castro reiteró que “la educación es el arma más poderosa de la que disponen las familias, personas y países para poder desarrollarse. Es ciertamente la base primordial para logra el desarrollo humano integral y que sea también sustentable de las personas, y constituye el sustento básico del crecimiento y progreso de los países”.

Frente a esta situación “México vive una emergencia educativa como todo el mundo, agravada ahora por la pandemia tal y como lo hemos ya señalado los obispos en el documento de la Conferencia Episcopal: “Educar para una nueva sociedad”.

En este sentido, anotó, “prevalece la desigualdad, una desigualdad social, el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la informalidad laboral, el asistencialismo, la marginación  de grupos vulnerables y una falta de conocimiento y de vivencia de la fe cristiana.

“Con datos del Centro de Investigación Económica y de Presupuesto, en el año en que se reanudaron las clases, ya en modo presencial en México, el gasto público educativo será el más bajo de los últimos 12 años con relación al PIB (Producto Interno Bruto)”.

Por lo descrito, el prelado estableció que “se debe mejorar la inversión en la formación y en la profesionalización del magisterio, es indispensable lograr una mayor integración y participación de la comunidad educativa, en especial de los padres de familia, verdaderos artífices del proceso educativo en la vida de cualquier escolar”.

Por último Ramón Castro recordó que el papa Francisco ha propuesto un nuevo pacto educativo global, y ha insistido recientemente en la reunión con representantes del sector educativo en la centralidad de las personas, además ha resaltado la importancia del “reconocimiento a la participación de los padres como garantes de las tradiciones y valores”, por lo que resumió que la educación es la única y verdadera solución de fondo para la paz en México y en ello “la Iglesia Católica puede tener un papel clave en promover colaboración de gobierno y sociedad por la educación, apoyar la formación de los formadores en escuelas y universidades”.

DON REMIGIO

Así, sin más preámbulos, fue el trato con don Remigio Morín Felguérez. Supo ganarse el respeto al ofrecer el mismo trato a los demás. Desde hace varios años lo aquejaron las enfermedades lo que no fue obstáculo para que sus allegados lo llevaran a pasear por el centro histórico de la ciudad en una silla de ruedas, recorrido que de alguna manera le servía de alimento al espíritu y tener la oportunidad de saludar a los amigos y conocidos. Dentro de los varios cargos que tuvo fue en la Cámara de Comercio y la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, además incursionó en el servicio público como Director de Reglamentos del la alcaldía capitalina que encabezó don Héctor Manuel del Villar Martínez (1987-1989). Aunque no lo mencionaba él, sus antepasados donaron el terreno en que se edificó el templo de San Antonio y regaló parte de la hacienda la Cantera, donde se fundó la actual Ciudad de los Niños. (q.e.p.d.).