Érika Hernández
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada dos meses, el Gobierno federal reparte en efectivo alrededor de 8 mil 476 millones de pesos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Esos fondos corresponden a 3 millones 324 mil beneficiarios que no han conseguido su tarjeta bancaria donde les depositarían su pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales.
Aunque las autoridades sostienen que la razón para entregar los apoyos en efectivo son la falta de sucursales bancarias y algunos errores en la documentación de los beneficiarios, REFORMA constató que no siempre ocurre así.
Testimonios recabados en las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Coatzacoalcos, revelan que los adultos mayores reciben su pensión en efectivo por decisión de las autoridades.
«Es un problema porque no nos han dado la tarjeta de Bienestar, no nos dicen por qué, no hay una explicación, los días de cobro nos forman a los ancianos en el Palacio Municipal y luego en el parque.
«Ya luego nos dan la orden de cobro y ya vamos con eso a Telecom a cobrar, todo es con papelitos y nos dan el dinero en efectivo», explicó Escolástica Cova de la Cruz, de 68 años, quien asegura haber entregado sus documentos para obtener su tarjeta.
El reparto de millones de pesos en efectivo ha provocado que se registren al menos 10 robos en los traslados de recursos, como los ocurridos en Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
La Secretaría del Bienestar argumenta que de los 2 mil 500 municipios del País, sólo mil 500 tienen una sucursal bancaria cercana.
Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que el reparto de apoyos en efectivo es una medida centralista y política, y calificó como un pretexto del Gobierno el no contar con el Banco de Bienestar.
«Si realmente quieres que funcione un programa social, el Gobierno debería hacer un convenio con la banca, no con dos bancos; la gran mayoría de los municipios tiene un banco», destacó.
Rogelio Gómez Hermosillo, especialista en pobreza, cuestionó que exista poca información de los mecanismos de control que tiene el Gobierno para garantizar que todos los beneficiarios reciban su dinero.