La figura de la prisión preventiva oficiosa está sujeta a presiones políticas, a pesar de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la declaró inválida en la Constitución, señaló el abogado penalista José Luis Eloy Morales Brand.
La discusión sobre la validez de la prisión preventiva oficiosa tiene antecedentes de desechamiento de un proyecto previo por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizó Morales Brand. Agregó que la decisión podría mantener la validez de esta figura, considerando las numerosas presiones políticas que influyen en el máximo tribunal.
El abogado advirtió que la suspensión de cualquier juicio de amparo que busca la invalidez de la prisión preventiva oficiosa hasta que la controversia constitucional sea resuelta por el pleno es una incongruencia en la discusión. Esta pausa impide a una persona defender su derecho a permanecer en libertad durante un proceso viciado.
Morales Brand explicó que la Corte buscaría establecer un criterio que reconozca la prohibición de la prisión preventiva oficiosa conforme a la convencionalidad, sin oponerse a la Constitución. Los plenos de circuito del Poder Judicial de la Federación ya han fijado criterios a favor y en contra, lo que implica que la decisión de la Corte podría determinarse desde una visión política, mientras se discute la reforma judicial en el Congreso de la Unión.
El especialista subrayó que la decisión de la Corte sobre la prisión preventiva no debe ignorar la necesidad de resoluciones prontas para quienes se amparan por una violación constitucional que los mantiene en prisión, ya que no se puede demorar tanto en decidir sobre la reclusión de una persona.