Con el reporte de tres robos mensuales en escuelas públicas que son denunciados ante el Ministerio Público, la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF) aseveró que existe otra cifra que no se tiene cuantificada, pero que responde a daños menores causados en infraestructura educativa, donde los directores y mesas directivas de papás deciden no notificarlo ante la autoridad.

María Élida Gutiérrez Padilla, presidenta de la AEPF, aseveró que la situación es complicada, porque por un lado se trabaja para recolectar y administrar los dineros para comprar todo aquello que requiere la escuela para el servicio educativo, pero vienen otros a llevárselo para venderlo con otros propósitos delictivos.

Además, reveló que los delincuentes suelen amenazar a la comunidad, lo que genera algunas inquietudes en la población, sin embargo los padres de familia junto con los directivos y docentes de las escuelas han procedido a resguardar los bienes educativos, así como a solicitar el auxilio de las corporaciones cuando resulta necesario.

La presidenta de este organismo educativo indicó que los artículos que más se llevan de las escuelas son cañones de proyección, computadoras y herramientas de las áreas de intendencia, todo aquello de fácil acceso y maniobrabilidad.

Sin embargo, en robos menores, por ejemplo donde el impacto no pasó de los quinientos pesos, los directores y las mesas directivas de padres de familia evalúan si es necesario o no acudir ante la Fiscalía General del Estado.

La presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia calculó que un promedio de otros tres casos de robos pequeños se registran por mes en las instituciones educativas del sector público, aunque ese dato podría ser mayor, “pero se ha observado que la gente que ingresa a las escuelas lo hacen por necesidad económica o bien para satisfacer sus adicciones”, puntualizó.