Volver a las clases presenciales es un anhelo general, pero esto será una realidad cuando esté vacunado todo el personal de las escuelas, tanto profesores como personal administrativo y manual, lo que por el momento no está en el radar de la Federación, que en una segunda etapa de vacunación a los docentes no incluyó a Aguascalientes.

De acuerdo con el Caronte mexicano, unos 530 mil profesores y trabajadores educativos de cinco estados serán inoculados para el regreso a clases como parte del Plan Nacional de Vacunación, lo que comprende Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas y que según Hugo López tienen una baja actividad epidemiológica.

El pasado 13 abril el gobernador Martín Orozco Sandoval señaló que el regreso a clases será de manera voluntaria, por lo que la decisión queda en los padres de familia de llevar o no a sus hijos a la escuela. Se tiene previsto que esto podría suceder el mes próximo, pero para ello la Sección Uno del SNTE ha sido muy precisa: sin estar vacunado todo el personal no habrá regreso, además exige que el semáforo epidemiológico esté en verde.

El pasado 12 de abril varios planteles de educación básica reiniciaron actividades bajo el esquema de asesoría voluntaria, que tiene como meta regularizar a los alumnos que tienen problemas para conectarse a internet.

El mandatario afirmó que seguirá insistiendo ante el Gobierno Federal para que a la mayor brevedad se inserte en la vacunación a todos los trabajadores del área educativa de Aguascalientes, lo mismo que a los médicos y personal de apoyo del sector privado.

A nivel nacional consideran que para finales de abril concluirá la vacunación a los 250 mil trabajadores de la salud de “primera línea” y a 15 millones de adultos mayores, a la par que en la última semana de abril comienza la inmunización del segmento de 50 a 59 años de edad, lo que podría concluir en junio. Para cumplir con esta labor habrá nueva coordinación, misma que seguirá encabezada por la Secretaría de Salud y tendrá el apoyo de enlaces estatales, en Veracruz con la Secretaría de Marina y la SEP; en Tamaulipas y Coahuila con la Secretaría de la Defensa Nacional; en Chiapas, con el Seguro Social, y en Nayarit con el ISSSTE.

Mientras tanto en Aguascalientes se abre un compás de espera, lo que hace más espinosa la situación ya que alumnos, padres de familia y profesores dan muestras de agotamiento. Han estado más de un año en confinamiento, lo que ha obligado a modificar la conducta familiar y que los preceptores dediquen más horas a la enseñanza en línea y asesorías, por lo que el sentir general es que ojalá pronto se resuelva el asunto de la vacunación y pueda regresarse a las aulas, que es el anhelo global.

JUGUETEAN CON EL PTU

Una tradición que cada año se hace presente es la disputa que hay entre las representaciones obrero-patronales, en relación con el reparto de utilidades, donde los sindicalistas aseguran que sí habrá y los empleadores insisten que las ganancias fueron magras.

Es un estira y afloja que perturba a las galerías y acarrea un sinfín de explicaciones de unos y otros, pero a final de cuentas se otorga lo que establece la ley y donde no hubo provechos hay una entrega simbólica del equivalente a quince días de salario, con lo que se cierra una página más.

Este año no podía ser la excepción sobre el tan traído y llevado PTU (Participación de los Trabajadores en el Reparto de Utilidades de la Empresa), lo que en resumen significa que del 100% de las utilidades el 90% es para la empresa y el 10% restante lo recibe el empleado.

La cuestión gira en torno a la ya muy lejana exigencia patronal –y que cada año actualiza- de que se elimine el PTU, bajo el argumento que el porcentaje que recibe el trabajador se debe invertir en la empresa para crear más empleos, cuestión que no es aceptada por la representación obrera al considerar que es un acto de justicia que quien aporta su esfuerzo tenga derecho a una pellizcada de lo obtenido.

El pasado 11 de abril, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), Manuel Alejandro González Martínez, consideró que esta vez habrá una disminución en el PTU hasta por el 40% debido a que casi por un año ha estado presente la pandemia, lo que se ve reflejado en las actividades lucrativas, que han sido severamente dañadas.

En el caso de Nissan, convertido en el portaestandarte del sistema productivo estatal, el funcionario adelantó que planea entregar el equivalente a 22 días de salario, lo que de alguna manera es positivo ya que la empresa ha tenido que llevar varios paros técnicos y que siguen hasta la fecha ante la falta de componentes.

Por su parte, el presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex local, Juventino Romero de la Torre, dijo que como el Gobierno Federal se negó a condonar los impuestos en los momentos más críticos de 2020 y ante la suspensión de labores por semanas a que se les obligó como parte de la emergencia sanitaria, esta vez el sector privado no está en condiciones de cumplir con el reparto de utilidades. Afirmó que “una gran parte de las empresas que, milagrosamente, pudieron sobrevivir al corte del año pasado, no cuenta con la solvencia económica para el pago de esta prestación”, asimismo se debe tener en cuenta que el sector empresarial “hizo un esfuerzo extraordinario para mantener, en algunos casos, intactas las plantillas laborales a pesar de las adversidades enfrentadas, como el pago de cargas tributarias en momentos críticos, cumplir con el pago de sueldos y seguridad social, aún cuando las empresas no producían y no vendían”, por lo tanto no puede haber entrega de algo que no se tiene.

El máximo dirigente sindical del estado, José Alfredo González, emitió su propio punto de vista, al considerar que sí habrá PTU y que en los casos donde no hubo utilidades se hará uso de la cláusula de garantía en las empresas con las que tiene contracto colectivo. Dijo que en las agrupaciones están conscientes que la mayoría de las empresas presenta números rojos, por lo que se recurrirá a la citada cláusula, misma que establece que en caso de no haber utilidades, o que la cantidad que corresponde al PTU sea inferior al número de días de salario, se deberá entregar el equivalente a 20 días de salario, con lo que quedará zanjado este asunto.

SINODALES CHAFAS

¿En manos de quien están los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado?, porque si los diputados locales son incapaces de resolver los asuntos que son de su competencia ¿cómo pueden determinar que los miembros del Poder Judicial tienen aptitudes para seguir en el cargo que ocupan?

Por segunda vez en menos de un año se presenta una situación similar, luego de que la actual presidenta del STJE, Gabriela Espinosa Castorena, solicitó la ratificación en la magistratura, lo que llevó a varios diputados a que asumieran un plan de perdonavidas, al tratar de impedir esta justa aspiración.

Ahora es el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez, quien concluye su período el 14 de mayo y solicita continuar en el cargo, para ello deberá contar con la anuncia del Congreso, cuyos integrantes se encargarán de evaluar “a profundidad” su desempeño en la máxima instancia judicial.

El asunto no tuviera mayor trascendencia que sujetarse a un trámite administrativo, pero a como se las gastan los legisladores es factible que actúen de la misma manera que en el primer caso, pese a que son los menos evaluados como sinodales. Vaya un botón de muestra: tienen más de 600 iniciativas sin resolver, una parte heredadas y otras que se han acumulado en el actual ejercicio. Mientras que en el Poder Judicial van al día, en el Legislativo la indolencia es el sello característico y no de este grupo parlamentario sino que se arrastra desde hace varios trienios sin que exista alguien capaz de hacer un trabajo efectivo en comisiones y ante el pleno.

Pues estos son los señores y las señoras que habrán de resolver si ha hecho bien su trabajo el magistrado Juan Manuel Ponce.

TARDÍO RECLAMO

El maridaje que existe entre Veolia y CCAPAMA es algo que no se puede ocultar. Son de esas relaciones que niegan su existencia y sin embargo están a la vista de todos, por lo que la acusación de la diputada Natzielly Rodríguez Calzada vino a confirmar que más de 200 mil usuarios están al capricho de la compañía francesa, que ha sido ineficaz para resolver el faltante del líquido en diferentes lugares de la ciudad capital, aunque eso sí, es muy enérgica a la hora de cobrar.

En varias ocasiones se ha señalado en este y otros espacios que los diputados tienen la facultad de someter al impero de la ley a la citada empresa, puesto que si fue el Congreso el que concibió y aprobó el título de concesión, de la misma manera puede modificarlo e inclusive anularlo, sólo que a sus integrantes les gusta hacerle al embozado.

Afirma Rodríguez Calzada que las negligencias de la Comisión “Ciudadana” de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) provoca que Veolia cometa toda clase de abusos “o que los desarrolladores de vivienda comprometan a habitantes de fraccionamientos a pagar el agua que no han consumido”.

En su opinión, CCAPAMA debería atender las quejas y obligar a que Veolia las resuelva en un tiempo límite, pero lejos de ello la dependencia municipal se asume como “un empleado más de la concesionaria”, lo que genera demasiados conflictos en que el único que pierde es el pueblo.

Según la legisladora, tiene más de dos años de representar y gestionar ante ambas instancias los casos de cobros excesivos, principalmente del fraccionamiento Villa Montaña, “mismos que no han sido resueltos” y ahora se presenta una situación similar en otro asentamiento, el Viñedos del Sur, cuyos vecinos acudieron con ella a denunciar que pretenden cobrarles 5 mil pesos por el servicio de agua, problema que corresponde a un adeudo de tiene la constructora con Veolia y que la empresa pretende que paguen los residentes, algo que es totalmente fuera de lugar y demuestra una actitud abusiva, porque sabe que no hay quién la obligue a someterse al imperio de la ley.

Lo único que los habitantes de Viñedos del Sur están dispuestos a pagar son 200 pesos y si la constructora tiene un cargo con Veolia que se lo cobre directamente y no trate de imponer condiciones a quienes no tienen nada que ver con ese asunto.

En el fondo hay un total desaseo del Ayuntamiento de Aguascalientes, que a base de fábulas prometió hace casi cinco años que actuaría con mano dura contra Veolia, inclusive en repetidas ocasiones anunció que echará de aquí a la firma europea, pero todo ha sido parte de un ardid, primero para lograr la reelección de la alcaldesa, hoy con licencia, y ahora en aras de conseguir su regreso al Congreso de la Unión, del que salió en 2016 para venir a gobernar el municipio y que ahora espera le sirva de catapulta para alcanzar la gubernatura, en 2022.

LA HACE DE EMOCIÓN

Aunque debería haber un correctivo a los funcionarios que no hagan honor a sus compromisos, sean verbales y por escrito, lo cierto es que muchas veces asumen algo que después no se puede resolver, lo cual lleva al desencanto a los presuntos beneficiados, es el caso del reparto de concesiones para taxi, que una y otra vez les dicen que “ahora sí” se hará.

El titular de movilidad, Ricardo Serrano Rangel, prometió que este mes hará la entrega, pero los que están en la lista de potenciales favorecidos toman sus palabras con cautela como una manera de evitar otro desengaño. Sostiene el funcionario que se ha tardado porque ha tenido que revisar más de 600 solicitudes, de los cuales se entregarán solamente 200 permisos.

A decir verdad se hará en un momento crítico, porque la tan llevada y traída “normalidad” tardará en materializarse. Mientras el sector educativo no regrese a clases presenciales seguirá la atonía en el transporte de alquiler, además de que continúa la insistencia de algunos grupos para que los habitantes no salgan de sus hogares y así haya menor movimiento social.

Lógicamente, los que hoy son choferes quieren pasar a la categoría de patrón y sobre todo porque esto significa dejar de pagar la liquidación, que va de 200 a 300 pesos por turno y entregar el vehículo lavado y con tanque lleno. En cambio, en lo sucesivo podrán contratar a otros compañeros para que trabajen la unidad y hagan el mismo desembolso que hoy hacen ellos.

Quienes sean beneficiados enfrentarán una realidad durante un tiempo, tal vez tres o cuatro años, como es el pago de la mensualidad a la agencia que les financió el vehículo, además de la aportación por los derechos y la anualidad que corresponde para revalidar la concesión. Son gastos obligados que deben salir de un mercado que avanza sin prisas, de ahí que mentalmente deben estar preparados para afrontar esta etapa, aunque después vendrá la de reír y cantar.

RUSTICIDAD POLÍTICA

Los organismos electorales, tanto federal como estatal, meten en cada vericueto a los partidos que más bien tienen visos de fastidiar. Segmentar las fechas de inicio de las campañas, según se trate de nacionales o locales y que además vaya de acuerdo con el número de habitantes de cada lugar, genera confusión entre los ciudadanos y coarta las posibilidades de triunfo de los candidatos.

Por el momento ya está en marcha el proselitismo de los aspirantes a una diputación federal, en los tres distritos que está dividido el estado. Mañana lunes será en los 18 distritos a diputados locales y de ayuntamientos con más de 40 mil habitantes, incluido Aguascalientes, y el 4 de mayo dará inicio el período de campaña para la elección de ayuntamiento con menos de 40 mil habitantes.

Fragmentar el comienzo de las campañas evita que exista homogeneidad en el trabajo partidista, porque mientras unos están en plena marcha, otros comienzan a calentar motores. Si se mira hacia atrás, cuando todos comenzaban al mismo tiempo, por razón natural los de mayor arraigo “arrastraban” a los demás y los de menores posibilidades se recargaban en ellos, con lo que se hacía una labor sostenida en grandes y pequeñas poblaciones, en cambio hoy es difícil que el abanderado a una diputación federal vaya a un vecindario de 300 o 500 habitantes, cuando lo que necesita es ir a donde exista un potencial mayor.

Son cuestiones que se deberían analizar y considerar, no lo que el funcionario electoral suponga que es lo mejor, sino lo que necesitan los electores, que por una extraña razón son a los que menos se toma en cuenta, aunque eso sí, en su nombre se hace toda clase de movimientos, creyéndose que con ello se descubre el hilo negro.

Asimismo, a partir de mañana y hasta el 6 de junio queda prohibida la difusión en los medios masivos de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios y cualquier ente público.

Por si faltara algo está el exceso de partidos y candidatos en competencia, por lo que difícilmente podrán los ciudadanos analizar cada una de las opciones para escoger la que mejor se acomode a sus intereses. Por consiguiente, es casi seguro que a final de cuentas vote por el partido que tradicionalmente lo ha hecho, sin descartar que en algunos casos vote por las personas. En este revoltijo todo puede suceder, por lo que miente el Gus, al asegurar que su partido va en caballo de hacienda.