La vacuna anti-Covid es únicamente el principio de un recorrido que debe hacerse antes de que desaparezca esta enfermedad, por lo que no hay que crear falsas expectativas ni que la sociedad reduzca las recomendaciones del sector salud, por consiguiente es indispensable seguir con el uso permanente del cubrebocas, utilizar el gel antibacterial, lavado constante de manos, guardar la distancia y en lo posible salir a la calle sólo a lo indispensable.

Debe haber un moderado optimismo de que esta situación sea dominada, pero para que esto ocurra habrá que ver, en primer lugar, los efectos que tengan las vacunas que ya se inyectan en varias partes del mundo y próximamente se hará en México, por lo que nadie debe descuidar las medidas de prevención en tanto no se tengan resultados tangibles en todos los países.

Por un tiempo seguirá siendo una enfermedad endémica y altamente contagiosa, por lo que debe mantenerse el estado de alerta permanente que ha caracterizado los últimos nueve meses y por lo mismo nadie debe descuidar su condición personal, familiar y laboral.

Aunque el Caronte mexicano delineó una ruta que permitirá llevar a cabo la vacunación masiva, no dijo de qué manera se hará, porque la logística no es sólo utilizar al Ejército y a la Marina para el traslado del inmunizante a los centros de operación, en este caso la Ciudad de México y Coahuila, sino tener el personal calificado para administrarlo a cada ciudadano.

Por lo anterior el gobernador Martín Orozco Sandoval, estableció un acuerdo con la Universidad Autónoma de Aguascalientes para que la Benemérita institución ponga a disposición 10 congeladores con capacidad para almacenar las vacunas bajo las temperaturas correspondientes, esto es, a 70 grados bajo cero.

Durante la visita que hizo a las instalaciones de ultra congelación, el mandatario mencionó que se pueden conservar hasta 3.5 millones de dosis del biológico, lo que podría convertir a Aguascalientes en un estado regional para el almacenamiento y distribución de la vacuna, lo que dicho sea de paso es un acto de altruismo de la UAA, que a través de su rector Francisco Javier Avelar González puso a disposición la capacidad y experiencia de la Universidad para que la entidad acelere el paso y pronto se inicie este proceso, apoyo que es de toda la casa de estudios que engloba a académicos, investigadores y alumnos y al personal administrativo y operativo.

Asimismo, el gobierno del estado tiene previsto que podría gastar hasta 200 millones de pesos para tal fin, esto sin necesidad de recurrir a un crédito, ya que serían solventados en el curso de 2021 y 2022, que son los  últimos dos años de la actual administración, lo único que falta por resolver es que el gobierno central autorice la compra directa o a través de la propia Federación, lo que sería un valioso apoyo para el programa nacional ya que se avanzaría más rápido si algunos estados siguen el ejemplo local.

SIN CAMBIOS

De manera categórica, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, declaró que en lo que resta del mes de diciembre no habrá cierre de negocios ni empresas, lo que acaba con las especulaciones que se hicieron circular en redes sociales de que se prepara un nuevo decreto.

Lo anterior había creado un clima de incertidumbre entre los comerciantes en general, pero principalmente en la clase trabajadora, que es la que más ha sido perjudicada con este tipo de medidas al recibir en varios casos la mitad de su salario y a veces ni eso, con el argumento patronal (muy válido por cierto), de que si no tenían ventas carecían de dinero para atender las necesidades de sus empleados.

El gobernador Martin Orozco fue muy claro, al precisar que es indispensable reactivar la economía y la única manera es que los establecimientos estén abiertos y que los potenciales compradores asuman un comportamiento responsable que permita reducir el número de contagios, lo que contribuirá para que en enero sigan las mismas disposiciones.

Fue importante que el mandatario atajara esa campaña insidiosa, que sólo busca turbar y dividir, al citar que empresarios, trabajadores, comerciantes y prestadores de servicios han hecho un gran sacrificio durante la pandemia, por lo que al ser diciembre un mes en que hay una importante derrama económica deben estar abiertos para recibir a los clientes y de alguna manera tener una recuperación.

Reconoció que las dos semanas de confinamiento que tuvo lugar el pasado mes de noviembre, representó un respiro para el sector salud, al haber una ligera disminución en contagios y hospitalizados, lo que hace abrigar esperanzas de que quede atrás el pico y siga en una meseta, para que a partir de ahí se logre reducir este escenario.

A la par que dejó en claro que no habrá cierres, Orozco Sandoval reiteró la exhortación para que no se hagan reuniones sociales ni familiares en esta temporada, que aún cuando represente un sacrificio ya que es una época en que tradicionalmente se congrega la familia, los amigos y compañeros de trabajo, hay que hacerlo como única vía de evitar la propagación del germen. Se debe pensar que al hacerlo es en beneficio propio, de la familia y de los allegados, que la Navidad y el Año Nuevo sean fechas íntimas y no después de tristeza y dolor porque alguien salió contagiado.

En términos similares se refirió el secretario de salud estatal, Miguel Ángel Piza Jiménez, al instar a los aguascalentenses en general para que en ningún momento reduzcan las medidas sanitarias, teniéndose en cuenta que la pandemia sigue presente, por lo que deben olvidarse de posadas y convites, evitando asistir a reuniones masivas, inclusive recomendó que si hay una comida o cena con motivo de la Navidad o el Año Nuevo, que sea sólo entre las personas que residen en la misma vivienda, dejando para más adelante hacerlo con los demás familiares.

Ojalá que cada una de las sugerencias se acaten, por el bien personal y el de todos, que a final de cuentas lo que se busca es el beneficio de cada uno.

RETOS MUNICIPALES

Todo iba bien para la alcaldía de Aguascalientes, de acuerdo al plan trazado con miras a 2022, pero nunca imaginaron los estrategas que surgirían algunos imponderables que obligan a modificar los planes para salir lo más airoso posible.

La pretensión de alargar la aplicación de la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de no cobrar el servicio del alumbrado público (DAP) por ser un acto inconstitucional, tiene quejumbrosos a los funcionarios de Finanzas, cuyo titular Alfredo Martín Cervantes García, todavía alberga esperanzas de seguir imponiendo esa alcabala, al citar que se han reunido los tesoreros de los once municipios para de manera coordinada tratar de resolver este asunto, el cual le significará al ayuntamiento capitalino una reducción de 160 millones de pesos, por lo que meditan que una salida sería reducir los descuentos que se hacen en el pago del predial, lo mismo que en otros programas, lo que podría ser un bajón de 50 a 60%, que naturalmente impactará en el interés de los ciudadanos de pagar a tiempo, acción que deberá definirse antes del 21 de diciembre, fecha en que el Congreso del Estado procederá a autorizar las leyes de ingresos de los municipios para el ejercicio fiscal 2021.

Pero las malas noticias no vienen  solas, porque la Federación eliminará el año próximo recursos al gobierno municipal de Aguascalientes por casi 40 millones de pesos, destinados al Fortalecimiento de Seguridad (Fortaseg), lo que aún cuando la alcaldesa María Teresa Jiménez aseguró que no habrá recortes para seguridad pública, el apoyo millonario no se suple con buenos deseos, por lo que si quiere seguir adelante con los programas definidos para esa área, otras serán sacrificadas y así tener el dinero necesario.

SIN TARDANZA

La atención en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPP) “debe mejorar sin dilación a 100% de los procesos”, dijo tajante el gobernador Martín Orozco, por lo que el secretario de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial y Catastral (Seguot), Armando Roque Cruz y el director del RPP, Ignacio Delgado Macías, están obligados a presentar resultados en un tiempo breve.

Ha sido molesto para el mandatario escuchar múltiples quejas de las anomalías que ha presentado el RPP en prácticamente todo el año 2020, lo que genera pérdidas económicas no sólo para el erario que deja de cobrar por los servicios que proporciona, sino que perjudica enormemente al sector inmobiliario, a los notarios, abogados y a los usuarios en general, que batallan para tener acceso a la información que por ley debe proporcionar el organismo.

Este Diario ha sido el conducto de las denuncias que han hecho los afectados, quienes incluso publicaron escritos en que relataban la situación por la que atravesaban y al mismo tiempo exigían una respuesta, misma que con diversas excusas se posponía, lo que motivó cambios en la dirección del RPP pero ni con eso se logró la solución tan largamente anhelada.

Para terminar de una vez por todas con el desbarajuste, el titular del Poder Ejecutivo se reunió en su despacho de palacio de gobierno con los funcionarios citados y a la que también acudieron el director general del Instituto Catastral del Estado, Andrés Gutiérrez Díaz y Hugo Rubén Delgado Puentes, director de Ordenamiento Territorial.

El propósito fue escuchar de viva voz qué está pasando en el Registro Público y el porqué no pueden resolver el problema, que cabe recordar, se originó por el hackeo de que fue objeto, pero de esto han pasado casi 10 meses, tiempo más que suficiente para encontrar una salida.

Orozco Sandoval no se anduvo con ambages al citar que no debe haber mayor demora ante las demandas de la población, que con todo derecho exige servicios “al 100” y en esto deben estar comprometidos los titulares de las dependencias.

Roque Cruz aseveró que las oficinas del Registro Público se encuentran abiertas al público, “con excepción de las computadoras para consulta” (que es una de mayores exigencias de los usuarios, quienes piden que si no son capaces de ofrecer la atención por medios cibernéticos se haga a la “antigüita”, esto es, de manera manual), pero después de diez meses el titular de la Seguot sólo se compromete a que “se tomarán todas las medidas sanitarias necesarias en esta área”.y que se digitalizará el total de la Secretaría, lo que seguramente le llevará los 22 meses que le restan a la actual administración.

APEGO A LA LEY

La pandemia no ha sido obstáculo para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) cumpla con las exigencias de una sociedad ávida de ser escuchada y que sus reclamos tengan una respuesta en tiempo y forma, señaló el presidente de este organismo José Asunción Gutiérrez Padilla.

Al rendir el tercer informe de actividades, señaló que durante 2020 se recibieron 374 quejas, de las cuales sólo 99 están en trámite y el resto ya fueron resueltas, con lo que se cumple uno de los compromisos torales de resolverlos en el plazo no mayor a los 90 días que fija la ley.

Muy lejanas parecen las condiciones en que inició su camino la CEDH, cuando el primer ombudsman Miguel Sarre Iñiguez – designado por el entonces gobernador Miguel Ángel Barberena Vega -, tuvo la agudeza de encerrarse tres días en el penal de la salida a Calvillo, para conocer de primera mano cuál era el trato que recibían los internos y el tipo de comida que les suministraban, lo que lógicamente, al anunciarlo con anticipación generó que los privados de su libertad tuvieran un buena atención de los custodios y que los alimentos fueran de buen nivel, con lo que desechó las quejas que hacían familiares ya que él vivió en primera persona la realidad.

Hoy no se requiere que el titular de la CEDH recurra a ese tipo de sutilezas ya que basta con que personal del mismo organismo realice visitas inesperadas a cada reclusorio para constatar las condiciones en que se desarrolla la vida de los penados y si ha lugar para tomar alguna medida.

Lo anterior se demuestra con el programa de visitas a centros de reclusión y al que se adjuntó los anexos, realizándose un total de 60, que abarcó dos recorridos a recintos estatales y municipales, asimismo, dentro de las actividades que realizó la Comisión fue de 87 gestiones exitosas ante las respuestas inmediatas de las autoridades a reclamos ciudadanos, también continuó la promoción y educación en derechos humanos en 174 instituciones educativas de todos los niveles y de programas de capacitación por parte del personal asignado a la CEDH mediante cursos y talleres y de conversatorios y foros dirigidos a un total de 54,811 personas.

De manera enérgica, Gutiérrez Padilla señaló que la cultura de los derechos humanos no puede mantenerse mediante recomendaciones, ni a fuerza de sentencias, por lo que debe haber participación de los interesados  para reducir el número de hechos lesivos.

En conclusión, el presidente de la CEDH sostuvo que “se debe asumir que los derechos humanos no son una postergación o un obstáculo para la consecución de determinados objetivos sociales, sino que son el principal elemento para alcanzar un destino de paz y justicia. Las autoridades deben tener a los derechos humanos como principal punto de referencia, el poder público no se ejerce sobre el vacío ni de espaldas a una exigente justificación filosófica”.

EXTERMINIO

Antes de entrar en materia permítase hacer un breve recuento de lo sucedido en los primeros años de la irrupción española a tierras mesoamericanas y a toda la región norte de México y casi la mitad del sur de Estados Unidos. De ninguna manera la zona estaba deshabitada, tan es así que encontraron una férrea defensa de los pueblos que hoy se conoce como originarios. Puede decirse que el territorio que ocupaba cada tribu (aztecas, toltecas, chichimecas, tarascos, etc.) era el que habían obtenido mediante las luchas entre sí y que abarcaban desde ciertos cerros, lagos o ríos, lo que aprovecharon los invasores para “darse” entre sí títulos de propiedad que más tarde eran avalados por el Rey de España, para de esta manera consumar el despojo de que fueron objeto los naturales, que por más que lucharon no pudieron vencer con arcos y flechas a los arcabuces que les eran desconocidos.

Bien, la iniciación del llamado “comercio organizado” tiene sus raíces en el trueque, en el ambulantaje y en la venta directa de los productores agrícolas en los centros de población. Más tarde se crearon negocios fijos que compraban los artículos a los hombres y mujeres del campo, sin embargo nunca desapareció la comercialización abierta de los campesinos en los núcleos urbanos.

Hoy son insistentes las voces (de Canaco, Acocen y otros organismos) para que el Ayuntamiento capitalino y de otros municipios cancele los permisos a los vendedores callejeros, bajo el argumento que representan un “foco de infección” y a los que culpan de la propagación del coronavirus, cuando lo cierto que de siempre han tratado de que los eliminen o los envíen lo más lejos posible de la mancha urbana. Muchos de lo que declaran o firman esa demanda tienen entre sus antepasados a los que actualmente son tianguistas y minoristas en la vía pública, sólo que por estar en un local se olvidan que quien manda son los compradores y si ellos prefieren adquirir un producto de alguien que esté a pie de banqueta lo más lógico es que mejoren sus estrategias de venta para atraer a los “marchantes”, pero no recurrir a chicanas para pulverizar a la competencia.