Cada vez que hay un reparto de la canasta federal, los municipios están de fiesta al recibir un recurso fresco que aún cuando tenían esperanzas de recibirlo no tenían la certeza del monto y cuándo llegaría, lo que sin duda, bien empleado, será de gran provecho para los habitantes de cada lugar.

El único problema, y vaya que lo es, que no dan a conocer en qué lo emplean, porque en la ejecución de obras y servicios sólo mencionan que una parte se logró gracias a las gestiones del “señor presidente municipal”, sin precisar cuánto destinó el gobierno central y lo que empleó el ayuntamiento.

En un asunto aparentemente sin importancia pero lo tiene a partir que en el gasto anual municipal está previsto el programa de obras y aunque se diga que también se incluyeron las partidas federales hacerlo resulta un acto azaroso, ya que no sabe si se cristalizará  y cuál será la cantidad, puesto que depende de varios factores, principalmente que se haya cumplido con los convenios de coordinación fiscal, que básicamente permite a los municipios hacer la cobranza federal y de lo que haya logrado se le da una parte, entonces es un porcentaje aleatorio que se sabe hasta que se radica aquí.

En el gobierno de Vicente Fox hubo importantes apoyos a estados y municipios del país gracias al precio del petróleo, que en algún momento rebasó la barrera de los cien pesos el barril, por lo que se compartió bastante dinero, pero en la vida de los ciudadanos no se notó esa etapa de abundancia ya que todo siguió su ritmo normal. Tampoco a nivel nacional hubo obras que fueran recordadas por aquella época, consecuentemente la gran pregunta para los tres órdenes de gobierno de ese período es ¿a dónde fueron a parar dichos recursos?

Por otra parte se mantiene el viejo esquema de dar al que tiene más, por lo que el florecimiento de unos es el atraso de otros, de ahí que Aguascalientes capital de nueva cuenta obtuvo una rebanada que ni sumando la de los otros diez se le aproximaría. Fueron más de 331 millones, esto es, el 59.55% del total de 556 millones 362 mil 056 pesos.

Por el contrario Cosío obtuvo 15 millones 497 mil 887 pesos (2.78%), lo que técnicamente es a lo que tiene derecho, pero que lo aleja de lograr mejores condiciones de vida para arraigar a sus habitantes, que no tienen otra opción que emigrar hacia la ciudad de Aguascalientes y de otros estados o irse a Estados Unidos y Canadá.

En estas condiciones, con recursos propios y los apoyos federales y estatales no podrá crear las condiciones para atraer la inversión que ofrezca empleo, arraigo y estabilidad familiar, como tampoco es posible que lo haga San José de Gracia, Tepezalá, Asientos y El Llano, que tampoco les va nada bien en este tipo de reparto.

Al que le fue mejor de los 10 ayuntamientos fuera de la capital fue a Jesús María, al asignarle 35.4 millones de pesos, Calvillo 28.087 millones, San Francisco de los Romo 24.057 millones, Rincón de Romos 22.4 millones y Pabellón de Arteaga 21.8 millones de pesos,

El común denominador es que ninguno alcanzó la barrera de los 30 millones de pesos, por lo que todo seguirá igual, con una ciudad que crece a pasos agigantados engulléndose la mano de obra de los demás municipios, que aún cuando sigan radicando en su lugar de origen la única oportunidad que hay es trabajar en alguna empresa y ésta se encuentra a varios kilómetros de distancia.

Es una situación que mantiene a años luz de que se cumpla el viejo axioma de la “justa distribución de la riqueza”, que tanto halaga a los políticos mencionar en sus discursos.

GIMOTEOS SIN LÍMITES

Un dolor de cabeza para los ayuntamientos, principalmente para el de la capital, es el pago de indemnizaciones por juicios laborales, de lo que habló por última ocasión el pasado 7 de enero el hoy ex secretario de Administración, José Antonio Arámbula, al mencionar que en 2018 se resolvieron 60 juicios que obligó al pago de 16 millones de pesos, pero dejó pendientes 285 asuntos.

Las razones para que la autoridad y las empresas privadas pierdan los pleitos las define claramente el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Héctor Gerardo Gómez Castro, al considerar que “la principal causa de demandas sigue siendo los despidos injustificados, donde en la mayoría de los casos el trabajador es quien gana los juicios, toda vez que la ley está más inclinada hacia ellos”.

Si la patronal sabe cuáles son los caminos que le perjudican no hay razón para que siga recorriéndolos, por lo que antes de despedir a un empleado debe pensarlo dos veces, buscando ante todo una conciliación interna para siga la relación de trabajo, de lo contrario irá a los tribunales con la desventaja que su ex empleado y un abogado tratarán de sacarle hasta las células adiposas.

El problema para el gobierno de la ciudad es que la mitad de los 285 juicios pendientes se refieren a policías, que según aceptó Arámbula “son complicados de su resolución judicial”.

Mientras que en otros ayuntamientos la costumbre era incluir en el presupuesto anual el ingreso por multas de tránsito, a las que incluso se asignaba una cantidad que debía recabarse y tenían un destino, en el caso de los juicios laborales este año tiene una partida anual de 25 millones para el pago de desagravios, misma cantidad que se manejó en 2018, con lo que da por descontado que perderá los litigios y la única posibilidad de reducir la cantidad es llegar a un arreglo en cada caso con el demandante.

Aunque tarde, pero se dan los pasos necesarios para evitar este tipo de problemas que se registran en la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Cabildo en el ramo, al ser más cautelosos al momento de remover a los agentes policíacos “porque a la hora de la defensa les conceden muchos privilegios”, reflexionó José Antonio Arámbula.

Lo que sale del guión es que el área jurídica no tome en cuenta los “muchos privilegios” que reciben los ex trabajadores, en lo que debe estar al día para tener elementos que respondan a los argumentos de la defensa, además que si quien los cesa carece de conocimientos de la ley laboral siempre la meterá en un embrollo.

A un servidor público se le puede imputar que es indisciplinado, faltista, abusivo, cleptómano, flojo, por faltas a la moral, insultos o retos a un superior y todo lo imaginable, lo que es motivo de despido, sólo que las supuestas violaciones que cometió deben ser comprobadas y ahí es en donde la mayoría llega a ganar las demandas, ya que sale a relucir que el fondo de todo se debe al deterioro de la relación de jefe-empleado, por lo que la balanza de la justicia se inclina a favor del trabajador, que muchas veces obtiene el pago de salarios caídos y la reinstalación, en una demostración que le asistía la razón, por consiguiente los superiores tienen que reflexionar antes de proceder.

¿QUÉ PROMETER?

Como una contribución a los próximos candidatos y candidatas al Ayuntamiento de Aguascalientes podrían ofrecer a los ciudadanos la anulación del impuesto conocido como Derecho de Alumbrado Público (DAP), que aún cuando representaría una disminución en los ingresos municipales no sería una cantidad exorbitante, teniéndose en cuenta los juicios que anualmente le ganan las grandes empresas que tradicionalmente se han negado a someterse a un pago ilegal. Esto ayudaría grandemente a las familias con menores recursos, que son las que son pagadoras cautivas del DAP, toda vez que carecen de dinero para costear una defensoría. En cambio, su recibo de consumo de energía eléctrica se reduciría en un 10% que en mucho ayudaría a aminorar la carga económica.