Se dice que Julio César pronunció las célebres palabras “La suerte está echada”, momentos antes de cruzar el río Rubicón, lo que de acuerdo al derecho romano no le estaba permitido cruzarlo con su ejército en armas. Esto marcaba el límite del poder del gobernador de las Galias y hacerlo sería ilegal. La noche del 11 al 12 de enero del año 49 a de C. se detuvo ante el río y en seguida lo cruzó para darle valor a sus tropas y fue cuando dijo la frase que llega hasta estos días, que se utiliza como símil del reto que lanzan quienes saben que se van a enfrentar a un poder, pero ante las circunstancia están dispuestos a afrontar las consecuencias.

Eso fue justamente lo que hicieron los diez gobernadores que integraron la Alianza Federalista, que además de mostrar su desacuerdo con la forma como se rigen los destinos del país, decidieron separarse de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), al considerar que había dejado de tener una representación real ante el Poder Ejecutivo y como defensora de los intereses estatales.

Este lunes se reúne el grupo de los diez en Aguascalientes, en que se analizará lo que se ha logrado hasta la fecha y seguramente se abordará la situación que guarda el caso Chihuahua, que como se sabe hay una disputa entre el gobernador Javier Corral y el presidente de la República por las aguas que almacenan las presas y las cuales se exige entregue una parte para que México cumpla el convenio que tiene suscrito con Estados Unidos, a lo que se niega el sector agropecuario de la entidad debido a que al hacerlo no tendrían el líquido que requieren para 2021.

El mandatario local, Martín Orozco Sandoval, señaló que el propósito de la junta es examinar y concebir estrategias conjuntas que permitan llegar a acuerdos con el gobierno federal, en lo que se refiere a la fórmula que se aplica en el reparto de recursos que recaba la Secretaría de Hacienda y que los estados federalistas demandan que sea más equitativo, ya que actualmente el 80% se queda en la Federación, 15% se envía a los estados y 5% a los municipios.

Haberlo exigido ha propiciado el enojo del gobernante nacional, de ahí que no ha sido posible dar el siguiente paso al no haber un diálogo sobre el particular, mediante el cual se puedan acercar posturas, lo que no obsta para que los mandatarios estatales sigan acordando acciones en beneficio de sus respectivas demarcaciones que involucran a los diez.

Orozco Sandoval sostuvo que el propósito es trabajar de manera propositiva en la construcción de un país que respete el pacto federal, que favorezca a la colectividad en general, por lo que más allá de filias y fobias se tenga presente que el pueblo espera mejores condiciones de vida y esto será posible si hay acuerdos entre quienes tienen un grado de responsabilidad.

Por otra parte, MOS indicó que habrá un nuevo modelo de comunicación para tener un mayor acercamiento con la población y así esté enterada de lo que se ha hecho en los cuatro años que lleva al frente del gobierno. Aseguró que de acuerdo con una encuesta telefónica de Demoscopia, entre habitantes de 20 a 60 años, el 83.2% dijeron saber de la entrega que hizo del cuarto informe.

En estas condiciones se hará más ágil y cercana la información que genere el gobierno estatal y sus dependencias y direcciones generales, con lo que los aguascalentenses estarán mejor informados y con un gobierno más cercano.

EXPRESIONES

La evaluación que haga el Congreso del Estado sobre la ratificación por otro período de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tiene que ser de manera ecuánime, con una actitud objetiva, imparcial y que tenga en cuenta el trabajo que ha desempeñado al frente de uno de los Tres Poderes.

En lo anterior coinciden el ex presidente del Colegio de Abogados, Rogelio Ruiz Esparza Gómez y el profesor-investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, Claudio Antonio Granados  Macías.

Como es del conocimiento público, la magistrada Gabriela Espinosa Castorena está en etapa de evaluación ante el Congreso, lo que ha despertado opiniones de distinta índole, aunque en su mayoría a favor de que los diputados determinen que continúe en el cargo, teniendo en cuenta su hoja de servicios.

Ruiz Esparza Gómez consideró que la trayectoria de Espinosa Castorena es intachable, por lo que se pronunció que no debe ser opacada con tintes políticos, lo cual debe estar totalmente fuera de lo que es un asunto estrictamente profesional. Resaltó que como litigante y miembro del Colegio de Abogados ha podido seguir los 32 años de carrera judicial de la magistrada presidenta, desde que fue meritoria hasta alcanzar el máximo cargo, lo que le ha permitido ser una de las cuatro mujeres que encabeza en el país el Supremo Tribunal o Tribunal Superior, como se conoce en algunos estados, espacio que ha sabido ganar a base de experiencia, pericia y calidad profesional, haciendo un buen papel al saber darle su lugar a cada persona que trabaja bajo su mando y a los ciudadanos en general.

Sostuvo como presidente de la Junta de Honor y Justicia del Colegio de Abogados reconoce el esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial del Estado en estos tiempos de pandemia, donde el personal de todos los juzgados ha sido cuidado, determinándose labores en línea o alternando turnos para evitar demasiada afluencia que ponga en riesgo su salud, lo que también beneficia a los defensores que pueden llevar a cabo los casos sin exponerse al contagio.

Por su parte el catedrático Claudio Antonio Granados destacó que el Congreso debe atender el dictamen que presentó el Consejo de la Judicatura, además de atender los factores ya previstos en las constituciones federal y estatal y siguiendo un principio que permanecer en el Poder Judicial no es una concesión graciosa sino una garantía.

Asimismo, resaltó que los diputados deben circunscribirse a un documento que ya evaluó la labor de la magistrada Gabriela Espinosa y no optar por información secundaria, ya que con ello le restan importancia al Consejo de la Judicatura que es el único facultado para este tipo de evaluación, en el cual hay dos representantes del Legislativo, quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista antes de votar a favor del dictamen que se cursaría al Congreso.

Lo deseable es que analicen detenidamente lo que van a aprobar y si es en contra tenga los suficientes fundamentos, por lo que es importante que antes que den ese paso tengan en cuenta que pedir información adicional a la aportada por la Judicatura “sale de la legalidad, contraviene el orden Constitucional tanto de orden federal como local”, apuntó.

Queda poco tiempo para conocer el acuerdo a que llegaron los legisladores, que ojalá sea con estricto apego a la ley y no salgan con su domingo siete, como lo hicieron con las reformas a la ley educativa y el cobro ilegal del alumbrado público.

PIRATERÍA EN TAXIS

La denuncia que hizo el líder de Taxistas Revolucionarios de Aguascalientes, José del Refugio Eudave Ortiz, ratifica lo que es de sobra conocido, que a ciencia y paciencia de las autoridades de tránsito hay ruleteros “piratas”, lo que se hace ya no sólo de manera individual o esporádica sino que hay un lote de 100 vehículos particulares que operan en los fraccionamientos Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Rodolfo Landeros Gallegos y Cumbres. Es una actitud similar a la que aplicó Uber para meterse al mercado, aunque esta firma de procedencia estadounidense tiene un capital multimillonario en dólares que le permite enfrentar las demandas que tiene en varios países por realizar una actividad que no está permitida, porque hoy ya lo está, al menos en Aguascalientes así es. De acuerdo a la investigación que ha hecho Taxistas Revolucionarios, el servicio que ofrece ese lote de automóviles es más barato que el de los taxímetros y de plataforma. Aunque es un servicio que está a la vista de todo mundo, en Tránsito Municipal y en la Dirección de Movilidad no actúan y si no lo hacen es por alguna poderosa razón.