Por: Octavio Díaz García de León

 Para Octavio Jr.

La sociedad civil ha venido tomando un papel protagónico en la lucha contra la corrupción al grado de asumir un papel de alta responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Pero ello también ha tenido su costo. Desde las críticas recientes que han recibido por el proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) a nivel federal, las críticas anteriores por la selección del secretario técnico del Secretariado Ejecutivo, hasta el espionaje de que fueron víctimas quienes realizaron propuestas clave para el Sistema Anticorrupción. ¿Cuál será el futuro para la sociedad civil que ha decidido tomar un papel relevante en el combate a la corrupción? Se pone en juego su prestigio y posiblemente, la tranquilidad personal de sus integrantes.

Cuando hablo de sociedad civil en este artículo, no me refiero a todos los que podrían formar parte de ella. Esto es demasiado amplio y millones de personas participan de una manera u otra en organizaciones de la sociedad civil, tales como clubes deportivos, cámaras, asociaciones de todo tipo, etc.

Me refiero a personas que colaboran en organizaciones dedicadas a estudiar el problema y proponer políticas públicas en materia de combate a la corrupción. Estas personas pertenecen a organismos e instituciones que en su mayoría se encuentran en Ciudad de México; tienen amplio acceso a medios de comunicación; son muy solicitados como interlocutores por funcionarios del Gobierno; son personas con un alto perfil académico y en conjunto, quizá no pasen de ser un grupo de 100 personas.

¿Representan a la sociedad en su conjunto? No en el sentido de haber sido elegidos como tales. Tampoco son una muestra representativa de la sociedad civil. Sin embargo, por su acceso a los medios de comunicación y a funcionarios gubernamentales, tienen gran influencia ante la opinión pública educada y el gobierno, en materia de combate a la corrupción.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción prevé que la sociedad civil participe en el Sistema a través de los integrantes del CPC, quien presidirá al Comité Coordinador tanto a nivel federal como en los estados. Por ello, ni el presidente, ni el resto del Comité de Participación Ciudadana tendrán responsabilidad directa por la operación cotidiana de las instituciones que forman parte del Comité Coordinador.

La misma Ley dice que los miembros del CPC no son empleados de la Secretaría Ejecutiva y que serán remunerados por la vía de honorarios sin vínculo laboral con ella, aunque por otra parte esta Ley dice que de acuerdo al Artículo 108 Constitucional, se les considera servidores públicos para efectos de responsabilidades administrativas.

A partir de abril, tal y como lo dispuso la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, cinco integrantes de la sociedad civil, proveniente de este selecto grupo especializado en el tema de combate a la corrupción, se incorporaron al Comité de Participación Ciudadana en la Ciudad de México y uno de ellos asumió el cargo de presidente del Comité Coordinador del Sistema. Además, al Comité Coordinador se le ha dado una Secretaría Ejecutiva con un presupuesto de 214 millones de pesos en este año que servirán para contratar a 117 personas. Esta Secretaría Ejecutiva está encabezada por un secretario técnico, el Lic. Ricardo Salgado Perrilliat, quien fue elegido por el Comité Coordinador de entre una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana. Por todo ello, la participación de la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción tiene la mayor relevancia y en sus manos está buena parte del éxito de dicho Sistema.

Estas disposiciones son un poco contradictorias. Por una parte, se les quiere dar un carácter de “externos” a los integrantes de la sociedad civil que participan en el SNA, pero por otra parte participan de lleno en las labores de coordinación, inclusive presidiéndolas y son factor clave para el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción.

Con ello, la sociedad civil ha cruzado un umbral interesante al involucrarse de lleno en tareas de Gobierno. Sin embargo, queda la duda si esta incursión de la sociedad civil en tareas de Gobierno y ya no como mero observador crítico de las mismas, no tiene sus riesgos. Y es que, en otros países con instituciones sólidas, no es necesario que la sociedad civil realice funciones de Gobierno, ya que para eso hay servidores públicos que realizan con eficacia sus tareas.

Desafortunadamente, debido a la debilidad de algunas de nuestras instituciones y los problemas que las rebasan, tales como la seguridad pública y la corrupción, la misma sociedad civil que impulsó el Sistema Nacional Anticorrupción y diseñó en gran parte este Sistema, ha decidido tomar un papel protagónico en estas labores y asumir tareas sustantivas en el Gobierno.

Con ello se le pasa una gran parte de la responsabilidad por el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción a estas nuevas instancias ciudadanas y se corre el riesgo de que se diluya la responsabilidad de dar resultados. Ya no se trata de un Gobierno en funciones que debe realizar sus tareas, sino ahora también será responsabilidad de la sociedad civil el que se disminuya la corrupción en nuestro país. ¿Será conveniente para la sociedad civil haber dado este paso desde una posición externa al Gobierno, a formar parte del mismo? El tiempo dirá.

Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

 

http://octaviodiazgl.blogspot.mx/  Twitter: @octaviodiazg

 Correo: odiazgl@gmail.com