Por Dra. Ednna Milvia Segovia Miranda

México atraviesa por una crisis grave de abuso de poder e impunidad, que genera violaciones graves y reiteradas de derechos humanos, no obstante, son reconocidas por las mismas autoridades, las cuales reiteran su compromiso de respeto irrestricto a los derechos humanos. En ese sentido, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos demanda el cumplimiento de los estándares contenidos en los Protocolos de Estambul y de Minnesota en los procesos judiciales penales que se lleven en los ámbitos internos de los Estados para determinar la responsabilidad de los presuntos autores de las violaciones al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura; pues como es conocido, los protocolos regulan los estándares mínimos con los que deben obtenerse y producirse las pruebas para que pueda predicarse que una investigación es eficaz. Y es que las reglas forenses contenidas en ellos permiten efectivizar el deber de garantía del Estado, tanto al establecer los criterios de investigación como al posibilitar el castigo de los responsables. Esta posición hoy puede considerarse una jurisprudencia consolidada.

El Protocolo de Minnesota se trata de un texto esencial de las Naciones Unidas que contiene orientaciones sobre la aplicación práctica del deber de proteger la vida y la obligación de investigar las muertes potencialmente ilícitas y de toda sospecha de desaparición forzada, pero también prevé tres situaciones más: cuando la muerte pudo haber sido causada por grupos paramilitares, milicias o escuadrones de la muerte que actúen bajo dirección del Estado, cuando la muerte sucedió mientras la persona estaba detenida o bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes y cuando la muerte podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida. El protocolo está orientado a evitar que los funcionarios del Estado que sean sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad puedan actuar o influir en la investigación. Por ello, recomienda que en estos casos se constituya una comisión investigadora independiente, con recursos y facultades suficientes, así como la posibilidad de recurrir a la ayuda de expertos internacionales en ciencias jurídicas, médicas y forenses. Incluye, además, un modelo de necropsia y otro modelo de exhumación y análisis de restos óseos, para que sea seguido no sólo por los profesionales que las realicen, sino también por las partes involucradas, los periodistas, la ciudadanía y todos los observadores, con el fin de aumentar la transparencia del proceso, promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz.

El Protocolo de Estambul, cuyo nombre oficial es Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, fue elaborado por más de 75 expertos representando a más de 40 organizaciones de 15 países, entre los que se encontraban: médicos forenses, médicos, psicólogos, observadores de derechos humanos y juristas. Este Protocolo facilita a los estados la investigación penal a través del establecimiento de reglas para la documentación eficaz de las pruebas de la tortura y malos tratos, pues los saca a la luz, de manera que se pueda exigir a los torturadores que den cuenta de sus actos y permitir que se haga justicia. Hoy en día la situación por la que pasa México ante el flagelo de la tortura, exige un pleno conocimiento de la fenomenología que propicia dichas prácticas, pues destruyen deliberadamente no sólo el bienestar físico y emocional de la persona, sino también, en ciertos casos, la dignidad y la voluntad de comunidades enteras. La notable discordancia que existe entre la prohibición absoluta de la tortura y su prevalencia en el mundo, demuestran la necesidad de contar con estas directrices para documentarla eficazmente ya que es un medio de protección de la familia humana.

En resumidas cuentas, ambos documentos tienen origen en la preocupación de la comunidad internacional sobre la falta de efectividad en la investigación y castigo de hechos de tortura y de ejecuciones ilegales. Se caracterizan principalmente por su carácter forense, ya que determinan qué pericias deben realizarse y cómo deben documentarse los resultados obtenidos. Con ellos se pretende contribuir a superar los inconvenientes técnicos, que se han observado en las investigaciones y, en consecuencia, hacer más probable que las investigaciones penales prosperen. Si bien sus disposiciones no resultan vinculantes para los estados, es decir, no son normas obligatorias y, por tanto, no crean deberes jurídicos exigibles de manera inmediata, lo que sí se puede sostener, es que concretan el contenido del deber de investigar diligentemente todo hecho que violenta los derechos fundamentales.

 

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