Rubén Andrés Moreno de la Rosa

El derecho de movilidad y libertad de tránsito es una de las garantías individuales reconocidas en nuestra Constitución, así como por diversos tratados internacionales, sin embargo, y especialmente para las personas con algún tipo de discapacidad, el poder disfrutar de este derecho de manera efectiva es un concepto muy lejano.

Ya sea la falta de infraestructura vial, medios públicos de transporte suficientes y de calidad, el mal mantenimiento de las calles y banquetas, la falta de ciclovías, la carencia de rampas para las personas en silla de ruedas, entre muchas otras circunstancias, el Congreso de la Unión, haciendo uso de las recientemente adquiridas facultades de legislar en materia de movilidad derivadas del párrafo décimo séptimo del artículo 4o. y en el 73, fracción XXIX-C, de la Constitución han promulgado la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Esta ley es vinculante en todo el país y a continuación mencionaremos algunos aspectos relevantes que se derivan de la misma:

a.- Establece una jerarquía de movilidad que establece que el uso y disposición de las vías debe seguir este orden:

  1. Peatones con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género;
  2. Personas con discapacidad y movilidad limitada;
  • Personas ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados;
  1. Personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros.
  2. Personas prestadoras de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías.
  3. Personas usuarias de vehículos motorizados particulares.

b.- Prevé la creación de una Formulación de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial la cual estará vinculada con el Plan Nacional de Desarrollo.

c.- Se prevé la creación de Bases de Datos de Movilidad y Seguridad Vial, las cuales formarán parte del Sistema de Información Territorial y Urbano. Estas bases de datos estarán abiertas al público y contarán con información como:

  • La información contenida en el Registro Público Vehicular.
  • Licencias de conducir.
  • Operadores de servicios de transporte;
  • Conductores de vehículos de servicios de transporte;
  • Información sobre infracciones cometidas y cumplimiento de las sanciones respectivas;

Ahora, esta disposición prevé que toda la información personal estará sujeta a lo establecido en las Leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pero tendremos que ver de qué manera se plantean estas fuentes de información para no violentar el derecho a la privacidad.

d.- Se establecen límites de velocidad aplicables en todo el país

  • 30 km/h en calles secundarias y calles terciarias.
  • 50 km/h en avenidas primarias sin acceso controlado.
  • 80 km/h en carriles centrales de avenidas de acceso controlado.
  • 80 km/h en carreteras estatales fuera de zonas urbanas; 50 km/h dentro de zonas urbanas.
  • 110 km/h para automóviles, 95 km/h para autobuses y 80 km/h para transporte de bienes y mercancías en carreteras y autopistas de jurisdicción federal.

e.- En cuanto al alcoholímetro, se establece que queda prohibido manejar con un nivel superior a 0.25 mg/L para quienes conduzcan su vehículo privado, 0,1 mg/L para quienes conduzcan motocicletas y los choferes de pasajeros y de carga no pueden tener ninguna cantidad de alcohol en la sangre.

d.- Para obtener la licencia de conducir o renovarla, se deben cumplir con exámenes teóricos y prácticos de conducción.

Como se puede apreciar, estas medidas se crearon para de alguna manera tener un control más efectivo del sistema de comunicaciones y transportes en México, que hasta ahora era muy disperso, con el fin último de garantizar que los ciudadanos pueden moverse libremente a lo largo del país, sólo queda ver si estas medidas son realmente efectivas

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