Como se acostumbra en el medio burocrático, los asuntos que interesan a la comunidad no tienen límite de respuesta, consecuentemente hay que esperar a que los funcionarios determinen cuándo los resolverán y tal como la normatividad lo disponga, primero se necesita hacer una serie de movimientos y que otras dependencias u organismos estén enterados, los que a su vez tienen su propia normatividad, de manera que aquello que a simple vista tendría una resolución pronta puede tardar semanas o meses.

Cuando empezó a considerarse que para el nuevo ciclo lectivo 2021-2022 era factible que fuera mezclado, esto es, que sin abandonar las clases en línea también se hiciera presencial, debió comenzar la atención física a las escuelas, pero el tiempo los alcanzó y alrededor de 50 planteles no estaban en condiciones de abrir el 30 de agosto, de los cuales una parte continúa en la misma situación debido a que antes debe licitarse las obras de reparación, lo que ya consumió casi dos meses en que los alumnos no pueden acudir. Es el clásico “ái se va”, con lo que aquellos que deben tomar las decisiones se libran de cualquier responsabilidad.

Asimismo, el pasado 12 de octubre se difundió que el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza, dejó en claro esta entidad no se dejará llevar por presiones federales para que a más tardar en noviembre todos los estudiantes estén en su totalidad en las aulas, en todo caso la decisión corresponderá al Instituto de Salud (ISSEA) conforme a las condiciones que se observen de la pandemia.

Lo anterior fue en objeción a lo manifestado en Palacio Nacional, que sin excepción los alumnos de todos los grados deberían regresar a la escuela, lo que no se consideró oportuno aquí debido a que el semáforo epidemiológico sigue en naranja, lo que significa que el riesgo de contagio continúa siendo alto, por lo que será hasta que se esté plenamente seguros que se ha superado la emergencia cuando se proceda en consecuencia.

Por ahora el 99% de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria acuden a clases presenciales, aunque de manera escalonada, lo que cambiará cuando estén dadas las condiciones para que se pueda separar un grupo en tres partes con la finalidad de evitar la cercanía o el contacto entre ellos, mientras tanto hasta la fecha tienen menos horas-clase a la semana, lo que ha provocado las protestas de los padres de familia, como lo reconoció el propio director del IEA: “De hecho, los papás han comenzado a quejarse porque sus hijos ahora van tres horas, cuando en semanas anteriores era más tiempo, razón por la cual el modelo de clase presencial debe irse modificando en la medida en que un mayor número de estudiantes quieren acudir físicamente a la escuela”.

De cualquier manera, Ulises Reyes afirmó que se debe tener en cuenta que Aguascalientes fue el primer estado en regresar a las clases presenciales, casi al final del ciclo anterior, y en el actual se tiene un avance muy importante y sobre todo dando certeza a los protocolos sanitarios, porque se debe mantener en toda su extensión el cuidado de alumnos, docentes y padres de familia.

Por lo anterior es un hecho que se tarde la impartición de clases al total de cada grupo, que por regla general son entre 35 y 40 alumnos, lo que hace difícil que estén todos al mismo tiempo ya que los salones no están aptos para mantener la distancia entre un pupitre y otro, por lo que seguirá escalonándose hasta que se encuentre una solución.

INTRANQUILIDAD

Mientras no se publique la reforma fiscal 2022, a través de la cual puedan conocer en qué condiciones pueden desempeñar su trabajo, los contadores públicos seguirán en ascuas y más por lo que se ha filtrado, de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretende convertirlos en espías de las empresas que los contrate, con el apercibimiento que si no informan de algún posible manejo irregular podrían ir a prisión.

Aunque un grupo de diputados federales han mostrado rechazo a esa medida, será hasta que el pleno legalice las condiciones en quedó el documento que regirá el año próximo, cuando sepan cuál va a ser su comportamiento.

Es axiomático que la profesión de contador público es la más sacrificada de cuantas existen en México, debido a cada año les cambian las reglas con que deben laborar, obligándolos a un actualización acelerada, porque de su trabajo depende el destino financiero de la empresa en que prestan sus servicios. Una simple interpretación que a los hacendarios no les parece correcta es motivo de una sanción económica y pone en riesgo el destino laboral de la o el contador.

El ex presidente del Colegio de Contadores de Aguascalientes, José Alfredo Franco Hernández, señaló que la propuesta del SAT prevé enviar a la cárcel a aquellos que considere cómplices si no reportan las presuntas irregularidades de las empresas que auditan, lo que el gremio considera como un exceso.

Indicó que el Código Fiscal de la Federación en su artículo 52 fracción II establece que el contador dictaminador podría ser responsable de encubrimiento de delitos fiscales, si auxilia a una empresa que estuviera incurriendo en irregularidades y no lo informa. No hacerlo lo haría sujeto de cárcel hasta por 6 años, lo que entraría en vigor a partir del año próximo.

Hizo hincapié que la reforma presenta el retorno de la figura del dictaminador fiscal obligatorio, con lo que una firma tendría que contratar a un contador auditor en caso de que sus ingresos sean mayores a 1,637 millones de pesos al año, lo que consideró que como gremio les pega y las empresas estarán más fiscalizadas.

Sostuvo que como gremio coadyuvan con la autoridad fiscal, “pero considero que no necesito tener una regla de ir a la cárcel que se diera en la práctica. Creo que sería sujeto de un análisis de un especialista jurídico y hasta motivo de algún amparo y que mediáticamente no abonaría a la actualidad recaudatoria en el país, o sea que no es necesario”.

Dejó en claro que de prosperar el propósito del SAT los contadores que se dedican a ser dictaminadores, lo pensarían si quieren seguir ejerciendo como tal. Lo que sí existe como sanciones, explicó Franco Hernández, es la suspensión de la actividad, amonestaciones para que no reincidan en conductas de no revisar bien o incluso cancelar un registro, lo que es más que suficiente para atender las disposiciones de la autoridad fiscal, pero no llegar al extremo de enviar a la cárcel.

PARA EMPEZAR

El sueño dorado de un nuevo empresario es tener a su disposición una cierta cantidad de dinero, que además no tenga que reponerlos sino gastarlos en lo que considere necesario, algo así es lo que hoy vive el nuevo presidente municipal de Aguascalientes, al recibir una cartera vencida de 2,600 millones de pesos, de los cuales es posible recuperar 607 millones. Es lo que recibió de la pasada administración, por lo que ahora habrá que hacer un arqueo para determinar si se puede rescatar una cifra superior. Lo positivo para el alcalde Leonardo Montañez es que el ex secretario de Finanzas, Alfredo Martín Cervantes García, lo tiene muy cerca para que explique o haga las aclaraciones pertinentes, ya que en caso de que no sea ratificado en el cargo (como es su deseo), se queda como regidor al haber sido parte de la planilla que encabezó el propio Montañez. Aunque en los cinco años anteriores se aplicó una política de descuentos y hasta de rifas para los contribuyentes puntuales, una parte de la población no pagó el Impuesto a la Propiedad Raíz (predial), deuda que asciende a 1,500 millones de pesos y otros 400 millones fueron por concepto de control vehicular e infracciones, además están las unidades motorizadas que se encuentran en la Pensión Municipal y que en total significan 394 mil pesos; otra parte del adeudo se encuentra en el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) por 38 millones de pesos. En cuanto al Relleno Sanitario, el Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga tiene un débito por 445 mil pesos, siendo el único municipio que está en esa situación; por último se encuentra el pago por trámites, procesos y servicios a la Secretaría de Desarrollo Urbano por 33 millones de pesos y en cuanto a licencias comerciales es por 47 millones; por derechos en los cementerios 23 millones y de mercados 28 millones. Nada despreciable lo que recibe el recién estrenado alcalde, esto nada más para comenzar.