El gasto público estatal del año próximo estará sumamente apretado, por lo que si lo que se ha previsto resulta insuficiente se harán ajustes en otras áreas para que el sector salud tenga lo necesario, adelantó el gobernador Martín Orozco Sandoval.

En base a lo anterior habrá que hacerse a la idea de que se harán sólo las obras y servicios prioritarios y si las condiciones actuales no varían habrá cambios en las otras acciones, lo que indudablemente afectará a varias dependencias que tienen listos sus programas.

El titular del Poder Ejecutivo precisó que es inseguro el Presupuesto de Egresos 2021, previsto en 21,000 millones de pesos, debido entre otras situaciones a lo que calificó como “una serie de incongruencias a nivel federal”, debido a que por una parte anuncia más recursos para los estados y municipios, en aportaciones y participaciones, y por otra el Paquete Económico que entregó a la Cámara de Diputados es menor.

De igual manera, se afirma que habrá un crecimiento económico del 12%, “lo cual es absurdo, porque la pandemia ocasionó el cierre de negocios, y esto a su vez, el desempleo, en consecuencia habrá tropiezos económicos”.

Orozco Sandoval sostuvo que en función de las actuales circunstancias, “el presupuesto directo estatal global se estima en 21,000  millones de pesos, y en caso de que falten recursos para atender la crisis sanitaria, se harán ajustes en otras áreas, porque la salud es primero”.

En tanto, el secretario de Finanzas, Carlos de Jesús Magallanes García, manifestó que se prevé una reducción general de recursos federales por el orden de 108,000 millones de pesos hacia estados y municipios de México, lo que exigirá una mayor eficiencia del gasto el próximo año.

Se espera una reducción de participaciones federales para los estados por cerca de 60,000 millones de pesos, lo que inevitablemente perjudicará la ejecución de diversos proyectos, que deberán ser pospuestos o cancelados porque su creación se basaba en los recursos federales.

En tales condiciones se fortificarán medidas de control del gasto público, para que sea más eficaz la asignación de recursos, con base en un análisis y prioridad, por lo que el sector salud y social será lo que más se cuide.

Magallanes García sostuvo que la oficina a su cargo encabeza la coordinación con dependencias y órganos públicos descentralizados del gobierno estatal, lo mismo que con los tesoreros municipales para la elaboración de un presupuesto estatal más responsable, ante todo se pretende que los ingresos sean suficientes para las acciones previstas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Aunque en este caso los ciudadanos no son consultados, ya que se trata de cuestiones eminentemente técnicas, lo importante es que no se oculta nada, que se le dice las cosas tal como son para que esté preparado, al dejar en claro que se hará lo conveniente para afectar lo menos posible los programas.

ZONA DESCONOCIDA

Los diez mandatarios estatales que anunciaron su separación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) caminan sobre un campo inexplorado, que puede ser benéfico para los fines que persiguen como es ser un auténtico contrapeso de la Federación, o quedarse silbando en la loma si sus colegas deciden mantenerse en el último vagón del tren nacional.

Por lo pronto, el único que se ha pronunciado en contra de esa acción es el titular de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, quien criticó acremente el anuncio, acusándolos de ser “peñistas” y de que no les conviene el trato igualitario que les da el presidente de la República.

Los diez gobernantes que decidieron abandonar la Conago, entre ellos el de Aguascalientes, que son parte de la llamada Alianza Federalista, razonaron que lo hacen porque ese organismo se ha convertido en una farsa, que únicamente sirve para validar las declaraciones del presidente, pese a que su función desde su formación fue la de ser un equilibrio frente al poder presidencial y hacer escuchar y respetar la voz de los estados.

El grupo se integra por Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, y Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes.

Durante la reunión que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre en Chihuahua se revisó los criterios del Pacto Fiscal, que es el de mayor exigencia para que la distribución de los recursos que obtiene la Federación sea más justo, terminándose el esquema actual de que el 80% de la bolsa nacional se queda en el gobierno central, el 15% se envía a los estados y el 5% a los municipios.

También se analizó la reactivación económica, que con la pandemia provocó que brotaran las inconformidades ante la negativa del titular del Poder Ejecutivo Federal de auxiliar a las empresas, por lo que se ha perdido más de un millón de empleos y hay un número elevado de grandes y pequeños negocios que cerraron o trabajan al mínimo.

A nivel local la decisión de dejar la Conago fue aprobada por el máximo dirigente del sector privado, Pedro Gutiérrez Romo, al considerar que es lo mejor, principalmente que el presidente ha sido renuente a tener conversaciones con los gobernadores, y cuando hay un acercamiento el mandatario nacional no acepta sugerencias, por lo que las podas presupuestales han sido de manera subjetiva con lo que dejan en una situación difícil a las entidades que deben recortar o cancelar varios programas.

GOLPE LETAL

La decisión unilateral de aplicar “ley seca” por ocho días en todo el estado podría ser la puntilla para decenas de bares, antros y cantinas, que tenían unas cuantas semanas de haber reanudado labores y ya tienen que volver a bajar cortinas, mientras que los restaurantes se verán limitados al no poder vender bebidas con alcohol.

Indudablemente que nadie se opone a que se combata la propagación del coronavirus, que se ha mantenido en un alto nivel en los once municipios, pero dirigir las baterías a ese tipo de negocios es tanto como responsabilizarlos de lo que sucede, cuando el problema es de diverso índole. Mantenerlos sellados no significa que ya se frenó la infestación, porque esta se da principalmente en las colonias y comunidades donde nadie respeta la sana distancia y el uso de cubrebocas es esporádico.

Pero que como dijo aquel, a ver quién le gana al supremo gobierno, cuya ley no se discute, sólo se acata. Del 13 al 20 de este mes se impedirá que trabajen esos lugares, lo que según el comunicado oficial “se trata de una de las medidas más necesarias que contribuya a disminuir los contagios, y que al ser temporal, se busca que no represente una afectación profunda a la actividad económica en general, y con todo respeto a la autonomía municipal, la administración estatal se suma a ese acuerdo a que llegaron todas las alcaldías”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Claudio Innes Peniche, expresó que se crea un problema para los empresarios que habían vendido boletos para los festejos patrios, que ante la imposibilidad de atender a los clientes con bebidas espiritosas tendrán que devolver el dinero, mientras que Daniel Sánchez, integrante de la Asociación de Cantinas y Bares, manifestó su desacuerdo al considerar como un error haber anunciado la prolongada ley seca con cinco días de anticipación, porque esto alentará para que se compre con anticipación tantas botellas como se requieran para llevar a cabo una fiesta familiar o simplemente para degustar con los amigos en casa.

REGISTRO VICIADO

La falta de conocimientos del cargo que se ocupa y la ausencia de liderazgo entre sus subalternos ha llevado al Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) a los linderos del desastre, lo que si fuera una oficina más en  la actividad pública tal vez pasarían desapercibidos los problemas que presenta, pero es un organismo del que dependen gran número de profesionistas para llevar a cabo diversos trámites y que al retrasarse o no llevarse a cabo impide que se realicen las diligencias o se cancelen en perjuicio de ciudadanos y negocios.

Desde febrero pasado, cuando presuntamente su sistema fue invadido por piratas informáticos, empezaron los conflictos en los servicios que presta el RPPC. Los afectados esperaban  que una vez que se restableciera el servicio acabarían los problemas, pero fue sólo el comienzo ya que ni el cese de la directora y su relevo fue suficiente para poner orden, lo que ha motivado que crezcan las protestas, principalmente en los gremios de abogados, agentes inmobiliarios y notarios, al frenarse todo asunto o que la respuesta sea tardada.

Cansados que el secretario de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral (Seguot), Armando Roque Cruz, les dio avión a sus quejas y demandas, colegios, asociaciones y barras de abogados, mediante un desplegado que se publicó el pasado 21 de agosto, denunciaron “ineptitud y corrupción” en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, enumerando los obstáculos que hay para que ellos puedan realizar su trabajo ya que por necesidad tienen que recurrir a esta dependencia.

Nuevamente, el 10 de septiembre, el presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Fernando Amador Macías, señaló que no hay ninguna mejora, toda vez que lo único que se hizo fue cambiar al responsable de ese lugar, porque “los vicios subsisten, y después del hackeo de febrero pasado las cosas siguen empeorando”.

Sostuvo que los usuarios de los servicios que se deben aportar de manera libre  en ese sitio “sólo han sido testigos de los compromisos no cumplidos de quienes deberían poner orden en dicha dependencia, pues ahora con tanta tecnología se trabaja más lento que cuando la consulta se hacía directamente o en escritorio por parte de los interesados”.

El tortuguismo es manifiesto, reiteró Amador Macías, ya que actualmente se requieren dos citas, una para que informen sobre el número de hojas para pagar los derechos y luego otra para ingresar al trámite, cuando antes “sin tanta tecnología se consultaba directamente y un escritorio con un persona que daba estos datos de inmediato”.

¿Habrá alguien capaz de resolver el entuerto o tendrán que soportar los problemas hasta la próxima administración estatal, que entrará en funciones en 2022?

DEL DICHO AL HECHO

Dicen que nadie vende bolillo frío y es lo que hace el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, al asegurar que bajaron los homicidios dolosos durante el primer semestre de 2020, sin embargo las ejecuciones no tienen para cuando terminar, por lo que bien haría en tener un grupo de policías ministeriales que se encargue de ubicar y detener a las bandas que promueven la venta de enervantes, pero no sólo a los bachicheros y “tiradores” sino a los que están en la cima de las organizaciones.

Además, cada vez crece el robo con violencia de vehículos, lo que no sólo pone en extremo peligro a sus ocupantes sino que todo parece indicar que una gavilla dedicada a esta labor ha sentado sus reales en la entidad sin que la fiscalía logre dar con su paradero.

Por lo pronto Figueroa Ortega presume que se ha reducido el número de homicidios dolosos, porque sólo hubo 40 entre enero a junio (uno cada cinco días), lo que significa 20% menos de los ocurridos en el mismo período de 2019, baja que afirmó, se debe en gran parte a que hay una coordinación entre todas las corporaciones de seguridad y la fiscalía “que hemos estado tratando de contener a algunos grupos delictivos”.

La cuestión no es tratar de inmovilizar a “algunos” grupos sino a todos, porque mientras estén uno, dos o más en las calles habrá disputas por el territorio de venta y trasiego de la droga, que es lo que lleva a los ajustes de cuentas, y para asesinar ya no se necesita estar a la caza de la víctima sino que van a su vivienda y se introducen a ella para cumplir la orden de acabar con su vida, o lo secuestran y luego asesinan dejado tirados sus restos en cualquier lugar.

Mucho se ha hablado de impedir que la “operación cucaracha” se introduzca en Aguascalientes, pero por los hechos que tienen lugar nada ni nadie detiene a la delincuencia organizada, que ante la persecución de que son objeto en otras partes del país llegan a esta entidad, en donde esporádicamente ha sido apresado alguno de ellos, pero no como resultado de una investigación sino que se pasó un alto del semáforo o por conducir a exceso de velocidad, encontrándole armas de alto poder, estupefacientes y dinero. La pregunta obligada ¿cómo le hizo para pasar armado una de las cuatro puertas de acceso, o que la policía no se diera por enterada que utilizó una brecha?

Hace dos días se presentó el secuestro de una persona que convivía en un asadero, y que el encargado del lugar, al tratar de impedir que se la llevaran, fue asesinado de un balazo en la cabeza; 24 horas después el raptado fue encontrado muerto, lo que deja constancia que la delincuencia tiene en su poder esta plaza, aunque para el fiscal todo está bajo control.

A DOBLAR LAS MANOS

Roberto Díaz Ruiz, ex líder nacional de la Cámara .de Autotransporte de Carga (Canacar), considera que no obstante las condiciones económicas tan adversas, se debe cumplir con las obligaciones fiscales, trátese de Hacienda, de los estados y los municipios.

Subrayó que los empresarios tienen compromisos que no se pueden eludir, porque de no hacerse habrá sanciones, esto independientemente a las obligaciones con los trabajadores, lo que en la situación actual es complicado cumplir, “pero se tiene que hacer el esfuerzo en lo humanamente posible para efectuar los pagos de impuestos que se requieran” y en este sentido enumeró que primero está el Seguro Social, en seguida el Infonavit, que son los deberes con la clase trabajadora, y luego el SAT.

Hizo hincapié que en este momento el páis también necesita ingresos y se tiene que actuar de manera solidaria para que la recuperación pueda darse lo más pronto posible, aunque para ello se esperara programas de incentivos y así las cosas sean menos difíciles, pero de que hay que pagar no hay de otra, “ni modo, hay que cumplir”, dijo resignado.