El secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez, aseguró que los Centros de Readaptación Social se mantienen libres del coronavirus, sin embargo esto no es corroborado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), que a decir de su titular José Asunción Gutiérrez Padilla los visitadores “no tienen acceso directo con las personas privadas de su libertad”.

Está claro que nadie vende bolillo frío, por lo que el jefe policíaco está en su papel cuando afirma que en los reclusorios locales no se han presentado casos de Covid-19, “lo que se debe a que se han implementado medidas rigurosas desde el arribo de la pandemia a la entidad”.

Por lo anterior se ordenó la suspensión de visitas a los internos y hasta la fecha no hay para cuando se levante la prohibición, lo que, reiteró, ha permitido que Aguascalientes “sea de los pocos estados que han logrado mantenerse sin contagios, pero se debe a la implementación rigurosa de los protocolos dictados desde el Instituto de Salud del Estado y que éstos se han cumplido a cabalidad”.

De la misma manera, indicó el funcionario, se ha colocado un módulo de cuarentena, al que se envía por espacio de 14 días a los que recién ingresan y si no presentan síntomas se le remite con el resto de la población carcelaria, exigencia que han cumplido desde  abril con cerca de 800 personas.

Sánchez Mendoza presumió que gracias a esa labor y al resultado que se ha obtenido se entregó a esta entidad un reconocimiento del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, “ante la eficiente labor que se ha hecho para mantener estos centros libres del coronavirus”.

Por su parte, el titular de la CEDH manifestó que este organismo realiza una vigilancia continua en todos los Ceresos, con lo que determina que cumplan las recomendaciones sanitarias y todo lo concerniente a la atención que deben recibir los internos.

Mencionó que una persona privada de su libertad falleció a los 70 años y según el acta de defunción fue por un paro cardíaco, neumonía no especificada y que era “sospechoso de Covid-19”, quien se encontraba en el módulo 12 junto con otras tres personas, quienes fueron aisladas por espacio de 14 días sin que presentaran algún síntoma, aunque a ninguno se le hizo pruebas de laboratorio ya que es parte de una política nacional de no hacer tantas pruebas. Del extinto “no sabemos si presentó o no síntomas, pero el interno falleció tras haber recibido atención hospitalaria”, apuntó.

Personal de Derechos Humanos, encabezados por una visitadora estuvo en el Cereso para Varones en la salida a Calvillo y en primera instancia comprobó que para entrar se obliga al lavado de manos, se toma la temperatura y la desinfección del calzado, sin embargo “no tenemos acceso directo con las personas privadas de su libertad”, sostuvo Gutiérrez Padilla.

Lo único que puede hacerse es hablar con algunos de ellos mediante los locutorios, como lo hacen los familiares ante el impedimento de las visitas, que también utilizan vídeo llamadas, pero el personal de la CEDH no tiene relación directa, por lo que no puede afirmar ni negar que todo marche sobre ruedas.

EXACCIÓN SIN LÍMITES

Desde los tiempos bíblicos se menciona a los cobradores de impuestos y a sus jefes como los abusadores del pueblo, herencia que llega hasta estos días, al haber un fiel reflejo en la Dirección de Movilidad Municipal de Aguascalientes, a la que sólo le falta aplicar multas por respirar, porque en lo demás existe una persecución feroz en contra de la ciudadanos, lo que le permite recaudar miles de pesos mensualmente por todo lo imaginable que pueda ocurrir en la vía pública y por aquello que se les antoje a los hacedores de las ordenanzas.

Asegura el titular de esa corporación, Arturo Martínez, que en los primeros ocho meses del presente año se han aplicado 72,000 infracciones, que van desde los 870 pesos hasta los 13,050 pesos. Las omisiones más comunes son por estacionarse en línea amarilla, con un total de 13,422; por no usar casco, en el caso de los motociclistas; 7,067; por la falta de licencia para conducir 7,056; por no respetar la luz roja 5,230; por estacionarse sobre la banqueta 4,035 y por no respetar la zona de carga y descarga 2,858 pesos.

De igual manera, por utilizar el teléfono celular o móvil mientras se conduce se han expedido 2,729 boletas de infracción; por estacionarse en doble fila 2,334; por estacionarse en zona peatonal 1,817; por estacionarse en el camellón central 1,717; por exceso de velocidad 1,696; por conducir una motocicleta sin placas 1,395 y por estacionarse en parada de autobús 1,393.

Es lógico que en toda sociedad tenga que haber normas y a las que debe sujetarse el núcleo en general, pero en este caso los policías viales no admiten una explicación o una disculpa cuando el conductor trata de exponer la razón de la falta, porque mientras el uniformado escucha redacta la boleta. En otras ocasiones observa que alguien se va a estacionar en lugar no permitido y no le advierte que está cometiendo una falta, simplemente deja que la haga y luego lo infracciona, tal como sucedía hace dos décadas con un elemento que se escondía en una tienda de ropa que se ubicaba en la calle Victoria, a unos pasos de Allende y ahí esperaba a que llegaran los “clientes”.

La percepción ciudadana es que son órdenes precisas de muy arriba, de que los agentes levanten cierto número de infracciones diarias, por lo que se han ganado el mote de “correcaminos”, al ser igual de rápidos para sacar la libreta de infracciones y a la misma velocidad escriben la papeleta.

El pago que hacen los ciudadanos por las transgresiones es de 4,350 pesos por manejar y al mismo tiempo hablar en el celular; por estacionarse en espacio para discapacitados 4,150 pesos y por conducir en estado de ebriedad 13,050 pesos.

En ninguno de los casos se utiliza ese dinero para obras sociales, sino que ingresa a las arcas municipales para los programas que están delineados en el año, lo que significa que a finales del año anterior se confecciona la Ley de Ingresos que se aplicará en el siguiente, considerándose ya la cantidad de infracciones que se impondrán durante los doce meses, por ello se entiende la aparente sordera de los agentes de vialidad y la urgencia que tienen de sancionar a cuanto conductor se atraviesa en su camino.

Cuando alguien está en desacuerdo con la infracción puede recurrir a la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado y ahí analizan si es procedente o no, aunque para ello deben enfrentar a la Dirección Jurídica Municipal que a como de lugar busca defender la posición oficial.

INGRESO REDUCIDO

Con ciertos intervalos surgen diversos planteamientos de los notarios, principalmente que se establezca por ley  reglas muy concretas para la entrega del fíat, y propuestas de diputados para que se regrese al sistema que por cierto número de habitantes debe haber un notario. En uno y otro caso se pretende arrebatarle al gobernador en turno la facultad de expedir esas licencias; es un asunto que se presenta cada vez que se expide ese tipo de licencias, que al ser de por vida le da solidez al futuro de los favorecidos. También buscan que se cancele la presencia obligatoria de dos testigos a la hora de redactar un testamento, al considerar que resulta ociosa su contribución y por otra parte, aseguran que le resta validez a la fe pública, también se oponen porque se han dado casos de testigos que ventilan la forma en que el difunto o difunta repartieron los bienes, por lo que antes de que se abra la carta testamentaria ya hay problemas familiares. Cada una de estas cuestiones tiene que analizarse antes de dar el siguiente paso, lo que evitará que pueda haber un daño a terceros.