David Reynoso Rivera Río
Después de una maratónica sesión, el pasado 21 de abril nuestros senadores continuaron con el respectivo proceso legislativo y aprobaron la creación del denominado Sistema Nacional Anticorrupción. Definitivamente el tema dará mucho de que hablar en los próximos días; sin embargo, no quise dejar de manifestar ciertas particularidades en esta columna semanal.
La función del servidor público, cuando se realiza a cabalidad, es verdaderamente una vocación que permite generar grandes cambios en beneficio de la población. Lamentablemente, hemos sido víctimas de un par de sujetos en los distintos ámbitos del servicio público, que valiéndose de su encargo o función, se han avocado a denigrar la esencia de su función cometiendo una serie de acciones tan deshonestas que laceran a nuestro amado México.
Existen actualmente, una serie de sanciones y ciertas conductas tipificadas como delitos dentro de las diversas legislaciones; sin embargo, estas no son suficientes en ocasiones. Derivado de ello y a propuesta de nuestro Presidente, se ha decidido tomar en consideración las recomendaciones emitidas por Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción 2014, la cual coloca a nuestro país en el lugar 103 de 175 en materia de corrupción.
En aras de combatir este desagradable fenómeno, se decidió impulsar reformas constitucionales de manera que exista en nuestro país un VERDADERO SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. Me permitiré entonces explicar brevemente algunos de los aspectos más relevantes sobre dicho sistema integral, cuyo objetivo principal es prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción. A partir de la entrada en vigor de dicho sistema y la emisión de sus leyes reglamentarias, ahora será obligatorio para todos los servidores públicos emitir su declaración patrimonial, aunado a una declaración de posibles conflictos de interés.
Se contempla la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual se impondrán las sanciones correspondientes y se dirimirán las controversias entre los miembros de la administración pública y los particulares. De igual manera, la Fiscalía Anticorrupción se encargará de sancionar con mano dura a todos aquellos funcionarios corruptos que cometan delitos graves cuya pena lo amerite y se dotará de mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación, de manera tal que ahora podrá vigilar en tiempo real, cómo y en qué se gastan los recursos. Finalmente, es importante mencionar que todos estos mecanismos tendrán que ser replicados en los Estados, ya que se obligará a la creación de sistemas locales de anticorrupción en los mismos términos.
Todas estas reformas ya han sido previamente aprobadas por las dos cámaras del H. Congreso de la Unión y serán remitidas a las legislaturas de las diferentes Entidades Federativas. De manera que si se obtiene la aprobación conforme a lo establecido en nuestra Carta Magna, nuestro Nuevo Sistema Anticorrupción estará prácticamente listo para ser promulgado, sancionado y publicado por el Ejecutivo.
Definitivamente estos cambios constituyen un gran paso en el combate a la corrupción y a la impunidad en nuestro país. Quedan de igual forma temas interesantes sobre la mesa como lo es el fuero; sin embargo, nuestros esfuerzos no deben quedarse ahí. El Sistema Nacional Anticorrupción, al ser en su origen una serie de normas jurídicas, deberá ser perfeccionado conforme se vaya analizando su funcionamiento y nosotros debemos procurar ser mejores ciudadanos de manera que nuestro primer escalón en el combate a la corrupción sea a través del ejemplo y la verdadera exigencia a nuestros representantes.
LA CORRUPCIÓN NO ES NI DEBERÁ JAMÁS SER UN TEMA DE PARTIDOS, ya que existe una gran cantidad de servidores públicos comprometidos, honestos, preparados y con una gran vocación; de nuestro nivel de exigencia-madurez depende que estos sean los que nos representen y sigamos consolidando el progreso de Aguascalientes.
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