La falta de seguimiento al sistema de oralidad penal tras su implementación en México es una falla en su consolidación, lamentó el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García.
Señaló que en su momento se efectuó un esfuerzo amplio en el proceso para la implementación del sistema de justicia penal oral, pero después se dejó a la buena fe y actuación de los tribunales locales. “En mayor o menor medida tienen sus recursos, su visión, pero se abandonó totalmente la consolidación y esto es lógico, no basta implantar una idea, un sistema o un esquema, lo importante es irlo puliendo y ver si responde a las necesidades por las que fue creado”, enfatizó.
Rojas García explicó que el organismo implementador del nuevo sistema penal desapareció al concluirse el proceso y no se sustituyó por otro mecanismo que diera seguimiento. De esta forma, se dejó en manos de las entidades federativas que actuaran sólo con base en sus consideraciones, cuando se requería emprender una política desde lo nacional.
El titular del Poder Judicial señaló que debe revisarse la implementación y consolidación de los juicios orales en países sudamericanos que llevan años de ventaja en su implementación, para tomar medidas oportunas. Refirió que uno de los principales éxitos de los países latinoamericanos que tienen más años con el sistema oral es el hecho de que no estén llevando a juicio tantos asuntos.
Afirmó que se deben priorizar los mecanismos alternativos de justicia en los que se repare el daño a las víctimas, por encima de la reclusión, y realmente se permita reintegrar cabalmente a la sociedad a los sentenciados, evitando que caigan en el espiral de la reincidencia delictiva.
Advirtió que debe fortalecerse la reintegración social de los procesados, atendiendo las situaciones que les impiden una readaptación, como no tener un lugar donde vivir, acceder a un trabajo o resolver sus problemáticas familiares.