Las candidaturas para las elecciones de 2027 estarán obligadas a presentar su declaración de integridad 3 de 3, que incluye información sobre su situación patrimonial, cumplimiento fiscal y posibles conflictos de interés, afirmó Marcela López Serna, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Sin embargo, la reciente reforma al Código Electoral prevé sanciones económicas para los partidos políticos, pero no la cancelación del registro de las candidaturas que incumplan con esta obligación.
La obligatoriedad representa un avance respecto de procesos anteriores, cuando la presentación de esta información dependía de la voluntad de las candidaturas, pese a que el Sistema Estatal Anticorrupción impulsó durante años la incorporación de este mecanismo a la legislación electoral.
Ahora, las declaraciones deberán hacerse públicas y la nueva disposición permitirá a la ciudadanía contar con elementos para conocer a quienes contienden por un cargo de elección popular y dar seguimiento a su evolución patrimonial.
La legislación establece para los partidos políticos una multa de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente actualmente a montos de entre 5 mil 865.50 y 23 mil 462 pesos.
Los partidos deberán presentar ante el Instituto Estatal Electoral las versiones públicas y firmadas de las declaraciones patrimonial y de intereses, además de la constancia de situación fiscal actualizada de cada candidatura. Los documentos deberán entregarse una vez aprobado el registro correspondiente y antes del inicio de las campañas electorales, conforme a los lineamientos que emita el Consejo General del IEE.
