Actualmente toda la atención se concentra en el avance que registra el coronavirus, lo que es entendible por lo que significa el número de contagiados y fallecidos, pero esto ha llevado que se deje en segundo término los suicidios, situación que debería de tener un grupo interdisciplinario independiente al que opera el Covid-19.

Desde hace varios años Aguascalientes ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional por esta situación, lo que motiva que cada cierto tiempo se hable de tener un equipo que se encargue de estudiar el porqué las personas se quitan la vida y qué se puede hacer para evitar que siga causándose, pero después de unos días se relega el interés y nuevamente se recobra cuando hay dos o más en un solo día, para que luego se vuelve a  caer en la inercia.

El 13 de mayo de 2019 tuvieron lugar cinco autoinmolaciones que causó la alarma general y motivó que cinco días después se instalara el Comité Interinstitucional para la Prevención del Suicidio, con el que se buscaba acordar y aplicar acciones que evitara o redujera este fenómeno, pero por lo visto no fue la solución ya que siguen presentándose los casos al grado que este año podría ser el que tenga el mayor número en la historia estatal.

El titular del Instituto de Salud del Estado, Sergio Velázquez García, dijo hace unas semanas que de acuerdo con las investigaciones que se tienen, el 90% de los que atentan contra su vida padecen alguna enfermedad que no fue lo suficientemente tratada, y también que en algunos casos son personas violentas y no han sido atendidas debidamente, o son consumidoras de algún estimulante (alcohol, estupefaciente o la combinación de ambos), lo que empuja a tomar una decisión fatal. El caso que más cimbró a la sociedad fue el del un niño de 13 años, que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre, al que se suman los de madres y padres de familia cuyas edades eran de 35 a 50 años.

Para el psicólogo Nefi Jacob Campos Muñoz, la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas o la falta de empleo no son factores determinantes para que alguien decida sacrificarse, sino a otra condición emocional, por lo que se requiere tener mayor cuidado entre los miembros de la familia para detectar a tiempo alguna situación anímica que atraviese alguno de ellos.

Cualquiera que sean las razones que existan es necesario replantear lo que debe hacerse y principalmente que exista un seguimiento puntual, en donde se rinda un informe pormenorizado por lo menos una vez al mes, para conocer a detalle si hay avances o qué cambios deben hacerse.

Cuando faltan tres meses para que concluya el año ya se rebasaron los 130 casos, por lo que 2020 podría ser el que más registre, de ahí la urgencia de activar las alarmas para reducir en lo posible este ritmo, que se entiende, no es fácil de lograrlo ya que quien decide renunciar a vivir lo hace en la soledad, pero con una campaña intensa en todos los medios de comunicación es factible tener un resultado, donde tienen un papel decisivo la familia, la iglesia, los amigos, vecinos y las autoridades, en quienes el pre-suicida pueda encontrar  protección, consejo y apoyo de alguien que lo escuche y ayude a salir del estado moral en que se encuentra.

NO A LA CONSULTA

Pretender que el pueblo sea el que decida si se lleva ante un juez a los ex presidentes de la República, mediante una consulta pública, es simple y llanamente “una tomadura de pelo”, ya que para eso existen leyes que permiten procesar no sólo a quienes fueron funcionarios sino a cualquier ciudadano.

Así, de manera contundente, respondió Claudio Antonio Granados Macías, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, al considerar que el proyecto del actual titular del Poder Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “suena más a una estrategia de índole electoral”.

El pleno del máximo tribunal del país definirá mañana si apoya la ponencia del ministro Luis María Aguilar, en la que rechaza aprobar la pregunta que plantea el actual mandatario en contra de sus antecesores, al considerar que es “un concierto de inconstitucionalidades”.

Para el catedrático Granados Macías la consulta que planea “es una tomadura de pelo y no valorización del Estado de Derecho en términos generales”, por lo que el inquilino de Palacio Nacional tiene la decisión de enjuiciar a los ex mandatarios no necesita de tanto alboroto, pues es un proceso que totalmente está en manos del Congreso de la Unión, en el que su partido y sus aliados son mayoría, mientras que de ser procedente a la Corte sólo le incumbiría la correspondiente sanción.

En lo anterior coincide la mayoría de los estudiosos del derecho, analistas y articulistas, por lo que existe la seguridad que la proposición de Luis María Aguilar será aceptada por sus colegas ministros y ministras.

En México se cuenta con las herramientas jurídicas y políticas “para llevar a cabo un proceso en contra de cualquier funcionario o ex funcionario público que haya vulnerado el orden constitucional y legal”, reiteró el entrevistado, por lo que tratándose de ex presidentes “ya están dentro del espectro del juicio político, que es el mecanismo idóneo para responsabilizar la actuación de los ejecutivos en los últimos 32 años”.

Sobre el particular mencionó que los artículos 108 y 113 a la Constitución comprenden un capítulo de las responsabilidades de los servidores públicos y que en el caso de los presidentes se señala que durante el tiempo del encargo sólo pueden ser acusados por traición a la Patria y delitos graves del orden común, obviamente siguiendo las reglas de prescripción de estos delitos en los que pudieron haber incurrido.

Dijo que el único delito que no prescribe es el de genocidio, el cual no se da, al menos en los señalamientos de presunción que se hacen a los ex mandatarios, tal como sucedió en 2002 cuando se pretendió llevar ante la Suprema Corte al licenciado Luis Echeverría Álvarez, “por las responsabilidades que pudiera derivar de lo acontecido en 1968 y 1971 con el ‘halconazo’ y no se encontró responsabilidad porque no se consideró genocidio”.

En estas condiciones, el propósito del actual presidente, de llevar ante el banquillo a quienes le antecedieron en el cargo (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) “no es más que un absurdo pues no existe la posibilidad de someterlos a juicio político, posiblemente el único que pueda caber en la categoría sea Enrique Peña Nieto, pero aún así el procedimiento le correspondería al Congreso de la Unión y sin necesidad de hacer consulta, sino aprovechar la mayoría, por sí solos (diputados y senadores de Morena y sus socios) tienen la capacidad de iniciar el procedimiento”.

800 VACANTES

Conforme se regulariza la producción en las armadoras de automóviles hay un crecimiento de trabajo en las plantas proveedoras, por lo que en estos momentos se tiene una oferta para casi 800 operarios, que se espera cubrir en poco tiempo. Todo indica que la etapa crítica ya pasó, por lo que en lo que resta de 2020 se tendrá normalizada la manufactura en todos los espacios automotrices, hecho que augura que el año próximo será diferente para ventura de los trabajadores, de las empresas, el estado y el crecimiento en general, teniendo en cuenta que la economía en general depende en gran medida de las ensambladoras y sus fábricas alimentadoras.