Un Estado que no garantiza la paz laboral no está creando condiciones de permanencia para sus inversionistas foráneos, advirtió el presidente del Poder Judicial, Juan Manuel Ponce Sánchez.

Agregó que cuando la seguridad del trabajador no está asegurada y queda en entredicho la certeza para el capital y el trabajo, que significan fuentes de empleo, las inversiones suelen volar.

En ese contexto, sostuvo que la transformación en ciernes del sistema de justicia laboral es un reto enorme, pues si se hace es precisamente para que sea más fácil, sencillo y eficiente, y eso significa un enorme compromiso.

Recordó que por mandato constitucional su implementación se debe concretar en febrero del próximo año, es decir, dentro de cuatro meses, y para ello es necesario establecer las condiciones para lograrlo con éxito.

“Es decir, hay que generar la infraestructura y modificar los procedimientos, pues de lo contrario todo seguirá como hasta ahora y si bien es cierto que en Aguascalientes la justicia laboral no está mal, no se puede negar que hay muchas áreas de oportunidad para lograr mejorarla sustancialmente”.

Sobre todo, dijo, porque esa es la esencia de la reforma constitucional en la materia, y esa es la parte en la que los presidentes de los poderes judiciales de los estados del país están recalcando y solicitando comprensión y sensibilidad de los otros poderes, para que se sumen en este reto que va a beneficiar a todos.

“La reforma en materia de justicia laboral no es un reto del Poder Judicial por sí mismo, sino de toda la sociedad a la que se debe dar seguridad laboral, y eso significa tranquilidad de la clase trabajadora”.

Ponce Sánchez señaló que si en Aguascalientes se logra dar seguridad laboral e impartir justicia de manera eficiente en esta materia, tendremos la posibilidad de que los empresarios que están ahora aquí, se queden y la entidad siga siendo un estado atractivo para la inversión extranjera.