Ha sido tan insistente la acechanza en contra del profesorado, por supuestamente no estar preparado para atender de manera adecuada la formación de niños y jóvenes, que en diversos núcleos sociales toman como una verdad absoluta lo que se dice y exigen acciones a rajatabla, sin analizar de dónde proviene esa campaña, quién la solapa con su silencio y qué fines persigue.

Como parte de esa operación, Sylvia Schmelkes, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, recién mencionó que el 30% de los egresados de las normales son “no aptos” para ejercer la profesión y el 60% de los que están en funciones son “insuficientes” para estar ante grupo.

Lo anterior significaría que la educación de las nuevas generaciones está en manos de personas que no están preparadas, que son improvisadas y de manera espontánea un buen día aparecieron con el gis y el borrador en la mano y se pusieron a enseñar.

Nada más falso, puesto que todos sin excepción cursaron la carrera en una normal y tienen un diploma o título firmado por el secretario de Educación Pública que los acredita para ejercer la docencia, que todo aquello que aprendieron por varios años es lo que van a enseñar.

Por lo anterior, si “no son aptos” es porque la falla está en los programas y métodos del normalismo y de lo cual la responsabilidad directa recae en la SEP, que a través del actual titular y de otros funcionarios se han encargado de menospreciar la labor que desempeñan profesores y profesoras. De ser verdad lo que dicen, y que lo sustentan en presuntos estudios, tan sencillo como ordenar el cambio de la instrucción que reciben los normalistas. Si, efectivamente, hay deficiencias en los procedimientos, ellos son los menos culpables, porque aquello que aprenden es lo que van a transmitir. No puede ser de otra forma, puesto que para eso se les prepara.

Por consiguiente, habría que empezar por que en los máximos niveles de la SEP hagan un examen de conciencia y apliquen las medidas más convenientes, pero que no sigan utilizando como “chivos expiatorios” a los profesores para otros fines. Cuando se proyectó y promulgó la Reforma Educativa se dijo que era para elevar el nivel de educación de niños y jóvenes, sin embargo, a los dos años de distancia para lo único que sirvieron los cambios constitucionales (artículos 3º y 73) fue con fines laborales, al imponer el examen a los aspirantes y a quienes tienen plaza, bautizado como “servicio profesional docente”, con la advertencia de que es el filtro para determinar quiénes puedan llegar o quedarse, pero en cuanto a cambiar los planes y programas de las normales no hay una sola mención, lo que puede constatar quien se tome la molestia de leer los citados artículos.

En lugar de eso, para dar mayor solidez a las acusaciones, se hacen comparativos con otras naciones y llegan a la conclusión de que la educación en México está en los últimos lugares de la OCDE (Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico), sin aceptar que la raíz estaría en la formación de los pedagógicos, en las normales, que siguen un padrón que rige en todo el país y del que nadie se puede apartar.

Por si fuera poco, el SNTE sigue como invitado de piedra ante los sucesos, de vez en cuando hay alguna declaración, pero sin llegar a la defensa efectiva de los agremiados. Tal parece que el dirigente Juan Díaz de la Torre está avisado de que no haga olas, o de lo contrario podrían escarbarle un poco al expediente de su antecesora Elba Esther Gordillo Morales y encontrar que él fue uno de los que firmaba los cheques millonarios de lo que hoy se acusa a la exlideresa.

El acometimiento oficial y la indefensión sindical tiene contra las cuerdas a los trabajadores de la educación, que no sólo son denostados, sino que no saben para dónde hacerse, porque quienes los incriminan son los mismos que les harán los exámenes para nuevo ingreso o de permanencia en el trabajo.

AUREOLA AMBIGUA

Las campañas políticas dan la oportunidad a los empresarios de exigir a cada uno de los candidatos que asuman el compromiso, que de llegar a la Cámara de Diputados actúen con honradez y transparencia, y ante todo sean leales a los compromisos que acepten ante el electorado.

De paso hay quien aprovecha para exigir que uno de sus primeros actos sea la reforma a la miscelánea fiscal, reduciendo los impuestos y otros gastos que tienen, con el propósito de incentivar la producción y fortalecer los negocios.

Esa honradez y transparencia no se observa en algunos actos en que se han visto involucrados, como el caso del presunto fraude que directivos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), capítulo Aguascalientes, cometieron hace varios años y de lo que no han recuperado el dinero, ni hay un solo detenido, por el contrario, siguen pagando fuertes sumas de intereses por el préstamo que recibieron para la construcción de lo que sería el edificio que albergaría varias cámaras y las oficinas del Centro Empresarial de Aguascalientes (CEA), filial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El nuevo presidente del CEA, Francisco Ruiz López, se manifestó en contra de entregar al gobierno del estado la parte del terreno que ocuparía el complejo, por el contrario, demandó que se aplique la ley a quienes previsiblemente cometieron el fraude, postura que tiene encima la fuerte presión de estar pagando los intereses y que sale de las cuotas aportadas por los socios.

En principio se pronunció por el castigo a los responsables, aunque también habló de “explorar todas las opciones”, además que la intención es contar con un edificio propio para el CEA, por lo que por una parte irán por recuperar lo invertido y lo que hayan erogado hasta el momento que se dicte sentencia a los culpables y por otra, trabajar en la construcción de las oficinas.

Aunque Ruiz López sostuvo que lo sucedido “no es un asunto de instituciones, sino propio de las personas que trabajaron” (en la Canacintra), con lo que desliga a las cámaras, no puede negar que el problema ventilado públicamente a lo largo de varios meses los deja en una posición incómoda, ya que no se trata de cualquier persona o de un empleado menor, sino de exlíderes y directivos que tuvieron acceso a los recursos, por lo tanto, si se comprueba la estafa, el nombre de Canacintra volverá a mencionarse por más que se pretenda desligarlo.

En estas condiciones, ¿cómo exigir a los demás lo que no son capaces de cumplir? Para hablar de virtud se requiere de no tener nada bajo la alfombra, de lo contrario, alguien puede levantarla y se encontrará con la sorpresa de que la corona es de oropel.

NO SE HAGAN… PATOS

La prohibición para que los tres niveles de gobierno promocionen sus actividades durante dos meses entra hoy en la segunda semana, lo cual no significa que los funcionarios se echen a la hamaca, sino que cumplan sus actividades normales y sólo se abstengan de comunicar lo que hacen.

Ya lo dijo el coordinador de los delegados federales en la entidad, Armando Romero Rosales: las campañas electorales no paralizan la tareas y obligaciones de las representaciones, por lo que bajo ninguna circunstancia deben sentirse atados de las manos, puesto que hay mucho que hacer, como mantener la atención en las ventanillas y dar trámite a las solicitudes y acuerdos que cada quien tenga.

Les recordó a sus compañeros que la ley establece lo que se puede hacer y no se debe hacer, por lo tanto, en cada quien está no hacer cosas buenas que parezcan malas, o que puedan provocar recelos, consecuentemente hay que trabajar con normalidad y no publicitar lo que realizan.

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