No puede avalarse cualquier incremento en la tarifa del transporte público en la modalidad de camiones urbanos, si los concesionarios no se comprometen a ofrecer mejoras sustanciales en el servicio, subrayó el secretario de la delegación estatal de la Coparmex, Raúl González Alonso.
Indicó que no existe transparencia en el manejo de los recursos que se obtienen del fideicomiso para la mejora del transporte público, ni se puede permitir que la población sea rehén de un sistema de concesiones arbitrario, cuyos efectos del paro de unidades ya comienzan a repercutir en retrasos en los centros de trabajo, por la irregular operación del servicio.
El conflicto que presenta el transporte público por la demanda de incremento en las tarifas del pasaje por parte de los concesionarios, es una oportunidad propicia para que la nueva legislatura analice la propuesta de Transporte Digno que presentaron la Cámara y diversas organizaciones, enfatizó.
Cualquier propuesta que se haga sobre un aumento debe estar cimentada en estudios justificativos precisos, con un ofrecimiento claro de qué mejoras y beneficios se obtendrán a raíz de una nueva tarifa.
Consideró que un planteamiento de una tarifa de incremento del 50% está fuera de cualquier razonamiento, cuando no existen compromisos palpables de que habrá mejoras significativas en el servicio.
Argumentó que la prestación del servicio de transporte público no puede limitarse a una concesión, sino a la ley de oferta y demanda, en la que haya la oportunidad de elegir el mejor servicio, y que tanto usuarios como los prestadores del servicio se vean beneficiados.
Reiteró que la Coparmex ha pugnado por un decálogo en el que se generen mecanismos para mejorar la calidad en el servicio, con accesibilidad para personas con discapacidad, recorridos puntuales, paraderos dignos, entre otros puntos.
