Con sorpresa, contrariedad y decepción se recibió la noticia de que en Aguascalientes se niega el registro civil a los recién nacidos cuyos padres son extranjeros y carecen de documentación que acredite su país de origen, lo que además de ser una aberración va en contra del derecho que le asiste a todos los nacidos en México de tener una identidad.

A través de un reportaje que publicó Newsweek, en su edición en español de julio-agosto 2022, se da a conocer los problemas que hay en varias partes de la República para que sean inscritos niños y niñas que recién han nacido y que pasan por esta tesitura.

El trabajo periodístico a cargo de Dulce Rodríguez, Adelina Pazos y César Solís se hizo por regiones, lo que permite asomarse al drama que sobre el particular existe, encontrándose coincidencias de la negativa que hay en todas las oficinas del registro civil para cumplir en tiempo y forma con su obligación.

“Sin el papel, no tienen nacionalidad y tampoco pueden acceder a la seguridad social. E incluso podrían ver vulnerado su derecho a recibir educación”, subraya la publicación.

En el caso de Aguascalientes, se menciona que en un inmueble abandonado que iba a ser un restaurante-bar, a servido de refugio para un centenar de migrantes, que en su mayoría procede de Haití. Entre ellos hay un bebé al que llaman Jayson. Su nacimiento fue en el Hospital de la Mujer de esta ciudad en febrero de 2022, pero legalmente no existe porque el Registro Civil se negó a registrarlo al no presentar sus progenitores el acta apostillada, que expide la Secretaría de Gobierno del estado en que se expidieron los documentos originales y que deben demostrar fehacientemente, con escritos, del país que provienen, además de pagar por el trámite. El problema estriba en que parte de los extranjeros huyen de su lugar de origen sólo con la ropa que traen, por lo que en muchos casos no tienen forma de confirmar su procedencia y por ende se niega a sus hijos recién alumbrados tener el reconocimiento oficial del lugar en que han nacido.

Lo mínimo que debería hacerse es otorgar de inmediato ese testimonio y a la par llevar a cabo las indagatorias que sean necesarias para determinar la nacionalidad de los padres, con lo que se da paso a lo dispuesto por la UNICEF, de que todos los recién nacidos tengan una identidad, bajo el principio de que “el acta de nacimiento es la puerta de entrada a los demás derechos de los niños y niñas, al ser un documento de identificar les permite ingresar a la escuela y obtener reconocimiento legal de sus estudios, acceder a servicios básicos de salud y seguridad social (así como apoyo económico para ellos, sus padres y cuidadores), entre otros”.

El propio organismo de la ONU recalca que carecer de registro o acta de nacimiento puede convertirse en un factor de exclusión, cuando los niños y las niñas no cuentan con un registro desde el nacimiento y también son expuestos con mayor facilidad a peligros como ser víctimas de trata de personas, los matrimonios forzados, adopciones ilegales y reclutamiento forzado, entre otros. De cada 10 personas sin registro de nacimiento en México, 6 son niños, niñas o adolescentes, situación que se da principalmente en estados del sur y centro del país.

En el Estado de México habita una niña de tres años que le dicen Nancy y es hija de migrantes hondureños, pero le han negado el acta de nacimiento al carecer sus padres de papeles. Previo a su nacimiento vivieron una odisea, al haber tocado tres hospitales y en dos no los aceptaron y en otro les exigían el pago de 10 mil pesos a pesar de que se trata de una institución pública, el colmo fue lo que le dijeron al padre en el Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero: “Paga al menos lo que se comió tu mujer, ella no es mexicana”.

En Baja California la UNICEF debió intervenir en 30 casos y en Aguascalientes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados registró 10 casos en donde los niños aún no pueden acceder al acta de nacimiento, asimismo en la misma entidad se ocupó de 10 más para que los pequeños mexicanos pudieran obtener su identidad.

(Este trabajo de indagación fue presentado por BI Noticias, Newsweek en Español, El Sol de Tijuana, Pie de Página y Connectas con apoyo de International Center for Journalists (ICEJ), en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas).

CRECE LA INSEGURIDAD

Aunque el problema deriva de la terquedad de mantener la teoría que es preferible “los abrazos y no los balazos”, Aguascalientes está en vías de vivir los graves problemas que registran Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, por citar los más cercanos. La lucha que tienen lugar en otras partes del país entre los cárteles se ha trasladado a esta entidad, al haber un aumento de asesinatos de presuntos narcomenudistas y por si faltara algo haber sacrificado y sepultado a una persona en San José de Gracia, mientras que otros son perseguidos a plena luz del día y muertos en la vía pública.

También hay un incremento en el robo de vehículos con violencia, asalto a casas habitación y atraco a cuentahabientes, por lo que nadie está seguro dentro ni fuera de su hogar, ya que la delincuencia no se detiene ante nada.

Mientras tanto, las corporaciones policíacas sirven para redactar las actas de los hechos, no  como fuerza de vigilancia y prevención y lo mismo sucede con la policía ministerial, que desde hace años está sólo como “levanta-muertos”.

Por largo tiempo los gobiernos estatal y municipales se vanagloriaban de que Aguascalientes fuera un una zona con un mínimo de asuntos policíacos de alto nivel, pero de unos meses a la fecha la narrativa tiene que ser otra en función de los acontecimientos que han sucedido en la ciudad capital, Calvillo, San José de Gracia, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y El Llano.

Se presume el nivel de la policía cibernética, pero lo mejor que ha hecho es evitar que algunas personas sean obligadas a pagar el “rescate” de un familiar que supuestamente estaba secuestrado, porque en lo demás todo gira en torno a actuar sobre los hechos consumados y perseguir a los facinerosos mediante las cámaras de videovigilancia, que funcionan adecuadamente sólo en la capital porque al interior es trabajar al azar.

Por lo anterior no es casual que el 52% de lo aguascalentenses señalen que vivir aquí es inseguro y se tenga un crecimiento exponencial en materia de extorsión al llegar al 23.1%. En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que publicó el INEGI, se destaca que durante el pasado mes de junio hubo un aumento en el nivel de inseguridad, ya que mientras en marzo fue 47.6% en tan corto tiempo llegó al 54-2%, inclusive superior a junio de 2021 que registró 50.7%. Quienes quieren ver algo positivo sostienen que a nivel nacional el clima de inseguridad es de 67.4%, donde las mujeres lo resienten más al llegar a 72.9% que viven en zozobra y 60.9% los hombres.

Otro dato que deja en claro lo que resiente la población es que de enero a junio de 2022, el 13.0% de la población de 18 años o más tuvo relación con alguna autoridad de seguridad pública y el 43.1% narró haber sufrido, al menos, un acto de corrupción; en el caso de Aguascalientes se indica que el 30.1% dijo haber soportado un hecho de esa naturaleza, en tanto el  23.1% en los hogares al menos uno de sus miembros fue víctima de extorsión, el 18.3% fue víctima de robo en sus distintas circunstancias y 7.1% de extorsión.

En estas condiciones las autoridades deben olvidarse de promocionar la ciudad y el estado como tierra de oportunidades, donde no pasa algo extraordinario, cuando lo ordinario son los hechos delictivos que tienen lugar casi todos los días.

NO LA TIENE FÁCIL

Aunque presume que es inocente de las acusaciones que enfrenta por presunta “violencia política de género”, el secretario de Organización del Comité Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Fernando Alférez Barbosa, tiene que demostrarlo ante el Juez de Control y Juicio Oral. Pidió al juzgador enfocarse “de manera objetiva y no buscar marcar un precedente en sanciones” por el presunto delito del que se les acusa, además aprovechó para imputar a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de no respetar sus datos personales a diferencia de quien lo inculpa, lo que a su criterio no es de extrañarse al ser una figura pública que proviene de un partido de oposición, al judicializar la reciente elección, por lo que es natural que no respeten sus derechos políticos. Independientemente del final que tenga este episodio, lo que no puede negar el ex diputado que uno de sus pasatiempos favoritos es ser el centro de la polémica, por lo que por sí o por otras personas ataca o resiste los problemas y de los que, hasta ahora, desde la época del ex alcalde Alfredo Reyes, ha salido airoso.