Ante la escasez histórica de recursos en los gobiernos municipales que genera incertidumbre en la operación del servicio de agua potable, se debe priorizar un modelo que ofrezca un servicio regular y asequible, en el cual el capital privado libera a la autoridad de las grandes inversiones que se requieren, señaló el profesor Carlos Alberto Villanueva Martínez, catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad Panamericana campus Ciudad de México.
Resulta una irresponsabilidad el reciente caso de la suspensión por falta de pago del suministro eléctrico a los pozos de bombeo de agua potable de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, como ejemplo de administraciones municipales que alegan insuficiencia presupuestal para interrumpir el servicio, manifestó.
En el caso del nuevo modelo para Aguascalientes, hay que considerar dinero suficiente para contratar personal especializado e inversiones en infraestructura, frente a la realidad económica limitada del erario municipal.
Subrayó que la naturaleza sensible del servicio de agua potable genera decisiones político-electorales que evitan la facturación cuando se trata de organismos operadores públicos de suministro de agua, en detrimento de un servicio de calidad.
Independientemente del modelo que se elija, consideró fundamental que el contrato de concesión que terminará, cuente con el procedimiento de terminación de la relación, ya que este servicio público no tolera una interrupción y no se pueden esperar unos días, que se analicen jurídicamente las obligaciones laborales del personal que trabaja para la concesionaria frente a un despido, así como la permanencia de toda la infraestructura de conducción, almacenamiento y control, que se utilizan para el servicio, y por ende pertenecen a los bienes públicos por considerarse afectas al servicio, una vez que finaliza la concesión.
Existe un problema de fondo en la prestación de servicios públicos municipales consistente en el corto periodo de un trienio, que evita la profesionalización del personal y cambio de proyectos de gobierno cada tres años, aunque habrá que señalar que en el caso de Yucatán se logró la conformación de un organismo operador con personal desvinculado al cambio por finalización de una administración.
