Por más esfuerzos que hace cada partido político por demostrar que es diferente a los demás, actúan como todos los demás y la mejor muestra está en la elección de las candidaturas que estarán en juego el 6 de junio. Hablan de democracia y de tolerancia, pero al mismo tiempo impiden que se registren dos o más aspirantes, porque esto lo define la cúpula o algunos santones, que triunfantes presentan las “fórmulas de unidad”, con lo cual despojan a la militancia de elegir al que los represente en la contienda constitucional.

Hay quienes pretenden ser diferentes, al convocar a la sociedad para que mediante dispositivos electrónicos elija a los que serán los candidatos por ese partido, cuestión que no pasa de ser una vacilada, porque de los externos que voten no tienen posibilidades de comprobar en qué grado se tomó en cuenta su preferencia, simplemente los directivos presentarán la relación y dirán que esa es la que nominaron, que por coincidencia serán casi los mismos nombres que se mencionó con anticipación.

Cada organismo tiene su método de “planchado”, pero en lo que coinciden todos es que es el mejor que hay, además de reconocer que con esto se evitan fracturas internas que luego se reflejen en la competencia general, lo que se desmiente con la reciente elección en Estados Unidos, donde el hoy presidente Joe Biden encontró en las primarias del Partido Demócrata una fuerte opositora en Kamala Harris, pero una vez que se decidió a favor de Biden éste invitó a Harris para que fuera su compañera de fórmula y que fue con la que ganó.

Lo que sucede en México es todo lo contrario, prefieren la imposición a nivel central o con la intervención de los principales grupos locales, que llegan a un acuerdo de quien debe de ser, pero de lo cual la colectividad desconoce si verdaderamente era el principal o sólo fue el que tuvo mejores amarres, o que convino más por la forma en que hará el reparto del pastel si llega a ganar.

La democracia es un sistema que apoya la soberanía del pueblo, a través de la cual todos los miembros de una población o sociedad eligen a sus representantes, pero en la práctica no todos son los que deben de estar, pero sí están los que lograron ser “electos” por el inmarcesible dedo, que como se señala se disfraza como de unidad.

En función de lo descrito, lo único que queda es elegir al menos malo o hacerlo al azar, o bien, irse por el partido que siempre ha votado aunque el candidato no sea de su agrado, pero hay que hacerlo, porque en caso contrario permitirá que otros elijan por Usted. Abstenerse es un derecho que le asiste a cualquier poblador, sin embargo consiente que otros lo obliguen a aceptar lo que haga o diga el ganador.

Como ingrediente extra está que diputados locales y federales buscarán ser reelectos, por lo que ha llegado el momento de ajustar cuentas y determinar si merecen seguir en la curul, que a diferencia de EU, donde hay quienes duran una eternidad en el Senado y la Cámara de Representantes porque son en verdad servidores de la comunidad, en cambio aquí se sabe esporádicamente que están en el Congreso de la Unión o en el Congreso del Estado, pero no por las iniciativas que presentaron, y que además fueron aprobadas, sino por los escándalos o porque presentan cada año un informe de actividades, que es un formulario que es el mismo para toda la bancada

SALIÓ AIROSO

Una regla no escrita es que los funcionarios públicos entren por la puerta grande y se vayan por la de atrás. Esto se da luego de un período en que hubo más oscuros que claros y prefieren hacer mutis, hablándose del relevo y poco o nada del que estuvo en esa oficina.

Lo contrario ocurre con Ignacio Villanueva Chávez, que hasta enero pasado fue el representante en Aguascalientes de la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), quien después de más de 30 años de labores se retiró dejando una lección de cómo debe actuar un servidor público, al sumar eficiencia con un manejo del personal que estuvo bajo su mando, que sin ser drástico se daba a respetar, actitud que se reflejaba en la atención a la sociedad.

En 2020, que fue prácticamente el último año en que estuvo al frente de esa dependencia, se logró la recuperación de 53 millones 202 mil 482 pesos a favor de los usuarios. En total se registraron 3 mil 804 reclamaciones que es una cifra menor a las 5 mil 890 presentadas en 2019, retroceso que podría deberse a las condiciones que prevalecieron por la pandemia y debido a que las oficinas de la Condusef estuvieron cerradas de marzo a agosto, por lo que únicamente se atendió por vía electrónica.

Subrayó que de esas reclamaciones, 519 llegaron a proceso de conciliación con la intervención de la Condusef, en tanto el 70% de las quejas se solucionaron convenientemente para los usuarios, para ello se utilizó el medio electrónico y el 30% se fue a procesos de conciliación, de los cuales el 45% alcanzó una respuesta positiva y el 55% se fue a tribunales.

En el mismo período los motivos más habituales fueron por consumos y cargos no reconocidos en la cuenta, la actualización del historial crediticio no cumplido, el crédito no reconocido en el historial crediticio, la disposición de efectivo no reconocido por el usuario, el cajero automático no entrega la cantidad solicitada, lo mismo que inconformidad por el cobro de comisión no reconocida o no pactada en un contrato.

En cuanto a los seguros, las quejas más recurrentes tienen que ver con la inconformidad en el tiempo para el pago de indemnizaciones y la negativa para el pago de la indemnización al usuario, al igual que las instituciones no entregan la carta de liberación de adeudos o la carta-finiquito.

Uno de los delitos que más dañan a la sociedad es el robo de identidad, que el año pasado registró 11 casos, que fue una cifra mínima en comparación con los 113 que hubo en 2019 y 138 en 2018, sin embargo así hubiera sido uno perjudican enormemente a quien lo sufre, ya que por ese medio los estafadores pueden solicitar créditos y realizar todo tipo de operaciones mercantiles que luego se pretende que el lesionado pague, por lo que debe entrar en una serie de litigios para demostrar que es una víctima.

Ojalá que todos los responsables de oficinas públicas tuvieran el mismo resultado que Ignacio Villanueva y se fueran con banderas desplegadas, que sin aspavientos supo atender con urbanidad a los usuarios y a los medios de comunicación, lo que se reflejaba en sus subalternos, particularmente porque es un organismo que debe de ser muy sensible para escuchar a los demandantes que por su estado de ánimo en ocasiones no les agrada enterarse que podría haber alguna responsabilidad en los actos que los involucran, pero con sutileza se logró hacerlo y al mismo tiempo, con la ley en la mano, obligar a los servicios financieros a que aceptaran sus errores, lográndose rescatar varios millones de pesos que parecían perdidos para el ciudadano.

DISTINTO ÁNGULO

Muy atractivo resulta para los automovilistas morosos que no han verificado sus vehículos, que la Proespa determine la reducción de multas y que las infracciones no ocasionen recargos. Pero qué malo para los cumplidos, que ni una rebaja reciben por pago puntual. Así ha sido en casi todo lo que refiere al pago de impuestos y derechos, salvo en el predial donde hay una baja mínima. Ahora bien, esto de la verificación tiene el carácter de recaudatorio, en función que de las más de 500 mil unidades motorizadas que circulan por el estado de Aguascalientes, sólo unos cuantos pueden ser contaminantes y es algo visible, pero se prefiere obligarle el cuento que en algún momento pueden impurificar. De acuerdo a lo informado a este Diario por Ofelia Castillo Díaz, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), la multa por adeudos a partir de 4 o más períodos sin verificación en autos particulares, pasará de 5 mil 212 a 3 mil 476 pesos y las infracciones serán fijas y no ocasionarán morosidad. Quienes tengan un período pendiente recibirán un descuento, para ello deberán acudir directivamente a la Proespa. Los adultos mayores propietarios del vehículo tendrán un descuento del 20% sobre el costo de la verificación.