Salvador Rodríguez López

Los y las aspirantes a la Presidencia Municipal de Aguascalientes proponen una serie de medidas para atender las demandas sociales, pero han callado sobre el cobro del DAP (Derecho de Alumbrado Público), que de manera anticonstitucional continúa aplicando el Ayuntamiento.

Es una acción que lesiona la economía de casi 300 mil ciudadanos, que “a chaleco” pagan el 10% para tal fin y el cual se agrega al consumo de energía eléctrica, por lo que nadie se escapa de acoger en el recibo esa obligación, misma que no pagan las grandes empresas, porque un equipo jurídico se encarga de obligar al Gobierno de la ciudad a devolver ese dinero. En cambio, el ciudadano normal no tiene otra opción que hacer la aportación que anualmente significa un monto de 160 millones de pesos.

Vale la pena recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional esa contribución, al establecer el 4 de diciembre de 2020 que es un impuesto y no un derecho y que de manera ladina se cobraba, por lo que ordenó su inmediata cancelación, pero las actuales autoridades municipales, en contubernio con el Congreso del Estado, le dieron la vuelta y crearon otra figura jurídica, por lo que en lugar de ser un derecho ahora es un “servicio”, lo que también aplicaron los ayuntamientos de Rincón de Romos y San Francisco de los Romo, mientras que en Jesús María en lugar de ser un derecho pasó a ser un “servicio público”, que para el caso es lo mismo. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de diez de los once municipios, toda vez que Cosío es el único que no lo impone, sin embargo hasta la fecha ese organismo no ha impugnado esa burla que hicieron alcaldes, alcaldesas y diputados.

La cuestión está en que ninguno de los candidatos y candidatas a las respectivas alcaldías ha establecido que si llega a triunfar va a derogar el citado acuerdo, o mantendrá la mudez y por conveniencia dejará que la situación siga igual.

Tal parece que el Ayuntamiento de Aguascalientes se caracteriza por escamotearles recursos a los ciudadanos, como se denunció el pasado 10 de mayo, al contravenir su propia Ley de Hacienda, que al igual que otros cinco municipios han reducido el monto de las exenciones a los adquirientes de bienes inmuebles, que se calculan en UMAs, y no en salarios mínimos, como está determinado en la norma. Esto expresa que de la recaudación registrada en el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), ingresa a las arcas municipales más dinero del que legalmente corresponde, a expensas del bolsillo de la población. Las leyes de hacienda vigentes disponen que las exenciones deban calcularse en salarios mínimos, lo que no se hace en una clara violación de la propia autoridad. Un ejemplo claro de esta chicana es que quien adquiere un lote deberían pagar 81 mil 778.25 pesos, tasándose en salarios mínimos, pero se le obliga a entregar 129 mil 301.25 pesos al hacerlo en UMAs.

Es un problema que por conveniencia dejan correr los ayuntamientos y que el Congreso del Estado ni por asomo corrige, aunque eso sí, varios de sus integrantes hoy están en busca de la reelección, como si hubieran hecho una labor apegada a derecho y cumpliendo sus obligaciones como “representantes populares”.

Tanto en el asunto del DAP como de las exenciones hay un perjuicio directo al interés económico de los ciudadanos, pero eso no les importa a quienes ofrecen las perlas de la Virgen con tal de que voten por ellos.

REPELEN UNA TÁCTICA

La provisión y el desabasto del agua potable son asuntos que tienen muchos años de estar en discusión, en función que al mismo tiempo que el organismo obligado a proporcionar el vital elemento no logra atender al 100% la demanda, están las quejas de los sectores que lo reciben a cuenta-gotas, y a veces ni eso.

Está comprobado que la mayor parte del líquido se utiliza para fines agropecuarios, por lo que a los centros urbanos se les obliga a ser más cuidadosos en el uso y destino que se le da y es en donde entra el mal aprovechamiento que hay del agua tratada, que a decir de José Antonio Moreno Murillo, director de Operación y Mantenimiento del Instituto del Agua de Aguascalientes (Inagua), se utiliza una parte mínima para el riego de cultivos y la industria de la construcción.

Los números no mienten, se generan 5 millones 153 mil litros mensualmente, de la cual sólo el 8% es reutilizada, no obstante que su calidad es de excelencia. El uso que se le da actualmente es para el riego de jardines en escuelas, jardines en fraccionamientos privados y públicos, además en la industria de la construcción y en mínima cantidad en cultivos, principalmente para maíz forrajero y árboles frutales.

En un esfuerzo porque se acepte el agua tratada, el Gobierno del Estado a través del Inagua presentó el proyecto hídrico que incluye el consumo humano, que aún cuando es sólo un plan, las plantas potabilizadoras cumplirían totalmente su función, al ser coadyuvantes de la necesidad que hay de aprovechar al máximo este programa.

Es de vital importancia que las 33 plantas potabilizadoras que tiene el Inagua tengan un máximo aprovechamiento, porque hacerlo significará reducir la extracción que se hace de los mantos freáticos, que como se ha comentado en varias ocasiones, es mayor lo que obtiene que la recarga por lo que ya hay problemas para el abastecimiento general.

Asegura el Inagua que el agua tratada en sus plantas cumple con las descripciones de calidad para ser utilizada por el medio rural, por lo que deben convencerse agricultores y ganaderos que tienen a su disposición un caudal que sería de grande beneficio en cualquier época, principalmente en la de secas.

Es de esperarse que se tenga una respuesta pronta al planteamiento que hace el Instituto del Agua, porque hacerlo permitirá mejorar la distribución del elemento para fines habitacionales, que cada vez tiene mayor exigencia, lo que obliga a considerar las medidas que pueden emplearse para lograr una distribución más equilibrada y que alcance para todos los habitantes.

CHICAHUAL FALSATI

Pese al total respaldo que recibió de Markito Cortés, el supuesto indígena Javier Luévano no pasó la prueba del ácido, por lo que fue echado de la contienda electoral. No se le hizo repetir como diputado federal y todo porque en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se les antojó que si tenía estampa de aborigen bien podría pasar como tal, sin embargo desde un principio la comunidad de Los Chicahuales, Jesús María, mostró su extrañeza que se pretendiera utilizar su nombre para que el calvillense lograra la reelección. En la investigación que llevó a cabo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) comprobó que el abanderado plurinominal por la II Circunscripción no era parte de un pueblo originario, por lo que canceló la candidatura. Aunque el organismo desechó darle vista a la Fiscalía Especializada en Derechos Electorales, en función que para su registro presentó un documento que acreditaba ser miembro de ese grupo, su mayor castigo va a ser que no pueda vivir tres años del presupuesto, por lo que sólo le queda por cobrar de aquí al 15 de septiembre, y hasta la vista Nicanor.

MAYOR ARRAIGO

Al mismo tiempo que el miércoles comenzó la “liguilla” del futbol nacional, avanzan los trabajos de los equipos que se quedaron en la orilla o lejos de ella, como es el caso del Necaxa, que desde su llegada a Aguascalientes no ha pasado de ser un pasajero más. Pese a los años que han transcurrido no ha podido hacer una afición propia, por lo que parte de los que asisten a los partidos o los siguen en la televisión es por los rivales, lo que se debe en gran parte a que en cada campaña hay casi un plantel nuevo. Los que empezaban a despuntar y se les tomaba como referentes son transferidos a otros equipos. Aunque es un negocio, bien harían los dueños en tener un grupo base.