La Comisión de Víctimas, contemplada en la Ley General de Víctimas, es una estructura necesaria pues al no contar con ella, Aguascalientes está dejando desprotegidas a las personas afectadas, afirmó Eloy Morales Brand, profesor investigador de la UAA.
Aunado a ello, son pocos los estados que cuentan con estas comisiones ya que sólo algunos pertenecientes al norte y centro del país han logrado consolidar estas instancias que constituye un pilar fundamental en el nuevo sistema de justicia penal en México.
Con el nuevo sistema de justicia penal regularmente se trabaja desde la perspectiva del autor del hecho o “imputado” y sobre cómo llevar su proceso, por lo anterior, investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes trabajan en un estudio científico para diagnosticar los derechos de la víctima en este nuevo esquema de justicia y potencializarlos.
Al respecto, explicó que anteriormente la víctima sólo era objeto del proceso, es decir, el Estado se consideraba afectado por el delito y la víctima se dejaba a un lado; en cambio, este nuevo sistema busca empoderar a la víctima y que se le repare el daño causado por el imputado, de esta forma el proyecto se enfoca en el estudio de sus derechos y lo que pueden exigir para la reparación de daños durante el procedimiento penal.
Morales Brand indicó que, a un año de iniciar esta investigación, se ha estado realizando la recopilación de información y además se lleva a cabo trabajo de campo en áreas donde se aplica directamente el nuevo sistema penal, teniendo acercamiento con las comisiones de víctimas, asociaciones de derechos humanos, Poder Judicial, Fiscalía Estatal o Federal, entre otras, para de esta forma observar cómo trabajan estos organismos o instituciones respecto a la víctima de algún delito.
Hasta este momento, expuso que se ha comprobado que la víctima ya tiene un carácter de sujeto en el proceso, pues ya existe una normatividad nacional basada en el derecho internacional y normatividad estatal que obliga a las entidades a contar con organismos protectores de víctimas; sin embargo, comentó que si bien otras entidades del país ya cuentan con una comisión de víctimas, en Aguascalientes aún no se establece, pues actualmente sólo se ofrece al afectado asesoría legal.
El especialista en derecho penal expuso que de acuerdo a la Ley General de Víctimas, las comisiones dedicadas a los afectados deben estar conformadas por un cuerpo colegiado especializado para tratamiento y atención a derechos de la víctima, con la capacidad de brindar servicios médicos y psicológicos, así como un área jurídica y de trabajo social para que de esta forma se pueda ofrecer un trabajo de atención para tratar de ayudar a la víctima mediante un tratamiento integral.
En ese sentido mencionó que la ausencia de dicha Comisión no debe aplazarse y que deberá implementarse debidamente para el próximo año 2017 y que, además, este mecanismo de atención a víctimas tendrá que contar con la infraestructura necesaria, el recurso humano y económico suficiente para su operación ya que es una exigencia obligada por la Ley General de Víctimas publicada a nivel federal.
Por otro lado, y respecto al nuevo sistema de justicia penal en el estado que entró en vigencia a partir de mayo de 2016, Morales Brand indicó que si bien la entidad ha avanzado en ciertos aspectos, aún no se ha entregado el edificio de justicia oral en Aguascalientes e indicó que esta infraestructura es de vital importancia para los ejercicios jurídicos que se requieren actualmente.
Además manifestó que si se desea que funcione correctamente este esquema de protección a víctimas, el poder legislativo debe otorgar un mayor porcentaje del presupuesto al poder judicial para invertirlo en infraestructura, recursos humanos, jueces, tribunales, personal interno, entre otros.
Finalmente, expuso que a través de las investigaciones realizadas por el departamento de Derecho de la Autónoma de Aguascalientes se ha impactado fuertemente en el sistema de justicia en México, por lo que la institución, a través de su personal académico, están comprometidos con las problemáticas de la sociedad local y nacional mediante la generación de propuestas de solución.
Cabe mencionar que en este proyecto de investigación está a cargo del cuerpo académico de Administración de Justicia de la UAA integrado también por los profesores Jesús Antonio de la Torre Rangel y Guadalupe Márquez Algara del departamento de Derecho de la institución.

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