Con un registro de 232 monumentos históricos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia emprendió ayer una segunda revisión de estas estructuras tras el sismo de magnitud 4.0 del lunes pasado, a fin de detectar posibles afectaciones, informó su director Humberto Carrillo Ruvalcaba.
Asimismo, anunció la próxima adquisición de drones para supervisar los monumentos históricos y evitar que colapsen por cuestiones naturales, o bien, por las alteraciones que provocan los propios dueños particulares que únicamente quieren derrumbarlos, en lugar de conservarlos y preservarlos, como es su obligación.
En lo que va del año, señaló que 16 denuncias de modificación de monumentos históricos han sido atendidas por el INAH, y se solicita la colaboración ciudadana para que reporte cuando observe que edificios históricos se encuentran en procesos de obra.
Comentó que es frecuente que los dueños particulares de monumentos históricos aleguen que es su propiedad y que pueden hacer lo que quieran con ella. Sin embargo, se les aclara que debieron fijarse antes de comprar un edificio catalogado para ser preservado y conservado. Mucha gente taponea las caídas de agua para provocar humedades y hacer colapsar a las estructuras.
En la actualidad, el Centro INAH Aguascalientes trabaja en un grupo de cinco o seis edificios distribuidos en el estado que se encuentran en fase de estudio y análisis para determinar si pueden entrar en el Catálogo de Monumentos Históricos, los cuales deben cumplir con determinados requisitos de haber sido construidos entre los siglos XVI y XIX.
Luego, comentó que el 30% de los 232 monumentos históricos del Estado de Aguascalientes pertenecen al sector público y el 70% restante está en manos de particulares, y en todos ellos el INAH se encuentra vigilante, porque la responsabilidad es conservar y preservar esta infraestructura.
Agregó que es frecuente que los particulares quieran hacer adecuaciones, modificaciones y alteraciones de las propiedades, y ahí el Instituto Nacional de Antropología e Historia entra para suspender esas acciones, por lo que se les solicita que acudan al INAH a hacer sus gestiones y se eviten ser penalizados con multas de carácter federal, incluso hasta con cárcel.