Apenas se publicó en el Periódico Oficial del Estado, que el Congreso declaró revisadas las Cuentas Públicas 2017 -lo que sucedió en noviembre pasado-. Sin embargo, se omitieron las observaciones hechas por el Órgano Superior de Fiscalización, a causa de anomalías en la aplicación de recursos, en dependencias estatales y municipales.

Recuérdese que las irregularidades detectadas sumaron 419 millones de pesos. De acuerdo a los dictámenes respectivos, el Municipio capital registró inconsistencias por 316 millones, en tanto que del Gobierno Estatal, fueron 25 millones de pesos.

Corresponde a los órganos internos de control, de las dependencias, dar seguimiento a la subsanación de las observaciones realizadas y, en su caso, a la aplicación de las sanciones respectivas. El monto restante es de órganos autónomos y otras instancias.

En los informes del OSF consta la existencia de 614 procedimientos de responsabilidad administrativa y 10 promociones de ejercicio de la facultad de comprobación fiscal contra servidores públicos.

Se evidenciaron pagos indebidos y falta de comprobación adecuada de gastos. Sin embargo, a la fecha, el Poder Legislativo, que por cierto registró siete observaciones, no ha informado quiénes han subsanado los señalamientos, o en su caso, qué tipo de sanciones se han aplicado. Tampoco hay cifras que refieran resarcimiento a las arcas públicas, ni información de que se hayan fincado responsabilidades, lo que habla de impunidad.

El municipio de Asientos, debe responder por 4.5 millones de pesos; Calvillo, por un millón; Cosío, por 4 millones; El Llano, 3.5 millones; Jesús María, 23 millones; Pabellón de Arteaga, 9.5 millones: Rincón de Romos, 5 millones; San Francisco de los Romo, 5.8 millones; San José de Gracia, cerca de 7 millones; y Tepezalá, 6 millones.

También deben rendir cuentas la Universidad Tecnológica El Retoño, la Universidad Politécnica, la Autónoma, la Normal del estado, entre otras instituciones.