René Urrutia De La Vega

Una de las discusiones que más se han generado en los últimos días tiene que ver con un tema sustancial para la vida democrática, jurídica e institucional de nuestro país y me refiero a la reforma judicial que se aprobó en la Cámara de Senadores el pasado jueves 15 de abril; me parece que vale la pena hacer algunas precisiones al respecto, con la intención de generar mayor grado de certeza respecto a lo que significa esa reforma judicial.

Primero, tenemos que decir que la parte sustancial de la reforma, es decir, el contenido normativo de las leyes que fueron reformadas, a saber, la Ley de Amparo, la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de la Defensoría Pública y el Código Federal de Procedimientos Civiles, además de que se expidieron la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, conforma una serie de modificaciones legislativas de sumo importantes e incluso necesarias, baste para ello el hecho de que se pudo generar un cierto consenso en la Cámara de Senadores para su aprobación, sin dejar de mencionar que en su preparación y confección participó la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación y el propio Consejo de la Judicatura Federal, entre otros organismos y personajes que de alguna manera dotaron de legitimidad a dicha reforma.

Hasta aquí las cosas marchan bien y tal parece que se trata de un ejercicio legislativo necesario y positivo, ya que tiene como objetivos primordiales combatir el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, pero no sólo eso, sino además combatir también prácticas inaceptables como el acoso sexual y, por otra parte, impulsar y fortalecer de manera decidida y frontal a la Defensoría Pública para generar un mayor nivel de certeza jurídica a los justiciables mediante la profesionalización de tan trascendental función, que francamente ahora deja mucho que desear.

Si bien hasta aquí las cosas parece que marchan bien, lo cierto es que el proceso legislativo en el que se contextualizó la aprobación de lo que se ha denominado la reforma judicial, se ha visto manchado por una práctica legislativa que considero totalmente inadecuada, pero además innecesaria y muy peligrosa en este momento, injustificada en todo sentido y ventajosa a cual más, por parte de la mayoría parlamentaria en la denominada Cámara Alta, pues es el caso que, aprovechando el suficiente consenso que había alcanzado el contenido de la reforma, se introdujo de último momento, sin dar espacio a discusión y análisis, un artículo transitorio que establece la ampliación del mandato constitucional del titular del Poder Judicial de la Federación, que es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, establecido por la Constitución Federal de nuestro país –la ley suprema– con una duración de cuatro años sin posibilidad de reelección inmediata, de acuerdo con el texto del Artículo 97; pues bien, la Cámara de Senadores hizo que una norma de naturaleza transitoria, que solamente debería de ser utilizada para ayudarle a la norma principal modificada o emitida para ser implementada de manera en ese tránsito entre la vigencia de la anterior y la entrada en vigor de la nueva, tuviera el enorme poder incluso de modificar algo que se establece en una norma constitucional vigente, como lo es el tiempo que debe durar el titular de uno de los poderes de la unión en su encargo, lo cual, se diga como se diga y se interprete como se pretenda interpretar e incluso justificar, es absolutamente antijurídico, contradictorio de la Constitución y además genera incertidumbre jurídica y social.

Hay una amplia discusión en torno a un tema no menos delicado, esgrimido por los artífices de la reforma y por muchos medios de comunicación, en el sentido de la tremenda responsabilidad que tuvieron los legisladores de la oposición al haberse descuidado en la sesión del pasado jueves 15 de abril y no darse cuenta de la inclusión de ese transitorio, que aprobaron sin saberlo y que cuando se dieron cuenta, el hecho se había consumado, lo cual, coincido, es absolutamente reprobable y habla de la falta de atención, de responsabilidad y de compromiso de nuestros legisladores en el desempeño de sus funciones, pero también lo es el hecho de que el partido mayoritario y los artífices de la reforma hayan actuado en esas condiciones, porque precisamente eso fue algo provocado tal como ocurrió, no fue un descuido inocente, sino deliberadamente provocado, descuido al fin, provocación también al fin, un descuido inaceptable y reprobable, pero una provocación perversa y reprochable, ni a cuál irle.

Por otro lado, escucho y leo las voces de quienes consideran que es justificado y legítimo que el actual presidente de la Corte se mantenga en el cargo para dar continuidad a la reforma y hacerla eficaz, a quienes consideran que se trata de actos necesarios por parte del gobierno actual para llevar a cabo su transformación y una larga lista de justificaciones, todas ellas desacertadas desde el punto de vista jurídico, lo cierto es que nunca, bajo ninguna circunstancia podrá argüirse de válida una vía ilegal para conseguir algo, por legítimo o justificado que parezca y mucho menos la violación flagrante de la Constitución, si permitimos eso quizá todo pueda estar perdido porque se abriría una puerta demasiado grande y peligrosa para continuar haciéndolo en cada ocasión en que una mayoría pretenda imponer su voluntad y con ello habremos destruido al Estado, la democracia y los principios y postulados fundamentales de una nación, como lo son, entre otros, la división de poderes y el régimen republicano, estaremos atentos a que la votación del pleno sea la correcta.

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