
Por: David Reynoso Rivera Río
He decidido escribir en esta ocasión bajo un nuevo esquema. ¿Cuántas veces no hemos criticado a nuestro sistema político? ¿Cuántas veces no hemos criticado a nuestras autoridades administrativas o inclusive a nuestros legisladores? ¿Cuántas veces no nos hemos quejado de que no hacen nada para solucionar cierto problema? Pues ha llegado el día en que nosotros nos pongamos en sus zapatos y demos soluciones.
Transportémonos por un momento a otro rincón de la República, de manera tal que nuestra resolución no se vaya a ver viciada por cualquier tipo de criterio subjetivo. En el Distrito Federal existe desde hace ya más de un año, una manera de transportarse a casi cualquier rincón de la caótica ciudad a través de una aplicación llamada UBER. ¿Qué es Uber? Es una aplicación que se descarga al teléfono inteligente de manera gratuita.
El usuario abre un perfil en el que ingresa sus datos básicos y el número de una tarjeta de crédito, ya que con Uber no se usa dinero en efectivo. Te das de alta y puedes solicitar el servicio de un vehículo registrado en este sistema de transporte. El software de la aplicación detecta la ubicación del usuario utilizando el GPS integrado en el teléfono, y rastrea a alguna de las unidades de Uber a 4 kilómetros a la redonda, las más cercanas reciben una notificación de servicio en sus teléfonos y entonces los conductores deciden si la toman. En caso de que se acepte el servicio, al usuario le aparecerán en la pantalla los datos del auto que irá hacia él o ella: foto, modelo del auto, placas, nombre del conductor y tiempo estimado de llegada.
Pero no dejemos atrás otro aspecto, ¿quién puede ser chofer? El interesado en registrarse como chofer de Uber debe ser una persona con actividad empresarial, pasar una serie de controles de seguridad y calidad destacando exámenes psicológicos, toxicológicos y de confianza. Debe probar que no tiene antecedentes penales, sus capacidades para manejar, acudir a entrevistas y contar con un vehículo modelo 2008 o posterior en perfectas condiciones.
Con este modelo de transporte (y de negocio) Uber camina por una línea muy delgada de la legalidad e incluso se pudiera decir que se aprovecha de lagunas legales, lo cual no es ilegal, aunque con ello atrae la mirada de reguladores y políticos para eliminarlas. Recientemente la diferencia de precios entre este nuevo modelo y los taxis tradicionales del Distrito Federal oscila aproximadamente en las mismas tarifas, razón por la cual Uber se ha posicionado como una de las principales opciones de movilidad para los capitalinos: sin embargo, la reacción de todos los taxistas no se ha hecho esperar y han comenzado a exigir la clausura de los vehículos Uber, han destrozado ya cientos de unidades, hospitalizado a una buena cantidad de choferes víctimas de severos golpes y simplemente exigen con manifestaciones la intervención del gobierno.
Es entonces aquí cuando viene el verdadero ejercicio y propósito de las presentes líneas, imaginemos por tan sólo unos minutos que somos la autoridad administrativa o un legislador (no se alarmen, es tan sólo un ejercicio y peores cosas se han visto en ocasiones). Contextualicemos, de un lado tenemos un nuevo modelo de negocio formal que se ostenta bajo el esquema de “chofer privado” el cual es usado por miles de personas diariamente cuyos índices de satisfacción son altísimos dadas las condiciones de excelencia en el vehículo, trato, precio justo (con tarifas establecidas y mecanismos de impugnación de cobros injustos) e inclusive seguridad aunado al hecho de que una gran cantidad de personas que se encontraban desempleadas laboran y alimentan a sus familias de un trabajo honesto.
Por otro lado, existen miles de concesionarios y choferes que independientemente de las brutalidades con las que están actuando, exigen al gobierno su actuación bajo la intervención e inclusive eliminación de los Uber ya que han venido perdiendo clientela en sus “concesiones” y sus ingresos se han visto deteriorados.
En ocasiones creemos que es muy fácil; sin embargo, ya que he logrado ponerlos al tanto de la situación, no me queda más que preguntarles: Ustedes, ¿qué harían si fueran la autoridad? Eliminar un exitoso modelo de negocios que ha dado trabajo honrado a miles de personas o dar cabida a las pretensiones del importante y numeroso gremio de los taxistas. El margen legal de actuación y los derechos humanos dan cabida a un sinfín de interpretaciones y posibles decisiones a tomar.
Este tipo de decisiones es tan sólo una muestra de los problemas con los que diariamente tienen que lidiar nuestros representantes. Se acercan las elecciones y por último, no me queda más que invitarlos a conocer verdaderamente a los distintos candidatos ya que ellos serán los encargados de dar solución a problemas como estos y muchos de mayor trascendencia para la vida de millones de mexicanos. Elijamos servidores públicos que demuestren estar a la altura y puedan proporcionarnos soluciones congruentes, inteligentes y sobre todo justas.
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