En todo tiempo es posible aprovechar las oportunidades para poner las cosas al día y eso fue lo que hizo el Poder Judicial del Estado (PJE), que con motivo de la pandemia tuvo que cerrar las puertas al público y en esas semanas logró que los juzgados se pusieran al corriente.

De esta manera se eliminó el rezago, lo que beneficia tanto al personal que trabaja sin carga alguna, como a las personas que acuden a diversos asuntos y diligencias y a los abogados, que ya no tienen que esperar un lapso para que se resuelva los casos.

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena, destacó que el Poder Judicial “no ha parado, durante la suspensión que tuvo a partir del 9 de marzo y hasta el último de mayo, pedí a los jueces que fuera el momento de ponerse al corriente, y trabajaron a puerta cerrada por grupos de trabajo, para que no hubiera tanta gente en juzgados, se acabó con el rezago, había acuerdos pendientes que elaborar y para el primero de junio se acabó”.

Consideró que en estas condiciones, en la actualidad trabaja el 100% del personal del Poder Judicial, que son en  total 960 personas y que labora en dos turnos, con la finalidad de evitar aglomeraciones, con lo que se pueda evitar los contagios, aunque no han estado exentos, porque se ha llegado a tener 4 o 5 personas positivas y sólo en junio se tuvo 17,  pero en general en el PJE no ha sido un foco de infección del coronavirus, al haber una atención a los protocolos que fijan las autoridades sanitarias, por lo que cada semana se hace un corte para determinar si hubo positivos, que en caso de detectarse de inmediato reciben el cuidado correspondiente, lo mismo de quienes tuvieron contacto con el o ella, enviándolos a casa para la cuarentena.

La magistrada Espinoza Castorena mencionó que hay juzgados que trabajan con los expedientes que reciben diariamente, por ejemplo en un juzgado familiar se llegan a recibir entre 150 y 200 casos y que ahora, al eliminarse la carga que se tenía se labora diligentemente, además, al reabrirse todas las áreas los abogados pueden llevar a cabo el trámite de sus asuntos sin mayores problemas, que durante la etapa en que estuvieron cerrados, de marzo a junio, lo hicieron de manera limitada.

De esta manera, los jurisconsultos también se benefician que los tribunales operen sin atraso alguno, ya que ante sus clientes su función gira en gran medida a la rapidez con que se resuelvan los asuntos, por lo que al eliminarse el aplazamiento hay una multiplicación positiva.

NO SE PUEDE

 

El Congreso del Estado tiene iniciativas que datan desde hace varios lustros, por lo que al arribo de la nueva Legislatura se escucha la misma cantaleta, que esta vez sí se acabará con la lentitud, pero lo único que hacen al concluir su gestión y agregar otro tanto de su propia herencia.

La falta de un ente autónomo, que se encargue de aguijonearlos, es lo que provoca esa indolencia, que todo parece indicar es un virus que los inoculta desde el primer día, porque una vez que son ungidos como los nuevos “redentores” prometen y se comprometen ante la sociedad de todo aquello que se les ocurra, no obstante, en lo único que no se les puede reprochar es que no mientan, porque en ningún momento fijan una fecha fatal para acabar con el rezago.

El presidente de la junta de coordinación política del parlamento, Guillermo Alaníz, afirmó que a todas las iniciativas “se les ha dado vista y siguen su curso”, por lo que antes de ser presentadas ante el pleno tienen que ser revisadas, analizadas y debatidas en comisiones y si se considera prudente se envían al pleno para su conocimiento, razonamiento, discusión y en su caso aprobación, rechazo o que regresen a comisiones.

Durante los meses que no hubo reuniones por motivo de la pandemia se mencionó que serían analizados todos los asuntos que hubiera en cartera, pero terminó ese lapso y no lo hicieron, como tampoco se consideró necesario convocar a un período de sesiones extraordinarias para darle salida a todos lo que hubiera en los cajones, no obstante que hay cerca de 200 que están por ahí sin fecha límite para resolverlos.

Lo que se hace, según Alaniz, es estar pendientes para lo que se le pudiera ofrecer a las autoridades estatales y de algún tema que llegue a surgir y amerite una pronta respuesta, lo que hasta el momento no los hay.

Existen iniciativas que si se guardaran en papel ya estarían amarillentas, como la aprobación o rechazo al aborto y la unión de parejas del mismo sexo, temas que cada Legislatura ofrece que se atenderá, pero se las ingenia para alargar la respuesta por el tiempo que duran en la curul, dejándole el paquete a la que sigue y así sucesivamente.

Existe un miedo hasta enfermizo en dictaminar en virtud de hay bandos que las apoyan o rechazan, por lo que prefieren lavarse las manos y dejar que quienes les siguen carguen con ese paquete.

Cuando finalmente se atreven a aprobar algún  tema escabroso, como el Pin Parental y el cobro de alumbrado público, son llevados ante la Suprema Corte de Justicia, por lo que si les son desfavorables quedan en entredicho, aunque una rayita más al tigre ni se nota.

Por enésima ocasión se habló que en el próximo período ordinario podrían enviarse al pleno la mayor parte de las iniciativas que hay, lo que naturalmente no pasa de ser otro más de los compromisos de saliva que acostumbran los legisladores, máxime que les queda un año para concluir, de manera que saldrán con el mismo cuento de sus antecesores, que “no hay materia para dictaminar”

TEMOR A OTRO PARO

Entre los restauranteros y la industria del entretenimiento hay un marcado desasosiego de que se vuelva a decretar un cierre de actividades, porque de suceder sería la puntilla para una parte de los negocios que desde marzo están en franca desventaja económica y laboral.

Hay agrupaciones de profesionistas que recomiendan la cesación total de esos establecimientos, que sería por varias semanas y hasta dos meses, con el argumento que es la única vía para frenar la propagación del coronavirus.

Entre los restauranteros existe inquietud que la autoridad vuelva a emitir la orden de bajar cortinas o de aplicar la ley seca, lo que de suceder obligaría a reducir actividades y despedir parte del personal. Tan sólo en lo que va del año se perdieron las ventas de la Feria Nacional de San Marcos, del 10 de mayo y el 15 de septiembre, además se mantiene la exigencia que sólo pueden dar cabida al 30% del aforo, por lo que hay lugares en que salen a mano o registran pérdidas y si se aguantan es porque tienen la esperanza de que esto mejore.

Por su parte, las pérdidas económicas que resienten propietarios de bares, antros y cervecerías son difíciles de calcular, teniendo en cuenta que sus ingresos son variados, pero no hay uno solo que hable de ganancias, toda vez que a raíz de la pandemia se les exigió medidas especiales de protección sanitaria para empleados y clientes que no tenían presupuestado, por lo que tardarán un tiempo en que puedan hablar de recuperación, siempre y cuando ya no se les impida seguir laborando.

Sostienen que la propagación del virus no puede ser atribuido a los servicios que ofrecen, sino que es un problema que puede estar en cualquier parte, por lo que no deberían de satanizarse el trabajo que desempeñan y menos seguir con la amenaza de otro cierre, que lo único que acarrearía es que varios decidan dedicarse a otra cosa, con lo que esto significaría en empleos y circulante.

EN CASA DEL HERRERO

Dicen que Aguascalientes capital cuenta con uno de los mejores servicios de alumbrado público, pero en pleno corazón de la ciudad hay un mentís. En la cuadra peatonal de la calle José María Chávez y el Jardín de los Palacios tienen más de una semana sin que las luminarias se enciendan. Tal vez sea parte del ahorro programado, que también afecta a otros sectores de la ciudad, como la avenida Paseo de la Cruz, entre Héroe de de Nacozari y Cosío o en López Mateos, entre Cosío y Josefa Ortiz de Domínguez, por sólo mencionar la zona centro, que si se va a las colonias de la periferia los apagones son parte de la rutina diaria.