Mujeres que resulten embarazadas producto de una relación forzada, y que deseen interrumpir de manera legal la gestación del producto, ya podrán ser atendidas en el estado sin la necesidad de ser trasladas a otras partes de la República como se hacía anteriormente.

Esto luego de que el sector salud ya cuenta con médicos no objetores de conciencia, quienes han recibido capacitación correspondiente para ponerla en práctica en caso de ser necesario.

María Eugenia Zarazúa Rosales, responsable del programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, del ISSEA, detalló que son cuatro médicos quienes están dispuestos a realizar la interrupción del embarazo, exclusivamente en casos comprobados por violación.

“De 2018 a la fecha, el sector salud ha canalizado a hospitales de otras ciudades, a cuatro mujeres a quienes se les realizó la interrupción del embarazo, entre las víctimas se encuentra una menor de tan sólo 16 años de edad, el resto de los casos corresponden a mujeres en edad productiva no mayores a los 35 años”. Añadió que de enero al corte del mes de octubre, el sector salud ha atendido 130 casos de mujeres víctimas de abusos sexuales, a quienes se les da un tratamiento especial, destacando pruebas rápidas de VIH, pruebas de embarazo y protocolos de detección contra enfermedades transmisión sexual.

Zarazúa Rosales detalló que los cuatro médicos no objetores de conciencia están dispuestos a realizar la interrupción del embarazo en caso de ser necesario, aunque de momento no se han registrado nuevos casos. Para el cierre del año o a más tardar al inicio del próximo, se podría incrementar el número de médicos dispuestos a realizar dichas prácticas. «La interrupción del embarazo es única y exclusivamente para mujeres que hayan sufrido violencia sexual y que por consecuencia quedaran embarazadas. En todos los casos, el embarazo debe ser menor a las 20 semanas de gestación», explicó.

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