El fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, aseguró que el personal de este organismo no es inmune ante las denuncias ciudadanas, tan así que varios casos están en proceso de judicialización, lo que demuestra que “no hay intocables”.
Ante tamaña aseveración basta recordar que en los cuatro años que lleva al frente a la Fiscalía no ha sido capaz de llevar al banquillo al ex procurador general de justicia, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, acusado de tortura no sólo aquí sino ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Además, reconoció que parte del grupo que colaboró con Muñoz Vázquez, como agentes del ministerio público y agentes ministeriales, continúan laborando en la misma institución, sin tomar en cuenta que para los agraviados es ofensivo pero para él es más importante cubrir las formalidades.
Para los perjudicados con los actos que presuntamente cometieron Muñoz Vázquez y sus muchachos, durante el sexenio que encabezó José Carlos Lozano de la Torre, la actitud de las actuales autoridades es negligente.
En todo momento Muñoz Vázquez ha negado los cargos que se le imputan, de haber aplicado tortura a varios detenidos. Así lo hizo el 14 de diciembre de 2020, al comparecer ante la Fiscalía General de la República, a la que solicitó que se tomara en cuenta los peritajes psicológicos, peritajes médicos y la secuela de otras investigaciones por los mismos casos, mismos que dijo fueron cerrados sin que hubiera acción penal.
Por su parte, los 19 denunciantes sostienen que en su momento hubo pruebas médicas y de algunos jueces que acreditaron la tortura, pero no se logró ir más allá y fue hasta 2019 que nuevamente se abrió el expediente, aunque sin ningún resultado. De ese tiempo 33 hombres y siete mujeres sobrevivieron a la paliza que recibieron de los policías ministeriales, lo mismo que a las irritaciones producidas por el fuego u objetos candentes, arraigo prolongado, abuso sexual y otras vejaciones que hasta la fecha tienen consecuencias en su sus vidas.
Figueroa Ortega se escudó para no actuar con que Vázquez Muñoz obtuvo un amparo en 2020, pero éste quedó sin efecto el 25 de febrero de 2022, por lo que ya no tiene pretexto. Mientras se decide si continúan en sus funciones los ministerios públicos y agentes investigadores señalados de haber participado en los actos de tormento y detención arbitraria. Cuantas veces se le cuestiona de la razón que hay para que no actúe, el fiscal responde que “se ha trabajado en darle puntual seguimiento a las recomendaciones” que en su momento fueron emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que en su oportunidad “se investigarán los señalamientos del personal a su cargo y procederá en consecuencia”. En cuantas ocasiones sale a relucir este asunto la respuesta es la misma: “Estamos cerca de judicializar algunos de ellos. Aplicamos las sanciones que marca la propia ley”.
Una muestra fehaciente de que en la Fiscalía de Aguascalientes no existe la justicia pronta y expedita.

POR LA LIBRE

Se pide “no hablar de la soga en la casa del ahorcado”, porque esto puede incomodar o ser ofensivo para alguien. Es un dicho que tiene más de 500 años de vigencia al estar incluido en el Quijote de la Mancha, la célebre obra de Miguel de Cervantes.
Bajo ese marco, miles de familias aguascalentenses pasan momentos económicos muy difíciles y lo será más ante la cercanía del gasto que deben hacer en útiles escolares, situación de la cual están exentos diputados y diputadas locales, que además de su “dieta” (salario) de 60 mil pesos mensuales reciben una partida para “apoyo social”.
Desde que se introdujo en el gasto legislativo una partida para que cada diputado saludara con sombrero ajeno, se aplica ese recurso que presumiblemente reciben los ciudadanos que les ayuda para atender una eventualidad. Asegura el presidente del comité de administración del propio Congreso que el presupuesto previsto para el presente año asciende a 212 millones de pesos, de los cuales se han erogado 85 millones. El 60% de ese recurso se destina al pago de la nómina y al Fondo de Aportaciones Sociales que significa un millón 620 mil pesos mensuales, mismo que se divide entre los 27 legisladores, además cada presidente de comisión legislativa disfruta de 15 mil pesos cada mes “para gastos”; lo que en suma significa un egreso mensual de 90 mil pesos por cada diputado.
En el mismo comité de administración se aseveró que “hay eficiencia presupuestal”, tan es así que el dinero que recogen para apoyo social quienes se dicen “representantes populares”, debe estar soportado por la documentación correspondiente y de esta manera demostrar que hay “un gasto correcto y apegado a las normas vigentes”. El dinero que hipotéticamente se entrega a los ciudadanos se destina para la atención de males renales, medicamentos oncológicos, servicios funerarios, compra de uniformes, estudios universitarios y de preparatoria y en menor medida en la adquisición de alimentos, entre otras cuestiones.
Al respecto, una costumbre muy arraigada en cada Legislatura es tener una “base de solicitantes” que en su oportunidad firman de recibido los recursos económicos, por lo que técnicamente todo está dentro de la norma, sólo que quienes están en esa condición obtienen sólo una parte mínima de lo que rubrican, pero les sirve para estar bien con el legislador o legisladora.
En este sentido, no resulta extraño que el Congreso recibiera un reconocimiento del Instituto de Transparencia “por el cumplimiento de sus obligaciones” y así el pueblo conozca la verticalidad con que trabaja, asimismo, para no dejar cabos sueltos existe una supervisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “lo cual nos obliga a ser más eficientes y transparentes en el ejercicio de los recursos”.
De los Tres Poderes del Estado, el Legislativo ha sido, históricamente, el único que disfruta de las delicias del momento, al no tener que pedirle permiso a nadie para hacer uso de las partidas financieras que sus propios miembros autorizan y al mismo tiempo ellos determinan cuándo y cuánto deben aumentar su salario mensual (dieta) y quiénes de sus cofrades deben presidir cada comisión, lo que significa tener a su disposición más personal de apoyo y una partida extra por el desgaste físico que les significa estar en ese cargo, además no tienen un tiempo límite para presentar resultados del trabajo asignado, por lo que pueden pasar meses para que presenten el dictamen correspondiente. Por si faltara algo, al concluir el trienio se valen de todo para lograr la reelección, lo que en teoría debería de ser sólo que hayan demostrado haber cumplido con sus obligaciones, pero les basta estar bien con los dirigentes de su partido para seguir gozando de la beca.

PASIVIDAD MORENISTA

La elección interna que llevó a cabo el organismo guinda en el estado careció de relieve, por lo que es normal que el zacatecano Eulogio Monreal Ávila, en su calidad de delegado especial del CEN y presidente local en funciones, asegure que fue una etapa respetuosa entre la militancia.
Mientras que en otras partes del país se jugaba el presente y futuro de sus integrantes, principalmente de aquellos que aspiran a un cargo de elección popular, aquí el sondeo fue sin mayor trascendencia. Hubo quienes trataron de hacer un poco de ruido pero ante la falta de apoyo prefirieron hacer mutis a la espera que su disciplina les reditúe ser parte del Consejo Político Nacional o se les tome en cuenta para lo que estará en juego en 2024.