Lo que para unos es fiesta para otros es amargura. En efecto, el mes patrio es de continuas celebraciones que emociona a chicos y grandes, por lo que significa cada fecha histórica, alegría que debería de ser de manera general, sin embargo para los comerciantes, cantineros, antreros y tiendas de conveniencia es, actualmente, una etapa de amargura ante la posibilidad que por una nimiedad sean multados y hasta clausurados.

Durante meses ansiaron que se permitiera mayor flexibilidad en horarios y operación, deseo que prácticamente se ha ido al caño luego de la orden que recibieron los “guardias sanitarios” de ser inflexibles a la hora de proceder en contra de los establecimientos.

La actitud de estos “servidores públicos” ha provocado protestas del sector productivo, ya que sin escuchar explicaciones proceden como Dios les da a entender, amparados en que para eso son “autoridá” y por lo mismo tienen amplias atribuciones. Basta que encuentren un zancudo en el local para considerar que no se ha fumigado, lo que es motivo de sanción y hasta de clausura temporal que permanecerá hasta que se demuestre que está totalmente esterilizado.

Dicen que el niño es risueño y si todavía le hacen cosquillas hay mayor razón de sus risas, por lo que si durante la pandemia ha habido inflexibilidad, hoy es mayor, al fin que tienen la exigencia del gobernador del estado de ejercer mayor rigidez. Las órdenes de Martín Orozco son muy claras: todo el que no cumpla con lo mínimo del protocolo sanitario será multado, disposición que surgió a raíz de un concierto en el que, presuntamente, los organizadores no acataron las órdenes de que los asistentes se apegaran a lo dispuesto en este tipo de actos. Ante ello exigió a sus guardias sanitarios que fueran más enérgicos en los lugares públicos y privados, en aras de que se cumpla en primer término el aforo permitido y que los participantes se ajusten a lo que está previsto.

Para evitar que se les vuelva a “brincar” una situación de esta naturaleza, según dijo el mandatario, los guardias deben estar más vigilantes, por lo que el director de Salud debe revisar esta situación, en función que “habíamos planteado que habría una mayor restricción en lugares cerrados, entonces ahí he estado pendiente”.

Mientras que a los sitios limitados se las ha puesto un marcaje muy estricto, no así a los ambulantes, tianguistas y comercio sobre ruedas que sí les está permitido, al considerar el titular del Poder Ejecutivo que por funcionar en espacios abiertos pueden operar con un porcentaje mayor de compradores “al haber menos probabilidades de contagio”, pese a que son evidentes las aglomeraciones.

Podrá haber un calendario muy atractivo de festejos, pero no significa que vaya a ser de provecho para los hombres y mujeres que tienen meses de sequía económica y esperaban que a partir de este mes se iniciara un repunte en las ventas, pero nunca consideraron que se les esté viendo como si fueran responsables de la cadena de contagios, cuando lo cierto es que esto puede suceder en cualquier lugar. De lo que no se escapan es de pagar impuestos a los tres niveles de Gobierno, porque ahí no hay perdón ni disculpa: pagas porque pagas.

ASFIXIANTE SITUACIÓN

Pasan los meses y el Gobierno Federal sigue sin mediar entre industrializadores y productores de leche, para que el precio que aquellos pagan por el lácteo sea apegado a la realidad, lo que de seguir podría provocar el cierre de numerosos establos, principalmente de los pequeños, que están al mínimo de su fortaleza.

Aunque sabe que predica en el desierto, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes (UGRA), Juan Pablo Franco, no cesa de denunciar las condiciones en que se encuentran sus representados, que están al límite de su capacidad económica debido al bajo precio que les pagan por el producto, lo que está lejos de ser algo equilibrado, por lo que un 20% podrían cerrar sus establos.

Es un problema que ha planteado en varias ocasiones y aunque reciben la promesa que habrá una reconsideración a final de cuentas no se materializa o es una cantidad ínfima que no es una solución de fondo.

El dirigente de la UGRA explicó que pese a las peticiones, movilizaciones y reuniones que han efectuado entre ambas partes, los industriales se niegan a pagar lo que en justicia corresponde, de lo cual hay estudios que demuestran lo que cuesta producir un litro de leche y cuánto se paga, lo que está muy lejos de haber una equidad.

El precio promedio que se paga es de 6.50 pesos el litro y el acuerdo fue que habría un incremento de 20 a 30 centavos por litro a la semana, pero en la mayoría de los casos no se ha cumplido, por lo que al no haber un reglamento que obligue a atender el compromiso todo queda en lo que dispongan los adquirientes.

La cuestión está en que de seguir la negativa de mejorar el pago, un número importante de pequeños establos opten por cerrarlos, lo que a la larga perjudicará más a los industriales, ya que tendrán que traer el producto de otras partes y a un costo mayor del que se pide aquí, o que se vean obligados a exportarlo.

Juan Pablo Franco reiteró que “el problema lo seguimos teniendo por el bajo costo al que nos compran nuestros productos, las empresas siguen sin entender que necesitamos mejores precios, están acabando con las gallinas de los huevos de oro que somos los productores”.

Hizo hincapié en que el sector tiene un 30% menos de producción en el estado, debido a las lluvias y por la desaparición paulatina de la actividad ganadera, algo “que no hemos podido subsanar”.

En casos como éstos el Gobierno Federal debería fungir como tercera persona, pero no hay el mínimo interés de lograr una salida que beneficie a los productores en general, particularmente los pequeños, que son lo que tienen menores recursos para enfrentar las eventualidades, por lo que llegado al día en que ya no puedan seguir trabajando con pérdidas prefieran dedicarse a otra cosa, lo que de suceder haría más crítica la situación y que a final de cuentas impactará a los industrializadores.

LA BUENA

Después de largo tiempo en que estuvo seca la fuente de la plaza de armas, finalmente volvió a funcionar, lo que es un punto a favor de Juana López, la alcaldesa interina, que en su segunda oportunidad en el cargo hizo lo que la titular no logró en cinco años, lo que se demuestra una vez más que basta un poco de interés para tener resultados positivos. Ahora la parte trasera de la Exedra luce en todo su esplendor, para goce de los viandantes.

LA MALA

Que el Ayuntamiento de Aguascalientes siga con los apagones programados en varios puntos de la ciudad. Hace unos días fue en la avenida Adolfo López Mateos oriente, desde el Primer Anillo hasta la calle Josefa Ortiz de Domínguez, y ayer en la misma avenida, de Cosío a Ortiz de Domínguez. Ojalá que la presidenta municipal le dé un jalón de orejas al encargado o encargada de la Dirección de Alumbrado Público, a menos, claro está, que sea parte de un plan para ahorrar recursos, porque resulta sumamente extraño que un sector se queda en penumbras y al día siguiente es otro, muchas veces distante entre sí, por lo que difícilmente puede ser por un desperfecto, o como pretextan, que se debe al robo de cable o daños que ocasionan los vándalos a los transformadores, ya que de la misma manera que un día falla al siguiente está en perfectas condiciones y a las dos o tres semanas vuelve a suceder un incidente similar. Además, bajo el supuesto que fuera por averías de terceros, debería haber dos o más cuadrillas para atender las 24 horas este tipo de desperfectos, teniéndose en cuenta que el Municipio cobra por el alumbrado que proporciona en las calles y al no hacerlo es poca vergüenza, por no decir un robo, porque se carga en el recibo de energía eléctrica un porcentaje que, presuntamente, se destina para ese servicio.