La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la reciente incorporación del delito de “halconeo” en el Código Penal de Aguascalientes, realizada por el Congreso del Estado.
La presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, turnó el expediente presentado por María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al ministro Javier Laynez Potisek para que instruya el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de la Corte.
La modificación efectuada al Código Penal a través del Decreto 413, publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 8 de agosto, deriva de la adición del artículo 718 BIS. Esta iniciativa fue presentada por el Ejecutivo Estatal y aprobada por los legisladores locales.
El tipo penal impugnado por la CNDH fue catalogado por los legisladores locales como «Atentados a la Seguridad Pública», los cuales consisten en acechar, vigilar o realizar actos tendientes a obtener información de manera injustificada sobre las actividades oficiales de las Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Corporaciones Auxiliares de Seguridad en el Estado o particulares, con la finalidad de informar o alertar a otra u otras personas para que estas puedan organizar o planear la comisión de un delito, cometerlo o evitar el cumplimiento de la función pública.
Previamente, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Manuel Alonso García, informó que esta medida buscaba penalizar la participación de jóvenes reclutados por los grupos criminales para informar sobre las acciones de las corporaciones policiales.
Asimismo, el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, señaló que la operación de este tipo de informantes era una realidad en el norte del Estado, aunque manifestó las complicaciones para encuadrar este tipo penal.
La ley impugnada establece que al responsable de «Atentados a la Seguridad Pública» se le aplicarán de 3 a 7 años de prisión y de 25 a 100 días de multa, así como al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
