
El registro de huellas dactilares, fotografías y otros datos biométricos de personas detenidas por faltas administrativas no puede justificarse únicamente por decisión de las autoridades, pues implica el manejo de información personal protegida por la ley, advirtió el abogado especialista en materia penal, Luis Eloy Morales Brand.
Al analizar los alcances del Sistema de Información Criminal (SIC), señaló que la legalidad del fichaje depende de las condiciones en que se obtienen los datos, de la autoridad facultada para solicitarlos y del uso que se les dará.
Existe una diferencia entre recabar datos generales, como nombre, edad y domicilio, y obtener información biométrica, como huellas dactilares y palmares, imágenes del rostro, iris o ADN ya que para esto último, debe haber consentimiento informado de la persona, orientación jurídica, o bien, solicitarse autorización judicial cuando se niegue a proporcionar los datos.
Cuestionó que en procedimientos de justicia cívica no se garantice la presencia de un defensor que explique las consecuencias de autorizar el uso de esos datos y advirtió que la información incorporada a determinados registros nacionales puede conservarse incluso después de concluido el procedimiento administrativo.
El abogado explicó que el Informe Policial Homologado (IPH) y el Registro Nacional de Detenciones son instrumentos distintos. Mientras que el primero documenta la actuación policial, el segundo busca conocer la ubicación de las personas detenidas y prevenir desapariciones, incomunicación y violaciones a sus derechos humanos.











