Guadalupe Irízar
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El sistema electoral mexicano es complejo, confuso e interpretable en muchas ocasiones, lo que ha llevado a tensiones entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE), en algunos casos derivadas de la revocación o anulación, por parte del órgano jurisdiccional, de las resoluciones del órgano administrativo.
De acuerdo con un informe técnico de observación de las elecciones de 2021, realizado por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), la obligación de los Tribunales de revisar y aprobar las normas del INE ha creado tensión entre los órganos.
«El Tribunal anuló el 44.8 por ciento de las decisiones del INE en el ciclo de mediano plazo», señala.
«Basado en la desconfianza histórica y un flujo constante de reformas legales electorales, el marco legal electoral es extremadamente complicado, fácil de cuestionar y, en consecuencia, México carece de un sentido de estabilidad», agrega.
Bajo el título «La interacción entre el INE y el Tribunal», el organismo internacional hace referencia a los problemas en las elecciones federales, estatales y locales del año pasado y la tensión política generada.
«En 2021, la tensión política y el uso del litigio por parte de los partidos como estrategia política, hicieron visibles estas debilidades en el sistema, lo que provocó mayores desafíos legales y una mayor tensión entre el INE, el Tribunal y los actores electorales», agregó.
El informe menciona como ejemplos de opiniones diversas y hasta encontradas entre el TEPJF y el INE, la aplicación de algunos artículos de la Constitución, como el 134 y el 41, en el caso de algunas prohibiciones a Andrés Manuel López Obrador para referirse en sus conferencias al proceso electoral de 2021 y las razones y argumentos jurídicos para la cancelación del casi medio centenar de candidaturas de los partidos (entre ellas las de las gubernaturas de Morena en Michoacán y Guerrero).
«Como parte fundamental de su mandato, el Tribunal debe revisar la normativa redactada por el INE, sus acuerdos y sanciones, sirviendo así como un órgano de control del INE independiente y autónomo. Estas características estructurales son fuente de tensión potencial entre las dos instituciones. Las interpretaciones contradictorias de la ley y la confusión derivado de ello a menudo conducen a más litigios… lo que finalmente provoca que la ley sea menos eficiente y efectiva», señala el IFES.
Este fenómeno, aclara, no es exclusivo de México, pero ha sido señalado por otros organismos, como la Comisión de Venecia, que en 2013, al analizar la legislación mexicana, la identificó como «demasiado compleja».
Con base en ese diagnóstico, el organismo electoral sugiere una revisión de las cargas y competencias de trabajo de ambos órganos y una colaboración de los integrantes del Tribunal con los legisladores ante una eventual reforma electoral legal.
«Si se avanza en una reforma legal electoral (se recomienda) trabajar con la legislatura para revisar y reformar la ley, para garantizar que sea coherente, comprensible y eficiente… en lugar de agregar más detalles para abordar la preocupación de muchos que creen que la ley es demasiado complicada», señala el documento.
El Ejecutivo federal envió al Congreso una iniciativa de reforma electoral constitucional y legal, para la que no alcanzaría mayoría calificada con los legisladores de Morena, por lo que no se descartaría una eventual reforma legal con algunos ajustes al INE y al TEPJF.
El IFES considera que el Tribunal debería concentrarse más en asuntos de constitucionalidad y legalidad para los que tiene atribuciones exclusivas y de última instancia.
Asimismo, a luz de la saturación del TEPJF y del INE en casos de conflictos internos de los partidos políticos y revisión de decisiones administrativas de distinto nivel, el organismo internacional sugiere la búsqueda de «canales alternativos» de solución de ese tipo de litigios.
«(Se podría) investigar y considerar niveles alternativos de revisión administrativa que provocarían (una baja) de asuntos llevados a la sala superior del Tribunal, lo que (le) permitiría concentrase en cuestiones clave, lo que aliviaría la tensión entre el INE y el Tribunal y reduciría la carga de asuntos», expone el estudio.